Los desbordes del río Ica…
¿Otra vez, sin saber qué hacer?
Antenor Maraví IzarraUna de las consecuencias fatales del descuido o la supina negligencia de quiénes tienen el deber de promover, organizar y exigir de manera permanente el cumplimiento de las acciones de alerta frente a las amenazas de la naturaleza, es la reciente constatación de que a pesar de las dramáticas lecciones que Ica ha confrontado en estos últimos 15 años en materia de desastres. Los responsables de canalizar estas acciones preventivas, - como el caso ocurrido el martes último en el que se desbordó el río causando daños en algunas zonas periféricas y distritos como Los Molinos, Callango-Ocucaje y Los Aquijes, con preocupantes inundaciones y daños considerables en las viviendas y los sembríos – no han tomado con seriedad el cabal ejercicio de sus funciones gubernativas, en la protección del bien común y la defensa de los derechos individuales, de quienes en las recientes justas electorales, cumplieron con elegirlos, entre otros, en la creencia de que a diferencia de sus antecesores, actuarían con capacidad previsora frente a las amenazas de la naturaleza, muy frecuentes en estos tiempos de lluvia intensiva en las vertientes andinas.
Por consiguiente las justificaciones, incluida las absurdas negativas del flamante mandamás de la región, de no querer aceptar las lecciones del pasado, y las tardías demandas de maquinarias de algunos funcionarios de la Municipalidad Provincial para atender a los damnificados de las zonas afectadas, no son sino remilgos de quienes quieren justificar sus imperdonables ineptitudes y ausencia de identificación con las justas expectativas del pueblo que los eligió, precisamente para que sus nuevas autoridades debían de haber tomado todas las providencias y medidas de protección, por ser Ica, una zona altamente vulnerable con las crecientes del río; por lo que con justa razón el pueblo se pregunta: ¿Por qué no tomaron las medidas organizativas para evitar y/o auxiliar oportunamente a los damnificados?, ¿Por qué no funcionó el Comité de Defensa Civil en los respectivos ámbitos jurisdiccionales?, ¿O es que acaso, no hemos aprendido de las dramáticas lecciones dejadas en la inundación del 1998 y los devastadores efectos del terremoto del 15 de Agosto del 2007?.
De acuerdo a los objetivos precisados en el Sistema Nacional de Defensa Civil, los comités de este organismo, jerarquizados y organizados a lo largo y ancho del país. Los gobernantes regionales y municipales, antes que llenar el andamiaje burocrático y votar la plata en fanfarrias báquicas como la Vendimia, tienen la responsabilidad, sobre todo, de movilizar los recursos humanos y materiales, así como facilitar la planificación, coordinación y ejecución de operativos y programas que permitan la prevención, control y sanción pública para contrarrestar hechos y actos que atenten contra su integridad física y psicológica.
Por consiguiente quienes tienen la responsabilidad imperativa de hacer cumplir estas exigencias legales, podrían ser comprendidos en el delito de inacción, toda vez que la Defensa Civil, ha sido creada para proteger la vida de las personas y sus bienes al servicio de su dignidad humana, y como tal, todas las actividades de salvaguarda frente a cualquier desastre de la naturaleza, debe de gozar bajo responsabilidad del derecho a la protección, antes, durante y después de los desastres.
Es hora de organizar y prevenir con patriotismo las excelsas tareas de todo buen gobierno, donde debe primer la concertación con el pueblo y atender sus demandas y necesidades con planes de contingencia y proyectos priorizados.
Por consiguiente las justificaciones, incluida las absurdas negativas del flamante mandamás de la región, de no querer aceptar las lecciones del pasado, y las tardías demandas de maquinarias de algunos funcionarios de la Municipalidad Provincial para atender a los damnificados de las zonas afectadas, no son sino remilgos de quienes quieren justificar sus imperdonables ineptitudes y ausencia de identificación con las justas expectativas del pueblo que los eligió, precisamente para que sus nuevas autoridades debían de haber tomado todas las providencias y medidas de protección, por ser Ica, una zona altamente vulnerable con las crecientes del río; por lo que con justa razón el pueblo se pregunta: ¿Por qué no tomaron las medidas organizativas para evitar y/o auxiliar oportunamente a los damnificados?, ¿Por qué no funcionó el Comité de Defensa Civil en los respectivos ámbitos jurisdiccionales?, ¿O es que acaso, no hemos aprendido de las dramáticas lecciones dejadas en la inundación del 1998 y los devastadores efectos del terremoto del 15 de Agosto del 2007?.
De acuerdo a los objetivos precisados en el Sistema Nacional de Defensa Civil, los comités de este organismo, jerarquizados y organizados a lo largo y ancho del país. Los gobernantes regionales y municipales, antes que llenar el andamiaje burocrático y votar la plata en fanfarrias báquicas como la Vendimia, tienen la responsabilidad, sobre todo, de movilizar los recursos humanos y materiales, así como facilitar la planificación, coordinación y ejecución de operativos y programas que permitan la prevención, control y sanción pública para contrarrestar hechos y actos que atenten contra su integridad física y psicológica.
Por consiguiente quienes tienen la responsabilidad imperativa de hacer cumplir estas exigencias legales, podrían ser comprendidos en el delito de inacción, toda vez que la Defensa Civil, ha sido creada para proteger la vida de las personas y sus bienes al servicio de su dignidad humana, y como tal, todas las actividades de salvaguarda frente a cualquier desastre de la naturaleza, debe de gozar bajo responsabilidad del derecho a la protección, antes, durante y después de los desastres.
Es hora de organizar y prevenir con patriotismo las excelsas tareas de todo buen gobierno, donde debe primer la concertación con el pueblo y atender sus demandas y necesidades con planes de contingencia y proyectos priorizados.
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