Es evidente que existen personas para quienes la política es una forma de servicio. Pero también es indudable que existen otros para quienes representa una forma de vida y de ganar ciertos privilegios y perrogativas, inalcanzables para el ciudadano de a pie. Los casos vistos en América del Sur ( cuna de paises subdesarrollados y focos de corrupción ), no son ajenos en la vieja Europa.
Del típico sinvergüenza que huyó de su país acusado de corrupción, al tipejo al que sólo le bastan 7 años de trabajo para acceder a una pensión; no hay mucha diferencia. En ambos casos se observa la viveza y acomodo para beneficiarse del erario público y vivir sin preocupaciones.
España no escapa a esta clase de parásitos y produce reflexiones ciudadanas como estas:
"El sistema (Político ), se mantiene en pie por el enjambre de parásitos que conforman su estructura. Es una nueva clase social, la clase política, que nace, crece y se reproduce incrustada, como chupópteros, en las arcas públicas. La única disciplina que se les exige es la de las siglas. Su afán, trabajo y preocupación, ya no es la “res publica”, sino el mantenimiento de su cargo a toda costa, libre de escrúpulos morales......
¿Para eso pagamos impuestos? Sí, para mantener y sostener a este sistema perverso que ofrece la esclavitud al pueblo y el pueblo la adquiere a precio de oro. Para subvencionar su vida y sus lujos, sus viajes, sus dietas y sus casas. Para hacer lo que ellos dicten, sea abortar o pagar la fiesta anual a los degenerados.
Que cercano nos suena esto para quienes provenimos de un país signado por la corrupción y la sinverguenzeria como forma de hacer política. Una triste realidad que cuesta cambiar. !
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La clase política opta a la pensión máxima por su actividad parlamentaria
Del típico sinvergüenza que huyó de su país acusado de corrupción, al tipejo al que sólo le bastan 7 años de trabajo para acceder a una pensión; no hay mucha diferencia. En ambos casos se observa la viveza y acomodo para beneficiarse del erario público y vivir sin preocupaciones.
España no escapa a esta clase de parásitos y produce reflexiones ciudadanas como estas:
"El sistema (Político ), se mantiene en pie por el enjambre de parásitos que conforman su estructura. Es una nueva clase social, la clase política, que nace, crece y se reproduce incrustada, como chupópteros, en las arcas públicas. La única disciplina que se les exige es la de las siglas. Su afán, trabajo y preocupación, ya no es la “res publica”, sino el mantenimiento de su cargo a toda costa, libre de escrúpulos morales......
¿Para eso pagamos impuestos? Sí, para mantener y sostener a este sistema perverso que ofrece la esclavitud al pueblo y el pueblo la adquiere a precio de oro. Para subvencionar su vida y sus lujos, sus viajes, sus dietas y sus casas. Para hacer lo que ellos dicten, sea abortar o pagar la fiesta anual a los degenerados.
Que cercano nos suena esto para quienes provenimos de un país signado por la corrupción y la sinverguenzeria como forma de hacer política. Una triste realidad que cuesta cambiar. !
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La clase política opta a la pensión máxima por su actividad parlamentaria
Siete años de trabajo bastan a un diputado para tener pensión, el resto necesita quince Los ex ministros son indemnizados por las dificultades en volver a su vida profesional
Las familias españolas hacen números por las paredes y tienen un nuevo motivo de inquietud: el Gobierno acaba de poner las pensiones en la carpeta de asuntos que necesitan ser revisados. Los sindicatos están que trinan con la propuesta de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años para hacer frente a los problemas financieros futuros de la Seguridad Social, y le han visto las orejas al lobo con otra propuesta del Gobierno, la de elevar de 15 a 25 los años de cotización para el cálculo de las pensiones. Los trabajadores están intranquilos por el futuro de sus rentas, pero no todos comparten el mismo nivel de preocupación. La clase política, por diversas razones asociadas al desempeño de sus cargos públicos, tiene unas condiciones de retiro distintas, mucho más ventajosas.
Al alcanzar la edad legal de jubilación, ahora fijada en los 65 años, los diputados del Congreso y los senadores cobrarán pensión. El único requisito es que hayan tenido esta condición de parlamentarios de las Cortes Generales al menos siete años, aunque a partir de ahí no hayan vuelto a cotizar ni un día más. Con siete años de mandato, cobrarán el 80% de la pensión, según establece el reglamento de pensiones parlamentarias (de 14 de julio del 2006), que detalla que por un mandato de nueve a once años cobrarán el 90% y a partir de once, la totalidad de la pensión máxima. El resto de los ciudadanos tiene que cotizar un mínimo de 15 años para tener derecho a pensión contributiva, y en ese caso le corresponde cobrar un 50% de la base reguladora; sólo si cotiza durante 35 años tiene derecho al cien por cien. En lo que respecta a la cuantía de la pensión, si no se ha tenido escaño en las Cortes dependerá del sueldo ganado en los últimos 15 años de cotización. La pensión media de jubilación se situó en enero en 874,97 euros al mes. La pensión máxima del sistema alcanza 2.466 euros al mes.
La justificación de estas prerrogativas de los ex diputados la da el propio reglamento: "Situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países de nuestro entorno". Para conseguir este objetivo, en los supuestos en que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las cámaras abonan la diferencia.Antes de llegar a la edad de jubilación, el citado reglamento prevé también una indemnización para los diputados y senadores que cesen en su actividad parlamentaria. "La dedicación a la actividad parlamentaria obliga, en muchas ocasiones, a quien forma parte de las cámaras a dejar la que ha sido su ocupación habitual, de modo que, cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades", argumenta el texto. La compensación prevista para los que acaben su mandato y no repitan es una paga mensual, que variará en función de los años de ejercicio, y que cobrarán durante un máximo de dos años.
