miércoles, 5 de noviembre de 2008
Sociedad civil frente a las reparaciones en Huanta - Ayacucho
Omar Rosel(*)
El pasado 31 de octubre se desarrolló el Foro “Estado y Sociedad Civil frente a las Reparaciones. Los retos y avances del Registro Único de Victimas (RUV)” en el auditórium de la municipalidad provincial de Huanta. Asistieron la congresista Elizabeth León; Marisela Quispe, Coordinadora del Módulo de Atención del RUV en Huanta; Araní Concha, representante de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del seguimiento a las reparaciones (CMAN), además de representantes de organizaciones de afectados de Huanta y cuatro representantes de agrupaciones políticas de esta provincia.
Sobre los avances en el RUV en Huanta, Marisela Quispe, indicó que desde el módulo de atención de esta provincia al mes de octubre se tienen 1475 inscritos en el RUV individual (964 víctimas y 511 familiares), cifra que para fin de año se tiene prevista incrementar a 9945 víctimas, de las cuales 2577 se ubican en los registros preexistentes. Con respecto al Libro 02, la meta al culminar el 2008, es registrar 310 comunidades o centros poblados, de los cuales 116 ya se encuentran inscritos. En cuanto a las dificultades para continuar con el trabajo del RUV, manifestó que los escasos recursos presupuestales con los que se dispone, han hecho que se reajusten las actividades, razón por la cual aún los registros son limitados. Esta misma posición fue expuesta por Paulino Huamán, representante de organizaciones de afectados por la violencia política de Huanta, hecho que además repercutiría en un lento avance del proceso de reparaciones individuales.
Araní Concha, representante de la CMAN, informó que como parte de las reparaciones colectivas, en el año 2007, se han viabilizado 134 proyectos en la misma cantidad de comunidades afectadas, de las cuales ya se concluyeron 80 y 47 fueron entregados a los sectores correspondientes. Por otro lado, precisó que el distrito de Huanta tiene 24 comunidades priorizadas en las reparaciones colectivas y para el 2008 tiene 5 proyectos.
Asimismo, informó que están tratando de coordinar con el alcalde de Ayahuanco para poder levantar la ficha que pueda acreditar a las comunidades de mayor nivel de afectación de esta zona, para ser integradas a las reparaciones colectivas del año 2009. Lo mismo se estaría haciendo con los distritos de Llochegua y Sivia.
Falta voluntad
La congresista Elizabeth León Minaya, reconoció el esfuerzo de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de las instancias creadas para el proceso de registro de víctimas, pero alertó que nos estamos quedando solos en este proceso, “porque los ayacuchanos somos los únicos que estamos viviendo este proceso, lo cual no está sucediendo en otros lugares del país”.
Por otro lado, preciso que en el Congreso de la República hay una alianza entre las bancadas del partido de gobierno con el fujimorismo y Unidad Nacional, que hacen mayoría y a quienes no les interesa mucho el tema de las reparaciones, por ello dijo que los movimientos y partidos políticos locales están en la necesidad de concientizar a sus dirigentes nacionales sobre estos temas para que haya una coherencia entre lo que se trabaja en las regiones con lo que se dice y aborda en los niveles de poder.
Ante este escenario, León Minaya propuso restituir los espacios de diálogo en la sociedad ayacuchana, porque existe la necesidad que una comisión de nuestra región viaje a Lima y se entreviste con diversas autoridades del Ejecutivo y del Congreso para hacerles entender que hay temas que se están percibiendo mal como el de las reparaciones y también el caso de Vizcatán, donde no se está diferenciando entre la población asentada en esta zona y los grupos que atentan contra la democracia, cuando se desarrollan los operativos militares.
Partidos políticos
Desde los partidos políticos, Doris Barbosa, del movimiento Fuerza 2011, manifestó que es necesario exigir las reparaciones al Estado y que éstas deberán beneficiar a todos los afectados por la violencia política. En la opinión de Alfredo Anaya, representante del Partido Aprista, las reparaciones a los afectados deben involucrar a todo el Estado que son el gobierno nacional, los gobiernos locales y regionales, asimismo precisó que en esta tarea no sólo bastan buenas intenciones sino propuestas viables. Por otro lado, indicó que para las reparaciones se requieren recursos inmensos, pero que también se debe entender que en cinco años de gobierno no se puede solucionar este problema.
Para el dirigente aprista, se deben dar ordenanzas a favor de las víctimas donde se exonere o se otorgue tratos diferentes en el tema tributario (por ejemplo, exoneración o reducción de autovaluo) y en el panorama nacional se debe emitir una ley donde las víctimas de la violencia tengan un descuento en los prestamos de vivienda, preferencia en el fomento para la microempresas, entre otros beneficios.
Simeón Zaga, representante de Hatun Tarpuy, dijo que la clase política debe asumir sus responsabilidades sobre los hechos de lesa humanidad cometidos en tiempos de violencia. Sobre las reparaciones expresó que desde los gobiernos locales se están buscando implementar políticas, pero que para ello se necesita de una verdadera descentralización política y financiera, para que se pueda atender de manera óptima a las comunidades en sus demandas.
