Por: Antenor Maraví Izarra (*)
Hace
más de un siglo, cuando se le preguntó a Dn. Manuel González Prada,
¿Qué haría si lo pusieran a cargo del Gobierno Nacional, - el ilustre
patricio, que en aquellos años ya había calificado en voz alta, la
corrupción imperante en el país, como un cuerpo purulento, donde se
ponía el dedo brotaba pus – respondió: “Corregir el sistema
educativo. Creo firmemente que si el Perú ha de salvarse en su
integridad algún día, lo ha de lograr gracias a los maestros; no a los
políticos”.
Aún
cuando esta cita para algunos suene como una herejía, la repetimos con
unción, aunque un poco tarde, como una sumatoria a sus justas exigencias
de reconocimiento y dignificación a su noble labor docente. Solidaridad
con los maestros y maestras que laboran con estoicismo y entrega
patriótica en las zonas alto andinas, amazónicas y los ardientes
arenales de la costa, donde empiezan y terminan los límites del Perú
profundo.
Y duele en el corazón de ese país de todas las sangres y heredades milenarias llenas de
nobleza y solidaridad ancestral del pueblo peruano, que por exigir sus
justificados derechos reivindicativos, como en los afiebrados tiempos de
Torquemada, premunidos de una especie de binoculares de daltonismo, a
la mayoría de los huelguistas del CONARE SUTEP procedentes de 18
regiones, concentrados en Lima, los tildaron como rojos diabólicos, y
a otros tantos los vilipendiaron motejándolos como marionetas manejadas
por Movadef. ¿Qué tiempos son estos, donde las exigencias de pleno
derecho, son trocadas como por arte de magia en ceras y pabilos sin
confesionarios ni posibilidades de concertación? ¿y el diálogo anunciado
Por el Presidente Ollanta?.
La
crisis de la educación peruana es integral y es estructural. Se
manifiesta en todo el sistema: En lo teórico y conceptual es excluyente y
elitista, los planes de estudio, curriculares inclusive de formación
docente. Lo que se hizo hasta ahora fue copiar teorías educativas, sin
tener en cuenta nuestra diversidad y pluriculturalidad.
Mientras
el país y la sociedad no tengan una clara voluntad por priorizar la
educación en la perspectiva de una política de Estado, cualquier
decisión o gestión que se haga no pasará mas allá de los linderos transitorios y circunstanciales, el asunto es tener la
voluntad de cambiar con planes definidos los variados retos que
impelen. No debemos olvidar que en tiempos difíciles como el actual
surgieron propuestas y acciones diseñadas por hombres y mujeres de buena
voluntad como el Inventario de la Realidad Educativa del año 1956,
organizado por el historiador Jorge Basadre, y el Informe de la
Educación Peruana del año 1970 que sirvió de base para la Ley General de
Educación19326, denominada como la Ley de Reforma Educativa, propulsada
por tres ilustres maestros: Emilio Barrantes, Augusto Salazar Bondy y
Walter Peñaloza, entre otros, que generaron una auténtica transformación
de la estructura y contenido educativo del país, lamentablemente esta
revolucionaria ley, duró apenas ocho años, fue exacerbadamente combatida
por tirios y troyanos, que no entendieron su dimensión revolucionaria,
pese a todo fue aplaudida por la UNESCO y sirvió como modelo a tomar por
varios países del tercer mundo.
Hay pues, mucho por hacer y grandes deudas que pagar. Hay aquí una
obligación del Estado que supera las meras condiciones de
infraestructura y que acentúa su carácter de emergencia por la aguda
crisis de la enseñanza aprendizaje, amén de la remuneración paupérrima
de los maestros, que exigen dignidad y respeto a sus derechos. Una vez
más, en su doliente e interminable vía crucis, como en los dados eternos de Vallejo, una y otra vez siguen encaminados al gólgota de la incomprensión de sus gobernantes.