Diputados y senadores deben ejercer con dedicación exclusiva, salvo excepciones en el ámbito universitario, científico y artístico, y la ley electoral, el texto de referencia en este caso, es exhaustiva en cuanto a las actividades privadas incompatibles con el cargo. Sin embargo, cuando se deja el escaño ya no hay incompatibilidades.
Los ministros tienen también dedicación exclusiva. La ley de Incompatibilidades –ley 5/2006, reguladora de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno– detalla las actividades privadas que son incompatibles con el cargo, y señala que en los dos años siguientes a la salida del Gobierno no pueden trabajar para empresas o sociedades relacionadas con las competencias de su cargo, además de establecer sanciones para las empresas y los ex altos cargos si incurren en incompatibilidades. Por las dificultades en reintegrarse a su vida profesional ordinaria, los ex ministros tienen también derecho a una pensión indemnizatoria, que recoge la ley 74/1980.
Es frecuente que los ministros que son diputados conserven el escaño mientras desempeñan su cargo, sobre todo si han sido candidatos en su circunscripción. En otras cámaras, como el Parlament de Catalunya, en las últimas legislaturas ha sido habitual que los consellers renuncien a su acta de diputados y dejen paso al siguiente de la lista electoral. Los ex consellers también cobran una indemnización.
Las familias españolas hacen números por las paredes y tienen un nuevo motivo de inquietud: el Gobierno acaba de poner las pensiones en la carpeta de asuntos que necesitan ser revisados. Los sindicatos están que trinan con la propuesta de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años para hacer frente a los problemas financieros futuros de la Seguridad Social, y le han visto las orejas al lobo con otra propuesta del Gobierno, la de elevar de 15 a 25 los años de cotización para el cálculo de las pensiones. Los trabajadores están intranquilos por el futuro de sus rentas, pero no todos comparten el mismo nivel de preocupación. La clase política, por diversas razones asociadas al desempeño de sus cargos públicos, tiene unas condiciones de retiro distintas, mucho más ventajosas.
Al alcanzar la edad legal de jubilación, ahora fijada en los 65 años, los diputados del Congreso y los senadores cobrarán pensión. El único requisito es que hayan tenido esta condición de parlamentarios de las Cortes Generales al menos siete años, aunque a partir de ahí no hayan vuelto a cotizar ni un día más. Con siete años de mandato, cobrarán el 80% de la pensión, según establece el reglamento de pensiones parlamentarias (de 14 de julio del 2006), que detalla que por un mandato de nueve a once años cobrarán el 90% y a partir de once, la totalidad de la pensión máxima. El resto de los ciudadanos tiene que cotizar un mínimo de 15 años para tener derecho a pensión contributiva, y en ese caso le corresponde cobrar un 50% de la base reguladora; sólo si cotiza durante 35 años tiene derecho al cien por cien. En lo que respecta a la cuantía de la pensión, si no se ha tenido escaño en las Cortes dependerá del sueldo ganado en los últimos 15 años de cotización. La pensión media de jubilación se situó en enero en 874,97 euros al mes. La pensión máxima del sistema alcanza 2.466 euros al mes.
La justificación de estas prerrogativas de los ex diputados la da el propio reglamento: "Situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países de nuestro entorno". Para conseguir este objetivo, en los supuestos en que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las cámaras abonan la diferencia.Antes de llegar a la edad de jubilación, el citado reglamento prevé también una indemnización para los diputados y senadores que cesen en su actividad parlamentaria. "La dedicación a la actividad parlamentaria obliga, en muchas ocasiones, a quien forma parte de las cámaras a dejar la que ha sido su ocupación habitual, de modo que, cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades", argumenta el texto. La compensación prevista para los que acaben su mandato y no repitan es una paga mensual, que variará en función de los años de ejercicio, y que cobrarán durante un máximo de dos años.
Diputados y senadores deben ejercer con dedicación exclusiva, salvo excepciones en el ámbito universitario, científico y artístico, y la ley electoral, el texto de referencia en este caso, es exhaustiva en cuanto a las actividades privadas incompatibles con el cargo. Sin embargo, cuando se deja el escaño ya no hay incompatibilidades.
Los ministros tienen también dedicación exclusiva. La ley de Incompatibilidades –ley 5/2006, reguladora de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno– detalla las actividades privadas que son incompatibles con el cargo, y señala que en los dos años siguientes a la salida del Gobierno no pueden trabajar para empresas o sociedades relacionadas con las competencias de su cargo, además de establecer sanciones para las empresas y los ex altos cargos si incurren en incompatibilidades. Por las dificultades en reintegrarse a su vida profesional ordinaria, los ex ministros tienen también derecho a una pensión indemnizatoria, que recoge la ley 74/1980.
Es frecuente que los ministros que son diputados conserven el escaño mientras desempeñan su cargo, sobre todo si han sido candidatos en su circunscripción. En otras cámaras, como el Parlament de Catalunya, en las últimas legislaturas ha sido habitual que los consellers renuncien a su acta de diputados y dejen paso al siguiente de la lista electoral. Los ex consellers también cobran una indemnización.
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