Finalmente, los representes de movimientos y partidos políticos demandaron nuevamente la construcción e implementación de una universidad en la ciudad de Huanta como parte de las reparaciones colectivas en esta provincia por ser una zona de alta afectación a causa de la violencia política.
Sobre los avances en el RUV en Huanta, Marisela Quispe, indicó que desde el módulo de atención de esta provincia al mes de octubre se tienen 1475 inscritos en el RUV individual (964 víctimas y 511 familiares), cifra que para fin de año se tiene prevista incrementar a 9945 víctimas, de las cuales 2577 se ubican en los registros preexistentes. Con respecto al Libro 02, la meta al culminar el 2008, es registrar 310 comunidades o centros poblados, de los cuales 116 ya se encuentran inscritos. En cuanto a las dificultades para continuar con el trabajo del RUV, manifestó que los escasos recursos presupuestales con los que se dispone, han hecho que se reajusten las actividades, razón por la cual aún los registros son limitados. Esta misma posición fue expuesta por Paulino Huamán, representante de organizaciones de afectados por la violencia política de Huanta, hecho que además repercutiría en un lento avance del proceso de reparaciones individuales.
Araní Concha, representante de la CMAN, informó que como parte de las reparaciones colectivas, en el año 2007, se han viabilizado 134 proyectos en la misma cantidad de comunidades afectadas, de las cuales ya se concluyeron 80 y 47 fueron entregados a los sectores correspondientes. Por otro lado, precisó que el distrito de Huanta tiene 24 comunidades priorizadas en las reparaciones colectivas y para el 2008 tiene 5 proyectos.
Asimismo, informó que están tratando de coordinar con el alcalde de Ayahuanco para poder levantar la ficha que pueda acreditar a las comunidades de mayor nivel de afectación de esta zona, para ser integradas a las reparaciones colectivas del año 2009. Lo mismo se estaría haciendo con los distritos de Llochegua y Sivia.
Falta voluntad
La congresista Elizabeth León Minaya, reconoció el esfuerzo de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de las instancias creadas para el proceso de registro de víctimas, pero alertó que nos estamos quedando solos en este proceso, “porque los ayacuchanos somos los únicos que estamos viviendo este proceso, lo cual no está sucediendo en otros lugares del país”.
Por otro lado, preciso que en el Congreso de la República hay una alianza entre las bancadas del partido de gobierno con el fujimorismo y Unidad Nacional, que hacen mayoría y a quienes no les interesa mucho el tema de las reparaciones, por ello dijo que los movimientos y partidos políticos locales están en la necesidad de concientizar a sus dirigentes nacionales sobre estos temas para que haya una coherencia entre lo que se trabaja en las regiones con lo que se dice y aborda en los niveles de poder.
Ante este escenario, León Minaya propuso restituir los espacios de diálogo en la sociedad ayacuchana, porque existe la necesidad que una comisión de nuestra región viaje a Lima y se entreviste con diversas autoridades del Ejecutivo y del Congreso para hacerles entender que hay temas que se están percibiendo mal como el de las reparaciones y también el caso de Vizcatán, donde no se está diferenciando entre la población asentada en esta zona y los grupos que atentan contra la democracia, cuando se desarrollan los operativos militares.
Partidos políticos
Desde los partidos políticos, Doris Barbosa, del movimiento Fuerza 2011, manifestó que es necesario exigir las reparaciones al Estado y que éstas deberán beneficiar a todos los afectados por la violencia política. En la opinión de Alfredo Anaya, representante del Partido Aprista, las reparaciones a los afectados deben involucrar a todo el Estado que son el gobierno nacional, los gobiernos locales y regionales, asimismo precisó que en esta tarea no sólo bastan buenas intenciones sino propuestas viables. Por otro lado, indicó que para las reparaciones se requieren recursos inmensos, pero que también se debe entender que en cinco años de gobierno no se puede solucionar este problema.
Para el dirigente aprista, se deben dar ordenanzas a favor de las víctimas donde se exonere o se otorgue tratos diferentes en el tema tributario (por ejemplo, exoneración o reducción de autovaluo) y en el panorama nacional se debe emitir una ley donde las víctimas de la violencia tengan un descuento en los prestamos de vivienda, preferencia en el fomento para la microempresas, entre otros beneficios.
Simeón Zaga, representante de Hatun Tarpuy, dijo que la clase política debe asumir sus responsabilidades sobre los hechos de lesa humanidad cometidos en tiempos de violencia. Sobre las reparaciones expresó que desde los gobiernos locales se están buscando implementar políticas, pero que para ello se necesita de una verdadera descentralización política y financiera, para que se pueda atender de manera óptima a las comunidades en sus demandas.
Finalmente, los representes de movimientos y partidos políticos demandaron nuevamente la construcción e implementación de una universidad en la ciudad de Huanta como parte de las reparaciones colectivas en esta provincia por ser una zona de alta afectación a causa de la violencia política.
