Mario Vargas Llosa renunció de manera irrevocable a la presidencia del Museo de la Memoria, en carta dirigida al presidente Alan García, en protesta por un reciente decreto que el escritor peruano califica como "amnistía disfrazada" en favor de militares acusados de violar derechos humanos.
Mario Vargas Llosa renunció de manera irrevocable a la presidencia del Museo de la Memoria, en carta dirigida al presidente Alan García, en protesta por un reciente decreto que el escritor peruano califica como "amnistía disfrazada" 
en favor de militares acusados de violar derechos humanos.
A las pocas horas de la renuncia de Vargas Llosa, el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para derogar la polémica norma.
"Ejecutivo presenta Proyecto de Ley para derogar el decreto legislativo 1097 y pide al Congreso tramitarlo con carácter de urgencia", informó la Secretaría de Prensa del Palacio este lunes vía el sitio de microblogueo twitter.
"En resguardo de la vida constitucional y democrática del país, y a efecto de evitar cualquier mal aprovechamiento del Decreto, el Poder Ejecutivo considera pertinente derogarlo", agrega.
Vargas Llosa en su carta dirigida al presidente García desde París señala que "la razón de mi renuncia es el reciente Decreto Legislativo 1097 que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos".
El escritor señala, además, que esa norma beneficia "al propio ex dictador y su brazo derecho", en alusión al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a Vladimiro Montesinos, su ex jefe del servicio de inteligencia.
El decreto 1097 dictado el 1 de septiembre junto a otras tres normas, dispone que se archiven los juicios a militares acusados de matanzas contra civiles durante la guerra interna (1980-2000) cuando se hayan sobrepasado los 36 meses para su juzgamiento sin sentencia.
Estos cuatro decretos no requerían de aprobación parlamentaria.
Vargas Llosa le recuerda al presidente García que aceptó en 2009 presidir la Comisión Encargada del Lugar (Museo) de la Memoria, "convencido de que su gobierno estaba decidido a continuar el perfeccionamiento de la democracia peruana tan dañada por los crímenes y robos de la dictadura de Fujimori y Montesinos".
"Hay una incompatibilidad esencial entre auspiciar la erección de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980 y abrir, mediante una triquiñuela jurídica, la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron también delitos horrendos", resalta en su carta Vargas Llosa.
El escritor le expresa al presidente peruano su indignación y desconcierto al señalar que ignora "qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno".
"En todo caso, lo ocurrido es una verdadera desgracia que va a resucitar la división y el encono político en el país", acotó Vargas Llosa.
"La medida ha indignado a todos los sectores democráticos del país y a la opinión pública internacional, como lo muestran los pronunciamientos del Relator de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", agregó.
"Coincido plenamente con estas protestas", resalta el escritor.
Otro de los cuatro decretos establece que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad rigen desde el 9 de noviembre de 2003, cuando Perú se adhirió al convenio internacional sobre esa materia, es decir que sí permitiría la prescripción de los cometidos antes de esa fecha.
El lunes pasado, pocos días después de conocerse las normas, 21 militares que integraron el Grupo Colina -autor de matanzas durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000)- pidieron acogerse a una de ellas para que se archiven sus procesos por haberse excedido los plazos para ser juzgados.
Ante el revuelo que ha generado la medida, el presidente García dijo este domingo que no hará "una cuestión de Estado si el Congreso deroga el decreto".
El mandatario había descartado, además, que los acusados de crímenes de lesa humanidad pudieran beneficiarse de las nuevas directivas.
El ministro de Defensa, Rafael Rey, impulsor de las normas, las ha defendido señalando que buscan aligerar los juicios contra un centenar de militares acusados sin pruebas de atrocidades durante el conflicto interno de Perú contra los grupos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
El conflicto interno peruano dejó unos 70.000 muertos entre 1980 y el año 2000.
en favor de militares acusados de violar derechos humanos.A las pocas horas de la renuncia de Vargas Llosa, el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para derogar la polémica norma.
"Ejecutivo presenta Proyecto de Ley para derogar el decreto legislativo 1097 y pide al Congreso tramitarlo con carácter de urgencia", informó la Secretaría de Prensa del Palacio este lunes vía el sitio de microblogueo twitter.
"En resguardo de la vida constitucional y democrática del país, y a efecto de evitar cualquier mal aprovechamiento del Decreto, el Poder Ejecutivo considera pertinente derogarlo", agrega.
Vargas Llosa en su carta dirigida al presidente García desde París señala que "la razón de mi renuncia es el reciente Decreto Legislativo 1097 que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos".
El escritor señala, además, que esa norma beneficia "al propio ex dictador y su brazo derecho", en alusión al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a Vladimiro Montesinos, su ex jefe del servicio de inteligencia.
El decreto 1097 dictado el 1 de septiembre junto a otras tres normas, dispone que se archiven los juicios a militares acusados de matanzas contra civiles durante la guerra interna (1980-2000) cuando se hayan sobrepasado los 36 meses para su juzgamiento sin sentencia.
Estos cuatro decretos no requerían de aprobación parlamentaria.
Vargas Llosa le recuerda al presidente García que aceptó en 2009 presidir la Comisión Encargada del Lugar (Museo) de la Memoria, "convencido de que su gobierno estaba decidido a continuar el perfeccionamiento de la democracia peruana tan dañada por los crímenes y robos de la dictadura de Fujimori y Montesinos".
"Hay una incompatibilidad esencial entre auspiciar la erección de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980 y abrir, mediante una triquiñuela jurídica, la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron también delitos horrendos", resalta en su carta Vargas Llosa.
El escritor le expresa al presidente peruano su indignación y desconcierto al señalar que ignora "qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno".
"En todo caso, lo ocurrido es una verdadera desgracia que va a resucitar la división y el encono político en el país", acotó Vargas Llosa.
"La medida ha indignado a todos los sectores democráticos del país y a la opinión pública internacional, como lo muestran los pronunciamientos del Relator de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", agregó.
"Coincido plenamente con estas protestas", resalta el escritor.
Otro de los cuatro decretos establece que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad rigen desde el 9 de noviembre de 2003, cuando Perú se adhirió al convenio internacional sobre esa materia, es decir que sí permitiría la prescripción de los cometidos antes de esa fecha.
El lunes pasado, pocos días después de conocerse las normas, 21 militares que integraron el Grupo Colina -autor de matanzas durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000)- pidieron acogerse a una de ellas para que se archiven sus procesos por haberse excedido los plazos para ser juzgados.
Ante el revuelo que ha generado la medida, el presidente García dijo este domingo que no hará "una cuestión de Estado si el Congreso deroga el decreto".
El mandatario había descartado, además, que los acusados de crímenes de lesa humanidad pudieran beneficiarse de las nuevas directivas.
El ministro de Defensa, Rafael Rey, impulsor de las normas, las ha defendido señalando que buscan aligerar los juicios contra un centenar de militares acusados sin pruebas de atrocidades durante el conflicto interno de Perú contra los grupos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
El conflicto interno peruano dejó unos 70.000 muertos entre 1980 y el año 2000.
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