El legado histórico de Ica y la afrenta de la impunidad

Por:  Antenor Maraví Izarra  (*)

 No existe ninguna región del Perú, como ICA, tan íntimamente ligada a los símbolos patrios y a los acontecimientos más importantes en los días aurorales de nuestra vida republicana.

En esta tierra de incomparable heredad histórica, luego del desembarco de la Expedición Libertadora en la Bahía de Paracas (Pisco) el 8 de Setiembre de 1820, al mando del General Dn. José de San Martín, días después fueron creados los colores de nuestra bandera nacional. Una de las ofrendas literarias más inspiradas en homenaje a nuestra enseña nacional, pertenecen a la pluma del insigne escritor iqueño Abraham Valdelomar Pinto, cuyo título es: “Bandera, ala de la victoria…”, quien en una magistral descripción retrata el sueño de San Martín recostado bajo la sombra de una palmera y el vuelo rasante de los flamencos que abundan en el mar pisqueño (éstas aves son conocidas en quechua como huachhua y parihuanas en las lagunas de las zonas alto andinas del Perú, tienen el pecho cubierto de plumaje blanco y las alas rojas). Desde entonces, esta narración literaria, se ha convertido en las instituciones educativas, en una obligada cita en  las ceremonias cívico patrióticas escolares del país.

Igualmente, nació en Ica el autor de las letras del Himno Nacional, José de la Torre Ugarte, y como  si estos hechos fueran poco, según refiere el historiador iqueño, Alberto Casa Vilca Curaca, un día como mañana, el 21 de Octubre de 1820, por mandato del Libertador  San Martín, desde su Cuartel General establecido en Pisco, con la concurrencia del Ejército Libertador al mando del General Juan Antonio Alvarez de Arenales, se llevó a cabo la primera proclama de la Independencia del Perú en la Plaza de Armas de Ica a cargo del Alcalde del Cabildo de españoles, General Juan José Salas, abriéndose  de esta manera la primera puerta de la gloriosa gesta libertadora del Perú.  

Empero, vaya paradoja, estos pueblos legatarios de tantos pasajes históricos, siguen clamando al sordo cielo la sanción ejemplarizadora de quienes llenaron sus arcas de fechoría con los fondos destinados para los damnificados y la reconstrucción del devastador y dramático terremoto que asoló el 15 de Agosto del 2007. Transcurrido cinco años, todo sigue igual, las dos comisiones investigadoras creadas en el Congreso de la República, tanto en el gobierno anterior como el actual, así como los organismos tutelares encargados del control y la sanción, todos bien gracias como si nada hubiera ocurrido, orondos y felices entre la impunidad y la indefensión imperante.

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¿Hasta cuando seguirán crucificando a Ayacucho?

Por: Antenor Maraví Izarra (*)                                                        
 

Para quiénes tenemos ligazón y amamos al pueblo ayacuchano, cuesta creer y duele en el alma, enterarnos sobre los graves y censurables hechos que están ocurriendo en la gestión gubernativa de sus actuales principales autoridades, por citar entre otras perlas, tal el caso del Presidente Regional Wilfredo Oscorima Núñez, quien habría malversado 20 millones de soles consignado en el presupuesto específicamente para la construcción de un Hospital, disponiéndose en su reemplazo la adquisición de maquinarias para la atención de supuestas emergencias, en detrimento de la atención prioritaria y defensa  de la salud de la población, en su mayoría en ostensible situación de pobreza, encontrándose a la fecha parte de la infraestructura demolida y abandonada, con el consiguiente hacinamiento de algunas áreas que  siguen funcionando gracias al esfuerzo de los médicos y enfermeras que cumplen una abnegada labor casi al ras de la intemperie confrontando innumerables dificultades.

El otro caso, es el presunto delito de peculado de uso de un tractor con oruga de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huamanga para uso en el aplanamiento y habilitación del terreno de propiedad del Alcalde Pánfilo Amilcar Huancahuari Tueros, ubicado en Rumichaca, por cuya razón, según da cuenta el Diario La Calle de Ayacucho, la Fiscalía jurisdiccional de Anticorrupción, solicitó su detención preventiva con fecha 25 de Setiembre del presente año; empero,  gracias a trámites leguleyescos, habría sido trasladado y admitido en el Primer Juzgado Penal de Ica, vía habeas corpus, supuestamente al amparo de la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ, cuyos alcances básicamente han sido motivados y establecidos para los casos de Espinar y Cajamarca, por razones de seguridad por encontrarse en conflicto. De modo tal, la admisión del referido habeas corpus en Ica, no resiste el test de razonabilidad, ni analogía alguna para que se haya dado por consentido, tanto más porque los juzgados de Huamanga vienen cumpliendo sus funciones con toda normalidad, con pleno respeto a la jurisdicción de las cortes superiores de cada Región, amparados por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Frente a estos hechos, que a todas luces son censurables, la pregunta monda y lironda es: ¿Qué está sucediendo en Ayacucho?, un pueblo mártir, lleno de episodios de dolor, de silencios y engaños. Tras los 20 años de dolorosa violencia que asoló sus entrañas más recónditas, Ayacucho debiera convertirse en un pueblo emblemático donde la justicia y el buen gobierno de sus autoridades debe ser un modelo a seguir; pero que decepción, sus autoridades de turno no han sabido honrarla ni dignificarla, en cuyas latitudes la asfixiante ausencia de la moral y ética administrativa, imperan por doquier.

Como diría el poeta Sebastián Salazar Bondy, tan aleve e impunemente, lo han convertido en una especie de banquete de ubres, donde todos los días, los truhanes de siempre siguen saqueando sus más caros sueños y esperanzas.

Cerrar el paso a la corrupción y la impunidad es imprescindible, pero no basta denunciarla. Es necesario fortalecer y exigir a las instituciones tutelares y los organismos encargados de ejercer el control y la aplicación de sanciones ejemplarizadoras con mecanismos eficaces de fiscalización que permitan detectar a tiempo e impedir su desarrollo pernicioso. No hay peligro más grave para la democracia que la impunidad, que devora el capital político, social y moral de un país, que abre las puertas para la presencia devastadora de esa delincuencia de cuello y corbata. Es tiempo de exigir cuentas a quienes tienen la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar esta peste social denominada CORRUPCION.

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