(*)Asociación SER – Oficina Regional Ayacucho
Un impuesto a las mineras evitaría más tacnazos

Rodrigo Núñez
¿Son tan ineptos nuestros gobernantes limeños que no pueden arreglar el problema del canon? No solamente son ineficaces y mediocres sino están comprados por los neolibs nativos. ¿Eres tan obtuso Yehude que no puedes proponer un impuesto extraordinario? Un tributo que sirva para un fondo de compensación lo que permitiría reparar a Tacna, a la amazonía y a los cinco departamentos alto-andinos mas pobres del país, que no cuentan con canon. Si hasta Obama dice que la única forma de remontar la crisis es con más impuestos a los ricos. ¿Sería tan difícil que las empresas que facturan más de 500 millones de soles, y que se han beneficiado de una expansión económica que duró 7 años, y que no chorreó como debía, rindan una contribución del 5 por ciento sobre las ganancias? O es que los ricos tienen corona en este país, y la mitad de los peruanos que viven en la más terrible pobreza, son ciudadanos de segunda clase, como lo creen Julio Favre, Jaime Bayly o Cáceres Sayán, y seguramente toda esa sarta de lumpen-empresarios que gusta de asistir a CADE para hablar sandeces.
Los últimos movimientos sociales, Moquegua, la selva, Sicuani, Cajabamba y tantos más, demuestran que la indignación de los pobres contra el estado centralista, pro ricos y antinacional, ha calado en el ánimo de campesinos, provincianos y jóvenes. Tanta cólera y rencor contra la gobernación de Tacna, construida por Chile pero expresión del centralismo, no tiene otra explicación. La cuna de la patria tratada con la punta del pie por el apra y el gobierno, desfogó una rabia contenida que debe hacer reflexionar a los empresarios y políticos. ¿Tendrán razonamiento estos dogmáticos de la libre empresa? ¿De qué Perú hablamos, señores de CADE? ¿Del país siliconeado que nos vende Mercedes Aráoz con su boquita de bótox? La ceguera neolib está haciendo el país inviable. ¿Despues quejarse del antisistema?
lunes, 3 de noviembre de 2008
QUEREMOS LA LIBERTAD DE ROQUE AHORA
Dante Castro
Se siente próxima la libertad de Roque Gonzáles, acusado de ser bolivariano. Se desvanecen los turbios argumentos que suministró el venal sistema de inteligencia a la prensa farisea y al poder judicial para encerrarlo y estigmatizarlo. Queda para la historia y registro útil a las generaciones venideras, qué clase de periodismo se hace en el Perú después de la larga noche dictatorial. Queda también demostrado que la supuesta "independencia" del poder judicial no existe. El poder ejecutivo coactó al judicial para armar un escándalo que únicamente podía beneficiar al gobierno aprista con una cortina de humo.
El oscurantismo heredado, se mantiene. Esa misma oscuridad continúa tras tres gobiernos que juramentan con la diestra o la siniestra sobre la Constitución del dictador Alberto Fujimori y su asesor Valdimiro Montesinos. Tres gobiernos que son sucesores legítimos del fascismo fujimontesinista, se pintan de democráticos, pero persiguen a quienes piensan diferente. Roque Gonzáles es víctima del continuismo, autoritarista y corrupto, en su versión escoria: el segundo mandato presidencial del genocida Alan García Pérez.
Parece que la prensa amarilla como los servicios de inteligencia, ambos aliados en su supuesta lucha "antiterrorista", ya se han percatado de que las protestas populares que sacuden de frontera a frontera a nuestro país, no son producto de ideologías ni de organizaciones subversivas ni de campañas generadas por el gobierno bolivariano de Venezuela. También se desvaneció el argumento de la imaginaria infiltración de las FARC colombiana en nuestro territorio. Todavía les queda a los sanchopancescos congresistas una ubre de la cual succionar el presupuesto nacional: la investigación de las casas del ALBA. ¿Algún periodista postmoderno y elemental se ha dedicado a investigar a la Comisión Investigadora de las Casas del ALBA? ¿Sabe si el presupuesto de esa comisión parlamentaria realmente se justifica?
Es la misma pregunta que le haríamos a los que fustigan e interrogan a Roque Gonzáles en cada etapa procesal. La justicia no pueden ejercerla analfabetos funcionales, atrofiados apolíticos, desinformados compulsivos. Y si no se trata de profesionales mediocres, podemos intentar otra interpretación: a sabiendas de que el acusado es inocente, han echado a andar un largo proceso que le cuesta al Estado, que moviliza a la prensa color pus, que preocupa innecesariamente a la ciudadanía sobre supuestos rebrotes "terroristas". Si a sabiendas se hizo toda esta charada, es peor aún la culpa.
El baile de máscaras está pronto a terminar y la libertad de Roque Gonzáles está más cerca que nunca. Ya no es útil su sombra encarcelada para la campaña psicosocial de disuación masiva. Más bien se comienza a tornar en molesta rémora contra lo poco que le queda de prestigio a un gobierno de ladrones y traficantes.
