PARA NO ENSUCIARSE.

Carlos Garrido Chalén(*)

El orgulloso armiño blanco o “mustela erminea”, es uno de los carnívoros más pequeños del mundo, pero también uno de los más sanguinarios. Vive generalmente en los bosques y estepas de Europa y suele establecer su domicilio bajo un montón de piedras o en una madriguera cuidadosamente disimulada en el corazón de un matojo espinoso. Tiene el cuerpo alargado y extraordinariamente flexible. Se parece mucho a la comadreja, pero es de mayor tamaño. No se sabe si es nocturno o diurno, ya que es imposible observarle en todo momento del día o de la noche. Pasa el día en varias fases de actividad entrecortada por periodos de sueño más o menos prolongados. Es terrestre y no trepa, aunque está dotado de una gran agilidad y salta maravillosamente. En la llanura y en las regiones meridionales, conserva su pelaje marrón con el vientre blanco durante todo el año. En la montaña y en las regiones más frías cambia después de su muda de otoño, volviéndose enteramente blanco. Solamente el remate de su cola permanece siempre negro.
Sin embargo, tiene una característica que ya la quisieran nuestros políticos del Perú y América: se cuida mucho que nada ensucie su inmaculada piel.
Como los cazadores conocen esa peculiaridad, se aprovechan de ella de manera poco elegante. Riegan basura dentro y alrededor de su refugio. Cuando comienza la cacería, sueltan los perros y el armiño corre en busca de su hogar.
Al encontrarse con toda esa porquería,el animalito da vuelta y enfrenta con valor a la jauría. Prefiere manchar la piel con su sangre, antes que ensuciarla en la putrefacta estancia del asqueroso basural.
Muchos sujetos inescrupulosos no temen el basural. No porque sean limpios, sino porque viven en él y en sus cortinas de deshonestidad y corrupción. Trampean asociados con el mejor postor y delinquen con pasmosa “normalidad”, víctimas de su cínica costumbre en el errado concepto de que las oportunidades no se desprecian, aunque vengan del fango y la maldad. Identificarlos es prioritario y merecen nuestro más enfático desprecio.

(*)Presidente Ejecutivo Fundador de la UHE,Premio Mundial de Literatura “Andrés Bello” 2009 de Venezuela.

Perú: Gobierno salvaje

Alberto Ampuero (*)

Estableciendo las reglas de juego el gobierno desde un principio la protesta de los mineros artesanales del Perú devino en tragedia desde su primer día.
Ocurrió cuando los policías de la Dinoes (División Nacional de Operaciones Especiales) arremetieron contra más de diez mil manifestantes que se encontraban bloqueando la carretera Panamericana Sur a la altura del Km 600, en el puente Caleta del distrito de Chala, provincia de Caravelí, en Arequipa
Seis personas murieron cuando la policía intentó, sin éxito, romper el bloqueo de la carretera.
La principal acusación contra los mineros informales es que contaminan el ambiente, en particular los ríos.
Una de las regiones más afectadas es el departamento de Madre de Dios, en el sureste del país, donde la explotación artesanal de oro en los ríos, que es la actividad que mueve la economía de la zona, ha ocasionado graves daños ecológicos en la selva amazónica, con la deforestación de bosques y la contaminación de ríos con mercurio
El decreto gubernamental que desató las protestas está dirigido a la minería artesanal de oro en Madre de Dios, sin embargo desató las protestas en cadena en al menos una docena de regiones del país, donde los mineros informales han visto en esta norma una amenaza a sus actividades.
No hay un censo sobre la minería informal, pero se estima que podría haber unas 300 mil personas dedicadas a esta actividad. En todo el país hay 19 millones 500 mil hectáreas explotadas por la minería, de las cuales unas dos millones corresponden a la minería informal.
Los mineros consideran que el tema ha sido politizado desde el gobierno central, que se niega a considerar el Plan Nacional de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesana, que no sólo debe abarcar a Madre de Dios, sino al resto de regiones donde se desarrolle la minería aluvial.
Los mineros aseguran que lo que quieren es sacarlos de esta actividad para otorgarles a las grandes empresas los yacimientos que ellos explotan, particularmente los de oro, que hacen de este país el quinto productor mundial.
Piden derogar las leyes 1010, 1040 y el Decreto de Urgencia Nº 012-2010, los cuales ponen en riesgo su trabajo.
El gobierno ha dicho que "No vamos a ceder".
Según las cifras del gobierno, esta actividad minera ya ha deforestado 18 mil hectáreas de bosques y causado enormes daños al medio ambiente.
Y si bien es cierto que la minería artesanal a pequeña escala causa graves daños al medio ambiente y debe ser ordenada. Hay una evidente incoherencia (o doble discurso)del gobierno en su discurso: permisividad con las grandes empresas cuando éstas dañan el medio ambiente y un discurso ecológico cuando ese daño lo producen los mineros artesanales.
Sin embargo frente a las grandes empresas el gobierno no actúa. Y ha otorgado muchas concesiones mineras en reservas naturales protegidas
La estadística de concesiones mineras en el Perú demuestra que sólo en el lapso de un año (de noviembre de 2008 a noviembre de 2009) el territorio nacional concesionado a la gran minería se expandió del 13.46% al 15.38%. Es decir, 19,573.752 hectáreas poseen hoy concesiones mineras.
En cambio la estadística de la “minería salvaje” , como el presidente llama al trabajo artesanal, hay que buscarla en los partes policiales. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERÚ, tiene registrados, hasta la fecha, a 242 autoridades y líderes comunales (162 varones y 80 mujeres) denunciados por diversos delitos como: daños contra la propiedad privada; contra la seguridad pública,etc. Todos denunciados por agentes de empresas mineras y en algunos casos por representantes del Estado.
Todo esto se inscribe dentro de una política de gobierno que trata de resolver los conflictos a balazos en vez buscar el diálogo con los sectores discrepantes.
Una semana antes de la matanza del 5 de abril, los mineros artesanales exigían que se abra un diálogo con el gobierno pero el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, no dio mayores esperanzas de que ese diálogo se pueda hacer realidad.
Un día después el gobierno declaró en estado de emergencia las provincias de Nasca, Palpa y San Juan de Marcota, en Ica; Caravelí y Camaná en Arequipa; y en Madre de Dios, Tambopata y Manu.
No fue difícil adivinar que la suerte de los mineros estaba echada.
Llegó a traición, alrededor de las 7 de la mañana. “Estaban tomando desayuno a un lado del puente y la carretera, porque recién habían llegado los mineros de Ayacucho, Puno y Huancavelica, cuando de pronto fueron atacados en forma criminal por helicópteros de la Policía Nacional”.

