Javier Torres Seoane
El Ministro de Defensa Antero Flores Araoz, ha señalado que exigir que las Fuerzas Armadas pidan perdón a las víctimas de diversos crímenes cometidos por sus miembros durante el conflicto armado que libró durante casi veinte años con Sendero Luminoso es “poner de rodillas” al Estado. El Ministro confunde al Estado Peruano del que somos parte todos los ciudadanos, con un grupo de oficiales y subalternos del Ejército que no tuvieron compasión para asesinar, torturar y desaparecer a hombres, mujeres y niños en diversas masacres ocurridas desde 1983, año en que el poder político les encargó la resolución del conflicto armado interno.
¿Por qué razón pedir perdón a los familiares de estas personas significa no reconocer el importante rol que cumplieron las Fuerzas Armadas en la derrota de Sendero Luminoso? Pareciera que algunos políticos como el Ministro de Defensa piensan que, preservando la impunidad de algunos criminales, se preserva el respeto por el orden y la autoridad, especialmente en circunstancias en que éstos son puestos en cuestión por una sociedad atravesada por conflictos de diverso tipo.
Pero se equivoca el Ministro, porque no se puede continuar guardando silencio frente a las enormes evidencias de casos como los de Chuschi o Castillo Páez que tienen sentencia confirmada en segunda instancia por la Corte Suprema de la República; o frente a aquellos como el caso La Cantuta en los que los testimonios de la mayoría de responsables han confirmado que, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se creó un destacamento al interior del Ejército Peruano cuya finalidad era cometer crímenes con el aval de los altos mandos militares. Lo cierto es que hasta el momento no hemos escuchado de parte de las fuerzas del orden un reconocimiento de que sus miembros cometieron graves violaciones a los derechos humanos, ni siquiera en casos tan graves como los de Putis o Los Cabitos, donde las recientes exhumaciones demuestran que los crímenes fueron cometidos dentro de las propias instalaciones militares.
Como bien sabe el país, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que, en algunos lugares y en algunos momentos del conflicto, se produjeron violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Sin embargo, el silencio institucional de las Fuerzas Armadas avalado por el Gobierno Nacional, nos lleva a pensar que ni siquiera ellos creen su teoría de los excesos aislados que siempre acaban utilizando para explicar estos crímenes. En realidad, con su silencio y su negativa a brindar la información que el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia requieren, las Fuerzas Armadas del Perú están perdiendo la gran oportunidad de enfrentar y cerrar una de las páginas más negras de nuestra historia, y de reconciliarse con todos aquellos peruanos y peruanas que sufrieron el maltrato y la vejación de sus derechos por parte de aquellos que tenían la obligación de protegerlos.
El terrorismo fue derrotado militar e ideológicamente en la década de los noventa y la mayoría de sus líderes han sido sentenciados a largas condenas por los terribles crímenes que promovieron y cometieron. Pasada más de una década del fin de la guerra es hora que la impunidad termine de una vez y para siempre en nuestro país.
¿Por qué razón pedir perdón a los familiares de estas personas significa no reconocer el importante rol que cumplieron las Fuerzas Armadas en la derrota de Sendero Luminoso? Pareciera que algunos políticos como el Ministro de Defensa piensan que, preservando la impunidad de algunos criminales, se preserva el respeto por el orden y la autoridad, especialmente en circunstancias en que éstos son puestos en cuestión por una sociedad atravesada por conflictos de diverso tipo.
Pero se equivoca el Ministro, porque no se puede continuar guardando silencio frente a las enormes evidencias de casos como los de Chuschi o Castillo Páez que tienen sentencia confirmada en segunda instancia por la Corte Suprema de la República; o frente a aquellos como el caso La Cantuta en los que los testimonios de la mayoría de responsables han confirmado que, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se creó un destacamento al interior del Ejército Peruano cuya finalidad era cometer crímenes con el aval de los altos mandos militares. Lo cierto es que hasta el momento no hemos escuchado de parte de las fuerzas del orden un reconocimiento de que sus miembros cometieron graves violaciones a los derechos humanos, ni siquiera en casos tan graves como los de Putis o Los Cabitos, donde las recientes exhumaciones demuestran que los crímenes fueron cometidos dentro de las propias instalaciones militares.
Como bien sabe el país, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que, en algunos lugares y en algunos momentos del conflicto, se produjeron violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Sin embargo, el silencio institucional de las Fuerzas Armadas avalado por el Gobierno Nacional, nos lleva a pensar que ni siquiera ellos creen su teoría de los excesos aislados que siempre acaban utilizando para explicar estos crímenes. En realidad, con su silencio y su negativa a brindar la información que el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia requieren, las Fuerzas Armadas del Perú están perdiendo la gran oportunidad de enfrentar y cerrar una de las páginas más negras de nuestra historia, y de reconciliarse con todos aquellos peruanos y peruanas que sufrieron el maltrato y la vejación de sus derechos por parte de aquellos que tenían la obligación de protegerlos.
El terrorismo fue derrotado militar e ideológicamente en la década de los noventa y la mayoría de sus líderes han sido sentenciados a largas condenas por los terribles crímenes que promovieron y cometieron. Pasada más de una década del fin de la guerra es hora que la impunidad termine de una vez y para siempre en nuestro país.