Paradojas de la política criolla, muladar del cual la cúpula del APRA es un componente básico: Rómulo León Alegría está prófugo por la voluntad y gracia de sus "compañeros" apristas y socios de corruptelas. Agustín Mantilla, forjador del comando paramilitar Rodrigo Franco y beneficiario de las arcas de Vladimiro Montesinos, está libre. Remigio Morales Bermúdez, traficante y mafioso aprista, está libre y sin proceso. Luis Giampietri, el asesino de presos políticos heridos o rendidos en El Frontón, es vicepresidente del actual gobierno. Roque Gonzáles, en cambio, sigue preso sin haber cometido delito que lo justifique.
Llamamos a todas las personas honestas de esta Patria hermosa a movilizarse por la pronta liberación de Roque. Vivimos en un país en el cual ser honrado es sospechoso. Peor aún si los honestos eligen a Túpac Amaru, Bolívar, Martí o a Mariátegui como sus arquetipos. Por elegirlos no nos convertimos en sujetos de crédito financiero, ni ganamos el derecho a una decorosa jubilación, sino todo lo contrario. La carcelería inmerecida que hoy padece Roque Gonzáles debe terminar ahora. Se supone que en el Perú no existe el delito de opinión ni la persecución por ideas.
El oscurantismo heredado, se mantiene. Esa misma oscuridad continúa tras tres gobiernos que juramentan con la diestra o la siniestra sobre la Constitución del dictador Alberto Fujimori y su asesor Valdimiro Montesinos. Tres gobiernos que son sucesores legítimos del fascismo fujimontesinista, se pintan de democráticos, pero persiguen a quienes piensan diferente. Roque Gonzáles es víctima del continuismo, autoritarista y corrupto, en su versión escoria: el segundo mandato presidencial del genocida Alan García Pérez.
Parece que la prensa amarilla como los servicios de inteligencia, ambos aliados en su supuesta lucha "antiterrorista", ya se han percatado de que las protestas populares que sacuden de frontera a frontera a nuestro país, no son producto de ideologías ni de organizaciones subversivas ni de campañas generadas por el gobierno bolivariano de Venezuela. También se desvaneció el argumento de la imaginaria infiltración de las FARC colombiana en nuestro territorio. Todavía les queda a los sanchopancescos congresistas una ubre de la cual succionar el presupuesto nacional: la investigación de las casas del ALBA. ¿Algún periodista postmoderno y elemental se ha dedicado a investigar a la Comisión Investigadora de las Casas del ALBA? ¿Sabe si el presupuesto de esa comisión parlamentaria realmente se justifica?
Es la misma pregunta que le haríamos a los que fustigan e interrogan a Roque Gonzáles en cada etapa procesal. La justicia no pueden ejercerla analfabetos funcionales, atrofiados apolíticos, desinformados compulsivos. Y si no se trata de profesionales mediocres, podemos intentar otra interpretación: a sabiendas de que el acusado es inocente, han echado a andar un largo proceso que le cuesta al Estado, que moviliza a la prensa color pus, que preocupa innecesariamente a la ciudadanía sobre supuestos rebrotes "terroristas". Si a sabiendas se hizo toda esta charada, es peor aún la culpa.
El baile de máscaras está pronto a terminar y la libertad de Roque Gonzáles está más cerca que nunca. Ya no es útil su sombra encarcelada para la campaña psicosocial de disuación masiva. Más bien se comienza a tornar en molesta rémora contra lo poco que le queda de prestigio a un gobierno de ladrones y traficantes.
Paradojas de la política criolla, muladar del cual la cúpula del APRA es un componente básico: Rómulo León Alegría está prófugo por la voluntad y gracia de sus "compañeros" apristas y socios de corruptelas. Agustín Mantilla, forjador del comando paramilitar Rodrigo Franco y beneficiario de las arcas de Vladimiro Montesinos, está libre. Remigio Morales Bermúdez, traficante y mafioso aprista, está libre y sin proceso. Luis Giampietri, el asesino de presos políticos heridos o rendidos en El Frontón, es vicepresidente del actual gobierno. Roque Gonzáles, en cambio, sigue preso sin haber cometido delito que lo justifique.
Llamamos a todas las personas honestas de esta Patria hermosa a movilizarse por la pronta liberación de Roque. Vivimos en un país en el cual ser honrado es sospechoso. Peor aún si los honestos eligen a Túpac Amaru, Bolívar, Martí o a Mariátegui como sus arquetipos. Por elegirlos no nos convertimos en sujetos de crédito financiero, ni ganamos el derecho a una decorosa jubilación, sino todo lo contrario. La carcelería inmerecida que hoy padece Roque Gonzáles debe terminar ahora. Se supone que en el Perú no existe el delito de opinión ni la persecución por ideas.
Conviviendo con la corrupción…
Antenor Maraví Izarra
Quiénes vimos en el Programa Cuarto Poder, el inesperado anuncio de unos audios que revelaban las corruptelas de algunos funcionarios de confianza y viejos amigotes del actual gobierno aprista, de pronto casi estupefactos sentimos que habían regresado los tiempos de la dictadura fujimorista, donde casi todos los días pasaban los nauseabundos “vladivideos” que desentrañaban los saqueos a las arcas fiscales; pero no, esta vez se trataba de personajes vinculados al gobierno aprista, uno de ellos miembro del directorio de Perúpetro y el otro el compañero entrañable del primer gobierno alanista, recordado por sus uñas largas y el cinismo avieso que siempre los ha caracterizado. Esta especie de pandemia social, lamentablemente es parte de nuestra realidad nacional, que convive con la complicidad de nuestro resignado y complaciente silencio nacional.
