Antenor Maraví Izarra
El Parlamento, en cualquier país democrático, es por excelencia un lugar de diálogo, donde los representantes elegidos acceden a su respectivo curul, con el juramento de legislar, investigar, defender e impulsar con idoneidad, transparencia y honestidad el desarrollo social y económico del pueblo que los ungió como su representante. Empero, que paradójico y ruin, es la constatación de que ese alto honor que se les confiere se convierta en un recinto de oscuros y repugnantes conciliábulos político partidarias.
Antes que legislar y fiscalizar el adecuado uso y manejo de los fondos destinados al real desarrollo y servicio de la sociedad, la mayoría congresal, con honrosas excepciones prefirió zurcir sus bolsillos y dedicarse a sacar el mayor provecho posible de su permanencia parlamentaria, de cuyas resultantes el cuociente de sus gestiones fueron irrisorias e intrascendentes, en flagrante menoscabo a la majestad del cargo y el deber ineludible para los que fueron escogidos, que no es otro que defender los derechos del pueblo que los eligió.
En el caso específico del manejo y control de los fondos destinados a la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del 15 de Agosto, los representantes de Ica ante el parlamento, no solo enmudecieron y cerraron los ojos ante la manifiesta podredumbre de quienes festinaron con los diferentes donativos y las elevadas cifras presupuestarias destinadas por el Gobierno saliente, sino que, el sufrimiento y las innumerables quejas y súplicas de los damnificados, les importó un grano de comino.
Antes que promover esfuerzos y desplegar cruzadas de moralización y ejercer un estricto control de los fondos destinados para la defensa y protección de los cientos de miles de damnificados, brillaron por su pusilanimidad y ausencia de fiscalización de las innumerables fechorías en los que incurrieron los encargados de manejar los fondos destinados a socorrer a los damnificados y la construcción de diversas infraestructuras. Ni siquiera el voluminoso Informe de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República que presidió el ex parlamentario José vega Antonio, sensibilizó a nuestros congresistas por lo menos a alzar sus voces de protesta y exigencias de moralización y sanción a quienes supuestamente habrían incurrido en delitos contra la administración pública, tal como se especifican en los innumerables hallazgos, remarcados en las conclusiones que, hoy duermen en las calendas griegas.
Desde esta óptica, sin duda decepcionante, saludamos al nuevo equipo congresal de Ica, y en particular a la congresista Ana Jara Velásquez, por la reafirmación de su compromiso en la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad imperantes, y fundamentalmente por su sensibilidad en la defensa de los derechos humanos, pues una cualidad exclusiva del ser humano es su DIGNIDAD. Es decir, no puede ser utilizado ni marginado por otros, no puede ser cosificado, no es un medio sino un fin en si mismo.
Tanto el hombre como la mujer, por el simple hecho de ser seres humanos, son sujetos de derechos sin distinción, y como tal, es inconcebible que miles de damnificados por el terremoto, luego de cuatro años de vía crucis, aún sigan durmiendo en casuchas de esteras, abrazados a las almohadas de la indiferencia gubernamental saliente. Este nuevo Congreso, nos referimos especialmente a los representantes de Ica, tiene el deber de fiscalizar a todos, para cumplir no solo con la recuperación de la ética, sino su credibilidad y el cabal ejercicio de su función de control y contrapeso de poderes, al real servicio de la dignidad humana.
No es posible cerrar los ojos, más allá de los linderos palaciegos, hay un Perú que sufre.
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