Rodrigo Montoya Rojas
En 1984, el ejército peruano asesinó en Putis, una aldea quechua ayacuchana, a 123 personas identificadas por la Comisión de la Verdad y la reconciliación, CVR. Los reunió con el pretexto de protegerlos de Sendero Luminoso y de ayudarlos con una piscigranja para su “desarrollo”. Violaron a las mujeres antes de matarlas. Hubo 19 niños entre las víctimas. Les pidieron que cavaran una fosa grande y los enterraron. Esta es una historia como muchísimas otras. Basta leer el informe final de la CVR para conocer el horror producido por los dos bandos de la guerra.
24 años después, no hay una investigación sobre lo ocurrido en Putis. El Ejército y el Ministerio de Defensa se niegan a dar información alguna. Si todo sigue así, seguirá floreciendo la impunidad. Edwin Donayre, Comandante general del Ejército, se defiende diciendo: “Hay que tomar en cuenta el contexto en el que se produjeron esas muertes”. En otras palabras, lo que quería decir sería: “Era correcto matarlos porque eran terroristas y el presidente de la República había dado el encargo de acabar con el terrorismo para salvar la democracia”. Lo mismo ocurrió a mediados del siglo XVI cuando el cura Juan Ginés de Sepúlveda publicó su libro “Tratado de las justas causas de la guerra contra los indios”, para que los soldados, acaben con “los indios” por no ser cristianos y por no aceptar el dominio de los que se hacían llamar cristianos.
En el quinto aniversario de la entrega del Informe Final de la CVR, el Perú sigue reproduciendo sus fracturas profundas: “mis muertos”, “tus muertos”. ¿Cuántos podemos decir “nuestros muertos” hablando del Perú en general y reconociendo a los otros como parte de nosotros? Debiéramos estar de acuerdo en la defensa universal de los derechos humanos, de la vida, en particular, para no perderla en manos de los que con sus hechos gritan “viva la muerte”. Para los generales y su comando de civiles (fujimoristas, apristas, derechistas de todo pelaje y el catolicismo oficial) los únicos que tienen derechos humanos son los oficiales y soldados caídos. Los del otro bando no cuentan, menos los pueblos indígenas de los Andes y la Amazonía que pusieron las tres cuartas partes de los 70 mil muertos entre 1980 y 2,000. Como en el siglo XVI. Otra vez la escisión: “Mis derechos humanos”, “tus derechos humanos”. Pero los que niegan los derechos humanos de los otros son los primeros en hablar de la “reconciliación” entendida como perdón sin justicia y sin verdad. Por ese camino se cierran y reabren los ciclos de violencia, pero no terminan.
Cuando en el mundo andino preguntamos por los desaparecidos y por los responsables de las masacres como la de Putis, hasta las piedras nos responden, pero los generales no. Son sordos, ciegos, y no sienten, aunque alguno como el general Edwin Donayre habla quechua. Por ese camino la reconciliación es y será, simplemente, imposible.
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