No en vano, peruanos ilustres de la talla de Manuel Gonzáles Prada, Jorge Basadre y Raúl Porras Barrenechea, entre otros, cada uno advirtió a su manera y en su momento, sobre los condenables casos de corrupción e inmoralidad de muchos gobernantes, autoridades y funcionarios de confianza política, que convirtieron el aparato administrativo del Estado en un andamiaje de sus fechorías partidarias y personales, siempre hubo deshonestidad, corrupción, malversación y peculado, cuya realidad no debemos olvidar
Las inoperancias y las perlas del FORSUR
Lo preocupante de esta realidad es que un considerable número de peruanos sufrimos de amnesia, rápidamente nos olvidamos de hechos condenables que ocurrieron en el país llegando a extremos de elegir mandatarios tapándonos la nariz, y lo censurable de esta realidad es que casi siempre hemos sido absorbidos por esa especie de marasmo cívico, sin exigir la sanción oportuna y ejemplar a las innumerables fechorías, cometidas a lo largo de nuestra historia nacional.
En Ica, en estos últimos años, muchos hallazgos denunciados por la Contraloría General, la Procuraduría y las propias auditorías internas de las instituciones públicas, de nada han servido, pues como por arte de magia han sido oleados y sacramentados los documentos y las evidencias sustentatorias de investigaciones exhaustivas en los que se detectaron variadas irregularidades en diversas instituciones públicas; pero alevemente fueron limpiados, impidiendo su acción moralizadora.
En estos hechos ha habido una especie de patente de corzo y una convivencia que linda con la indefensión de los organismos encargados de prevenir, juzgar y sancionar las faltas en que incurren frecuentemente los funcionarios y trabajadores de la administración pública. Hay una mano negra que impide esta acción moralizadora que cada vez más crece en las garras de la impunidad.
En el caso específico del FORSUR, próximo a ser desactivado, hay tanto por aclarar, pues, amén de su ineficiente gestión, esta entidad palaciega ha sido manejada a control remoto en contubernio amical, dando como resultado un lamentable desconocimiento y carencia de orientación en el uso adecuado de las normas que se han expedido supuestamente para ayudar a salir de la situación de emergencia y abandono, en la que la gran mayoría de los damnificados se encuentran, con el agravante de que los funcionarios designados para este fin no informaron ni orientaron adecuadamente sobre los mecanismos administrativos ante las ventanillas burocráticas del Banco de Materiales, Cofopri, Indeci, los municipios, inclusive la ferreterías, donde los usura y los sobreprecios hicieron su agosto debido a la carencia de un control regulador.
No hay transparencia ni honestidad en las informaciones. Por ejemplo, pese a las reiteradas exigencias de rendición de cuentas de 1,124 millones de Nuevos Soles, anunciados recientemente por los voceros del oficialismo, asignados para atender la emergencia causada por el terremoto del 15 de Agosto del 2007. Empero, nadie sabe hasta ahora, en qué se han invertido estos fondos destinados supuestamente para la reconstrucción de las zonas devastadas, hay una desinformación que linda con la impunidad y la incuria de quiénes administran estos fondos, en tanto cientos de miles de damnificados siguen confrontando una situación dramática indescriptible, donde todo falta.
Esa es la realidad monda y lironda, donde la lenidad, la desinformación, y la falta de transparencia, campean por doquier.
El pueblo exige justicia y moralización
Luego del escandaloso caso de la adquisición de alimentos sobrevalorados del SIS para la atención de los damnificados del terremoto en Pisco, las denuncias continuaron sobre variadas irregularidades, entre otras, la adquisición de un lote de frazadas a una ferretería con cotizaciones sobrevaloradas, la contratación de maquinarias a la Empresa Inversiones y Edificaciones del Sur, con apenas dos meses de constitución, sin maquinarias disponibles y sin carta de garantía para la remoción de escombros. Igualmente la información del hallazgo de colchones, carpas y otros enseres enterrados en un terreno baldío, igual que los donativos internacionales de los que no se saben la cantidad y la distribución efectuada, por los que existen responsabilidades de las autoridades regionales y locales..
En esta larga lista se hablan de miles de bolsas de cemento, carpas, ropas, víveres y dinero de buena voluntad entregados a las autoridades que no llegaron a su destino, ¿el pacto social o la intención social para lo que fue creado forsur? , hoy es un paquidermo que agoniza sin pena ni eficacia, convertido en un humillante insulto a la dignidad de los cientos de miles de damnificados, que siguen estirando las manos en procura de ayuda, pero a estas alturas todo es inútil. Es el fiel reflejo de una sociedad indolente y corrupta que devora el capital político, social, cultural y moral de un pueblo que sigue abriendo las puertas a la influencia devastadora de la impunidad, madre de todos los males.
