Nelson Manrique
Varios hechos de la coyuntura –el intento del gobierno aprista de imponer a las comunidades campesinas leyes que faciliten el despojo de sus tierras; las declaraciones del vicepresidente Giampietri, del ministro Flores-Aráoz y el comentario al sesgo del cardenal Cipriani sobre la CVR; el ataque de Mercedes Cabanillas contra el viceminstro Vexler por los manuales educativos que dicen que tuvimos una “guerra interna”; el asalto fujimorista contra la conmemoración de la CVR– dicen bastante sobre quiénes nos gobiernan.El informe de la CVR sigue convocando las furias de sus afectados.
Es el caso del vicepresidente Giampietri, quien dirigió la toma del Pabellón Azul del Frontón (Informe CVR, volumen 7, p. 758), y en 1988 hizo declaraciones ante la justicia militar que incriminaban a Alan García, para después desdecirse.
El cardenal Cipriani, según el informe de la CVR, faltó a su deber y no defendió los derechos humanos de sus feligreses, cuando fue obispo de Ayacucho. Esto no impide que periódicamente opine sobre “esa cojudez”… los derechos humanos.
Las opiniones de Ántero Flores-Aráoz son coherentes con las expresiones que ya le conocemos: “¿Le vas a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el TLC?”. Si ese es el respeto que le merecen sus conciudadanos, ¿cómo esperar que crea que ellos tienen los derechos que suele otorgársele a un ser humano?Durante el periodo de la guerra interna tuvimos cerca de 70 mil muertos.
Eso supera las bajas de todas nuestras guerras externas, así que no sé de qué otra manera podría llamársele, aunque la expresión no le agrade a la congresista Cabanillas (¿o es Vexler quien no le gusta?). Y aparentemente el informe de la CVR se ha quedado corto: estimó 8,558 desaparecidos pero son cerca de 14 mil 900, según acaba de revelar José Pablo Baraybar, el director del Equipo Peruano de Antropología Forense, que trabaja con la Fiscalía en tareas de exhumación en los Andes. El horror de Putis y Accomarca multiplicado.
El racismo que permitió la tragedia que vivimos, en una guerra en que el 75% de las víctimas fueron indios, aunque estos representaban solo el 25% de nuestra población, sigue mostrando su sucia faz en las reacciones de nuestros gobernantes y eso muestra cuánto nos falta avanzar como país.
Algo similar sucede con las leyes que el Apra pretende imponer a las comunidades: si, como dicen, estas persiguen su progreso y su felicidad, ¿por qué no consultar su opinión a los interesados? Claro, sería como preguntarles sobre el TLC.
Y a los fujimoristas que profanaron el homenaje a las víctimas de la violencia solo queda agradecerles que nos recuerden qué es lo que representan. Ya saben, la memoria peruana es frágil…
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