Regiones dan el ejemplo

En el interior del país, los deudos de las víctimas del conflicto interno comienzan a recibir reparaciones gracias a mecanismos recomendados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que son activados por los gobiernos regionales, mientras el gobierno central sigue mirándose el ombligo.Los pies cortados y arrancados de su cuerpo, en el cráneo un orificio de bala, moretones en la espalda y más huellas de tortura en el pecho; tal era, en junio de 1990, el estado del cuerpo lacerado de Jaime Cerrón Palomino, ex vicerrector de la Universidad Nacional del Centro, asesinado por integrantes del comando Escorpio.

Los familiares del profesor Cerrón no han recibido compensación económica alguna por su ser querido, tampoco la quieren. Aún están a la espera de una sentencia judicial, pero se sienten orgullosos del monumento en honor a los desaparecidos y otras reparaciones colectivas que el gobierno de su región viene entregando desde hace algunos meses.

Pero sobretodo, los hijos del profesor Cerrón están contentos con el mayor homenaje a su padre. El Instituto Superior Tecnológico de Chongos Bajo, en Junín, lleva su nombre: “Jaime Cerrón Palomino”. Con esta iniciativa han reparado su memoria.En diciembre de 2005 se creó el Consejo Regional de Reparaciones de Junín.

Desde entonces, dicha oficina, con muchos problemas a cuestas, hace los mejores intentos por establecer espacios de concertación para implementar actividades de reparaciones con las organizaciones de afectados por la violencia.

En Ayacucho

En la vía Los Libertadores, camino a Ayacucho, la desidia del gobierno central avanza y no paga peaje. Sin embargo, los integrantes del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), con el apoyo de las autoridades regionales, buscan cadáveres para entregarlos a sus familiares y así restituir el alma de miles de ayacuchanos que perdieron a sus familiares y hasta ahora no saben qué pasó con ellos.Según el presidente del EPAF, José Pablo Baráybar, el hallazgo y entrega de restos da respuestas a la gente.

“Las personas estaban en un limbo por no saber donde se encontraban sus familiares. Hallar los restos para darles sepultura es vital, es terminar con años de zozobra y confusión”, explica Baráybar. Afirma que sin el apoyo del gobierno central se corre el riesgo de no restaurar jamás la memoria de las personas “pues la gente, los testigos, ya se están muriendo y pronto no quedará madre alguna que pueda identificar a su hijo.

¿Cómo reparas a una persona muerta, cómo reparas a un desaparecido? Son cosas que sólo pueden ser resarcidas hallando los cuerpos, porque no puedes reparar si no has determinado antes el daño causado”, dice el forense.

El apoyo de la región Ayacucho a la formación de una Oficina de Personas Desaparecidas comenzó durante la gestión anterior, aunque casi todo se mantiene en ideas por falta de presupuesto. Por eso, el trabajo del EPAF y el gobierno regional parece más una labor humanitaria que una faena formal.

“Lo más importante es hacer respetar el derecho al saber que tienen las familias, para terminar con una generación que vive con traumas”, sentencia Baráybar, para quien la reparación moral de una persona es mucho más valiosa que la entrega de un cheque o la sentencia de un tribunal.

En Apurímac

Mientras tanto, en Apurimac las autoridades locales y organizaciones sociales se han unido para crear su propio registro de víctimas y hallar maneras creativas de reparar a los deudos. La lista oficial ha crecido.

Ember Quinteros, representante de APRODEH en Apurimac, explica que desde el 2005 los pobladores tienen voz y voto en el Presupuesto Participativo en provincias y distritos, que se organizan talleres educativos en diversas provincias con la finalidad de aprender de lo vivido y no dejar que se repita.

El gobierno regional de Apurimac también se está preocupando por el fortalecimiento de las organizaciones sociales.

“No se cuenta con mucho dinero, pero lo más importante es la decisión política de las autoridades para aplicar reparaciones simbólicas, reparaciones morales, a parte de lo económico, que sin duda es importante”, destaca Quinteros, quien recuerda la inauguración de una réplica del monumento El Ojo que llora en el distrito de Coraya.De esta manera, aunque de a pocos y con la ausencia del Estado, en las regiones se levantan proyectos y se concretan ideas que sirven para aplicar las recomendaciones de la CVR.

Secuelas de la violencia política

El undécimo informe anual de la Defensoría del Pueblo destaca el inicio del Programa de Reparaciones Colectivas, que beneficiará a 440 comunidades campesinas y nativas de las regiones más afectadas por la violencia. Sin embargo, hasta diciembre de 2007, debido a que el Consejo de Reparaciones no elaboró el Registro Único de Víctimas, se encuentra pendiente la atención de los otros cinco componentes de reparación: salud, educación, acceso habitacional, restitución de derechos y reparaciones económicas. En 2007, detalla el documento, la supervisión del proceso de judicialización de violaciones de los derechos humanos identificó diversos problemas, como la demora de las investigaciones fiscales y judiciales. Así, de los 59 casos presentados por la CVR y la Defensoría del Pueblo, 26 continúan en investigación preliminar. El año pasado, la Sala Penal Nacional resolvió 97 solicitudes y se entregaron 47 constancias de ausencia a los familiares de las víctimas, lo que suma un total de 744 solicitudes resueltas y 60 constancias entregadas. Cabe señalar que las investigaciones realizadas también propiciaron tres reencuentros de familias que habían sido separadas debido al contexto de violencia.

Marcelo Puelles