Cerrar el paso a la impunidad es y debe ser una de las tareas urgentes e importantes que debe realizarse en todo el ámbito regional, pues son innumerables los casos y hechos que requieren esta profilaxia social para garantizar y exigir en el futuro no sólo una buena administración pública, transparente y justa y fundamentalmente al real servicio de la sociedad.
Es necesario prevenir y fortalecer el cuerpo social para inmunizarla y dotarla de mecanismos eficaces de fiscalización que prometan detectarla a tiempo e impedir su desarrollo y proliferación nociva.
“No hay peligro más grave para la sociedad y la democracia que la corrupción, que devora el capital político, social, cultural y moral de un pueblo y abre las puertas a la influencia lesiva de la impunidad. Madre de todos los males”.
No en vano, peruanos ilustres de la talla de Manuel Gonzáles Prada, Jorge Basadre y Raúl Porras Barrenechea, entre otros, cada uno advirtió a su manera y en su momento, sobre los condenables casos de corrupción e inmoralidad de muchos gobernantes, autoridades y funcionarios de confianza política, que convirtieron el aparato administrativo del Estado en un andamiaje de sus fechorías partidarias y personales, siempre hubo deshonestidad, corrupción, malversación y peculado, cuya realidad no debemos olvidar
Las inoperancias y las perlas del FORSUR
Lo preocupante de esta realidad es que un considerable número de peruanos sufrimos de amnesia, rápidamente nos olvidamos de hechos condenables que ocurrieron en el país llegando a extremos de elegir mandatarios tapándonos la nariz, y lo censurable de esta realidad es que casi siempre hemos sido absorbidos por esa especie de marasmo cívico, sin exigir la sanción oportuna y ejemplar a las innumerables fechorías, cometidas a lo largo de nuestra historia nacional.
En Ica, en estos últimos años, muchos hallazgos denunciados por la Contraloría General, la Procuraduría y las propias auditorías internas de las instituciones públicas, de nada han servido, pues como por arte de magia han sido oleados y sacramentados los documentos y las evidencias sustentatorias de investigaciones exhaustivas en los que se detectaron variadas irregularidades en diversas instituciones públicas; pero alevemente fueron limpiados, impidiendo su acción moralizadora.
En estos hechos ha habido una especie de patente de corzo y una convivencia que linda con la indefensión de los organismos encargados de prevenir, juzgar y sancionar las faltas en que incurren frecuentemente los funcionarios y trabajadores de la administración pública. Hay una mano negra que impide esta acción moralizadora que cada vez más crece en las garras de la impunidad.
En el caso específico del FORSUR, próximo a ser desactivado, hay tanto por aclarar, pues, amén de su ineficiente gestión, esta entidad palaciega ha sido manejada a control remoto en contubernio amical, dando como resultado un lamentable desconocimiento y carencia de orientación en el uso adecuado de las normas que se han expedido supuestamente para ayudar a salir de la situación de emergencia y abandono, en la que la gran mayoría de los damnificados se encuentran, con el agravante de que los funcionarios designados para este fin no informaron ni orientaron adecuadamente sobre los mecanismos administrativos ante las ventanillas burocráticas del Banco de Materiales, Cofopri, Indeci, los municipios, inclusive la ferreterías, donde los usura y los sobreprecios hicieron su agosto debido a la carencia de un control regulador.
No hay transparencia ni honestidad en las informaciones. Por ejemplo, pese a las reiteradas exigencias de rendición de cuentas de 1,124 millones de Nuevos Soles, anunciados recientemente por los voceros del oficialismo, asignados para atender la emergencia causada por el terremoto del 15 de Agosto del 2007. Empero, nadie sabe hasta ahora, en qué se han invertido estos fondos destinados supuestamente para la reconstrucción de las zonas devastadas, hay una desinformación que linda con la impunidad y la incuria de quiénes administran estos fondos, en tanto cientos de miles de damnificados siguen confrontando una situación dramática indescriptible, donde todo falta.
Esa es la realidad monda y lironda, donde la lenidad, la desinformación, y la falta de transparencia, campean por doquier.
El pueblo exige justicia y moralización
Luego del escandaloso caso de la adquisición de alimentos sobrevalorados del SIS para la atención de los damnificados del terremoto en Pisco, las denuncias continuaron sobre variadas irregularidades, entre otras, la adquisición de un lote de frazadas a una ferretería con cotizaciones sobrevaloradas, la contratación de maquinarias a la Empresa Inversiones y Edificaciones del Sur, con apenas dos meses de constitución, sin maquinarias disponibles y sin carta de garantía para la remoción de escombros. Igualmente la información del hallazgo de colchones, carpas y otros enseres enterrados en un terreno baldío, igual que los donativos internacionales de los que no se saben la cantidad y la distribución efectuada, por los que existen responsabilidades de las autoridades regionales y locales..