(*)periodista radicado en Riverside, California.

Verdad y Reconciliación en Semana Santa

Antenor Maraví Izarra

La Semana Santa es una de las fechas más importantes en el calendario cristiano en todo el mundo, particularmente en el país, siempre ha sido una de las principales fechas para buscar el perdón y la justicia ante el rostro doliente de Cristo.
En esta fecha santa y de obligada reflexión, hacemos propicia la ocasión para señalar que hace seis años y medio, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó el Informe Final de su labor, en el que minuciosamente se señala los dolorosos hechos de violencia ocurridos en el país entre los años 1980 y 2000, en el que entre otros, se plantearon 47 hechos judicializables, entregados con la solemnidad del caso a los organismos pertinentes, con la finalidad de buscar la verdad y la justicia para quienes sufrieron o fueron víctimas en aquellos años dolorosos. Empero, transcurrido el tiempo poco o nada se ha hecho por allanar el camino y consolidar los mecanismos en la búsqueda de la paz y la necesaria reconciliación entre los afectados y el Estado peruano.
Quiénes no han sido afectados ni tocados por la barbarie de la violencia, obviamente no entenderán ni darán importancia al informe que aludimos, que sigue sacudiendo la conciencia nacional, exigiendo verdad y justicia
Esta búsqueda de la verdad, no es solo asunto de la terquedad de unos cuantos organismos defensores de los Derechos Humanos, es la dolorosa voz de ese pueblo víctima que tocó y aún sigue tocando las puertas de nuestra indiferencia, son los padres, esposas, hijos y hermanos de los miles de muertos y desaparecidos. Son los 120 mil huérfanos causados por el terrorismo y la represión del Estado.
Son los 600 mil peruanos que tuvieron que dejar sus propiedades y sus pueblos compulsivamente, para no quedar atrapados por una violencia que no les daba cuartel, son esos cientos de miles de campesinos, compatriotas nuestros procedentes de las zonas más castigadas de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, a quienes peyorativamente aún se les sigue llamando como “desplazados”, muchos de ellos viven actualmente en situación de pobreza y extrema pobreza en las zonas rurales y periféricas de la región Ica, entre otras.
No debemos olvidar que solo entre detenidos y desaparecidos existe una relación nominal de miles de ciudadanos por los que hoy lloran sus familiares. El registro de esos desaparecidos se han dado en los siguientes gobiernos: Fernado Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori, cuyo recuento según el Informe Final de la CVR asciende a más de 69 mil víctimas.
El Estado peruano, tiene la responsabilidad histórica de aclarar estos hechos, analizar las causas y las condiciones políticas, sociales y culturales por un nunca más. De ahí que, es importante señalar en esta semana santa que la Reconciliación para muchos peruanos debe significar el perdón y el arrepentimiento, pero ese perdón y arrepentimiento oficial sigue pendiente.
Que los afectados por estos hechos colmen su sed y se liberen del sentimiento de venganza. Que quienes cometieron los delitos reconociendo su falta obtengan el perdón, que les quite el cargo de conciencia y los devuelva a su comunidad a plenitud,y fundamentalmente que la sociedad obrando rectamente cure sus heridas y garantice su propia viabilidad asegurando a cada uno de sus miembros, que las diversas instituciones del Estado, se fortalezcan para un mejor servicio a sus ciudadanos a quienes se debe.