En esta larga lista se hablan de miles de bolsas de cemento, carpas, ropas, víveres y dinero de buena voluntad entregados a las autoridades que no llegaron a su destino, ¿el pacto social o la intención social para lo que fue creado forsur? , hoy es un paquidermo que agoniza sin pena ni eficacia, convertido en un humillante insulto a la dignidad de los cientos de miles de damnificados, que siguen estirando las manos en procura de ayuda, pero a estas alturas todo es inútil. Es el fiel reflejo de una sociedad indolente y corrupta que devora el capital político, social, cultural y moral de un pueblo que sigue abriendo las puertas a la influencia devastadora de la impunidad, madre de todos los males.
Cerrar el paso a la impunidad es y debe ser una de las tareas urgentes e importantes que debe realizarse en todo el ámbito regional, pues son innumerables los casos y hechos que requieren esta profilaxia social para garantizar y exigir en el futuro no sólo una buena administración pública, transparente y justa y fundamentalmente al real servicio de la sociedad.
Es necesario prevenir y fortalecer el cuerpo social para inmunizarla y dotarla de mecanismos eficaces de fiscalización que prometan detectarla a tiempo e impedir su desarrollo y proliferación nociva.
“No hay peligro más grave para la sociedad y la democracia que la corrupción, que devora el capital político, social, cultural y moral de un pueblo y abre las puertas a la influencia lesiva de la impunidad. Madre de todos los males”.
viernes, 31 de octubre de 2008
Putrefacción moral en la Casa Blanca
La enumeración de las atrocidades cometidas en los últimos tiempos contra los pueblos y la naturaleza para salvaguardar el sistema capitalista ocuparían todas las páginas de este diario. Quisiéramos detenernos en una, de gran actualidad ante la inminencia de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la votación que días atrás tuvo lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde 185 de los 192 países miembros aprobaron, por decimoséptima vez, una resolución exigiendo poner fin al bloqueo iniciado hace cuarenta y seis años en contra de Cuba. En diecisiete oportunidades Washington ignoró olímpicamente las recomendaciones, prácticamente unánimes, de la comunidad internacional. Y todavía tiene el descaro de arrogarse la misión de diseminar la justicia y la libertad a lo largo y a lo ancho del planeta.
No se conocen antecedentes de un repudio tan universal a las políticas del imperio, acompañado en la defensa de sus fechorías tan sólo por Israel (su Estado-cliente y gendarme regional en Medio Oriente) y Palau. Merece una digresión el caso de este micro-Estado que, según informa el sitio web de la CIA, es conjunto de islitas de 451 km cuadrados con una población de 21.093 habitantes.
Es un país “independiente”, que vota en la ONU y se alinea con la Casa Blanca, razón por la cual seguramente será caracterizado por sus publicistas como una sólida y vibrante democracia.No parece molestar a Washington en este caso el tema del partido único, recurrentemente utilizado para criticar a Cuba, porque en este baluarte de las libertades del lejano Pacífico sencillamente no existen partidos políticos, según lo informa también la CIA.
No es que sólo hay uno y eso es malo; no hay ninguno, pero en este caso eso es bueno y no provocan el desvelo que a la inefable Condoleezza Rice le produce la débil arquitectura institucional del sistema político en Venezuela o Bolivia. Tampoco lo hace el hecho de que en Arabia Saudita, gran amigo de Washington, los partidos políticos estén prohibidos.
De todos modos, estos son detalles nimios que, en el caso de Palau, se compensan con largueza cuando se recuerda que ese protectorado del Tío Sam firmó un Tratado de Libre Asociación con Estados Unidos que lo convierte de facto en una colonia, pero una de un tipo muy especial. Puede sentarse en la Asamblea General para votar a favor de sus amos, y opinar y proponer resoluciones sobre asuntos de interés mundial.
No tuvo la misma suerte Puerto Rico, que Washington se preocupó desde la misma fundación de la ONU para incluir a ese botín de guerra en la lista de Territorios No Autónomos y, por lo tanto, inhabilitados para integrarse a la ONU. Sus cuatro millones de habitantes, más otros tantos que residen en Estados Unidos, no pueden opinar sobre ningún asunto.
Los de Palau sí.Afortunadamente en esta ocasión, las Islas Marshall, que la propia CIA describe como un simple “testing ground” (banco de prueba) de la cohetería del Pentágono –algo que hasta hace poco también hacían en la Isla puertorriqueña de Vieques- , y Micronesia decidieron desobedecer las órdenes de la Casa Blanca y se abstuvieron de votar en contra de Cuba.
Decíamos putrefacción moral porque no hay otra forma de calificar el pertinaz sostenimiento de un bloqueo durante casi medio siglo, ¡caso único en la historia de la humanidad!, que es en realidad un prolongado escarmiento propinado a Cuba por haberse animado a luchar por su verdadera independencia. Un castigo ejemplarizador, de esos que los esclavistas y los “conquistadores” de España y Portugal aplicaban con total sadismo a los que tenían la osadía de pretender liberarse de sus cadenas.
Otras potencias colonialistas no se quedaron atrás en este torneo de infamias y oprobios. Francia, sin ir más lejos, impuso a la joya de sus colonias en el Caribe, Haití, en 1825, el pago de una enorme indemnización (equivalente a unos 21 mil millones de dólares de hoy) por los “perjuicios” ocasionados a los latifundistas franceses por su independencia. Además estableció, previo envío de una flotilla de cañoneras, un tributo del 50 por ciento a todos los bienes que entrasen o saliesen de ese desafortunado país, la primera república al Sur del Río Bravo. Esta deuda desangró al país: se terminó de pagar en 1947.
Después de más de un siglo de saqueo “legalizado” y avalado por los campeones mundiales de la libertad, la democracia y la justicia la que había sido una de las islas más ricas del Caribe quedó sumida en la miseria más absoluta. Pero Cuba no pudo ser igualmente doblegada, y eso no se perdona.
Es un pésimo ejemplo que debe erradicarse de la faz de la Tierra. Ahí están Venezuela, Bolivia y Ecuador para demostrar la malignidad del contagio. Y los otros gobiernos, que sin haberse infectado con el virus de la autodeterminación y la dignidad nacional, coquetean con los rebeldes.
Ni aun la fenomenal devastación producida por dos gigantescos huracanes hizo que Estados Unidos pusiera temporalmente entre paréntesis su criminal política para honrar los valores humanistas y solidarios sobre los cuales, dicen, se funda la sociedad norteamericana. Tal como lo declarara el canciller Pérez Roque en la ONU, el saldo de este desastre fue de “más de 500 mil viviendas y miles de escuelas e instituciones de salud afectadas, un tercio del área cultivada devastada y una severa destrucción de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones, entre otros daños”.
Su reconstrucción, una empresa humanitaria por definición, se vería enormemente facilitada si la Casa Blanca tuviera todavía un pequeño resto de nobleza y moralidad y permitiera a La Habana adquirir los bienes que necesita en Estados Unidos. Pero es inútil: no lo tiene. La Revolución no quiere regalos; quiere comerciar, pagando en efectivo y por adelantado sus compras, lo que favorecería a empresarios y trabajadores de ese país y ayudaría a revitalizar, aunque sea en pequeño grado, una economía que ya se despeña hacia la recesión.Pero ni eso admite la Casa Blanca. De ahí que sea sólo lógico hablar de la podredumbre moral en que se revuelcan sus ocupantes.
Una administración que ya demostró su total insensibilidad y colosal ineptitud (aparte de un mal disimulado racismo) ante el flagelo que el Katrina provocó entre los suyos en New Orleáns. Una degradación moral que, para colmo, se combina con la inaudita estupidez de la pandilla reaccionaria que en estos días manda en Washington y que acelera el hundimiento del país en toda clase de pantanos de los cuales no saldrá indemne: Afganistán, Irak, Medio Oriente y, ahora, el estallido de la fenomenal burbuja financiera alentada por esa gente a lo largo de tantos años. De este modo, Cuba deberá adquirir en tierras lejanas bienes que, por el bloqueo y los fletes, terminan siendo carísimos. Será todo más difícil, pero la Revolución Cubana ha dado repetidas muestras de no arredrarse ante la adversidad ni ser vencida por ella. Ahora tendrá la oportunidad de demostrarlo una vez más. Y para ello contará con la solidaridad del mundo entero, excepto ese trío despreciable y rufianesco que votó en su contra en la ONU.
Damnificados realizan seguimiento al proceso de reconstrucción
Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de capacidades para hacer una efectiva vigilancia ciudadana, 60 líderes y lideresas de diferentes organizaciones de base de la provincia de Ica, participaron el último jueves del segundo Taller de Seguimiento al Proceso de Vigilancia sobre Transparencia y Gestión Pública de la Reconstrucción de Ica.
La jornada se inicio con una reflexión a cerca de la importancia de recuperar los valores en nuestra sociedad, y cómo la ausencia de estos conlleva a cometer actos de corrupción, principalmente por quienes ejercen cargos públicos. La reconstrucción de Ica, es un asunto público que compete a todos, instituciones encargadas del proceso y los ciudadanos, por lo que es necesario una efectiva vigilancia para una efectiva reconstrucción, señalaron los dirigentes que participaron en el evento.
El derecho de acceso a la información pública fue otro de los temas tratados en este evento, a cargo de Wilman Muñoz Montes, abogado de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH-Ica), quien expuso los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27927, que permite a cualquier ciudadano acceder a información contenida en cualquier institución pública, sin expresión de causa, la misma que debe ser otorgada por la autoridad correspondiente; éste es un primer paso que los ciudadanos pueden dar para hacer vigilancia ciudadana, expresó.
Como se recuerda, en la primera jornada del pasado 10 de octubre, los ciudadanos acordaron vigilar la entrega de los denominados "bonos 6 mil", la entrega de materiales de construcción, los programas sociales y la reconstrucción de la infraestructura de los establecimientos de salud; estos últimos en la actualidad han colapsado y todavía no se inicia su reconstrucción.
El evento forma parte de las actividades desarrolladas en el marco de la campaña de Periodismo Ciudadano: "En la Reconstrucción estamos todos y todas”, ejecutada por el Grupo Impulsor integrado por las Casas de La Salud, la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH-Ica) y el Colectivo de Periodistas para el Desarrollo de Ica.
Fuente: Colectivo de Periodistas por el Desarrollo de Ica
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