Rascando el concolón

La transparencia y el acceso a la información pública.

Augusto Álvarez Rodrich

Varios parlamentarios siguen dilapidando el escaso prestigio que le queda al Congreso a través del aprovechamiento particular de sus recursos. Se necesita un buen torniquete que contenga esta hemorragia de desvergüenza que mella la salud de nuestra democracia.
Las últimas pillerías que han maltratado la imagen de este poder del Estado son la del congresista José Oriol Anaya –el 'comepollos’ de tres mil soles–, así como la sanción propuesta por la Comisión de Ética para la congresista Margarita Sucari de solo 60 días por 'mocharle’ el sobre a una trabajadora de su despacho, supuestamente para beneficiar a otro empleado que –¡oh sorpresa!– hasta ahora no aparece.

Las fechorías menudas de estos pirañitas de escaño y corbata, pero –más grave aún– la reacción de otorongo de sus colegas cuando los ampayan con las manos en el curul, son los factores principales que explican el 9% que aprueba y el 84% que desaprueba, a nivel nacional, según Ipsos-Apoyo, al Congreso.

Sin embargo, casos como los de Anaya y Sucari, o los de Tula Benites y Elsa Canchaya, o las tantas otras modalidades similares para el 'choreo’ sistemático de dinero del Congreso realizadas por sus colegas –aunque provoca decir 'compinches’–, apuntan al 'sencillo’, al gasto operativo, a unos cuantos soles al mes por empleados fantasmas, pero no al 'premio mayor’.

Es decir, al concolón que se rasca en una olla por la que ya han pasado antes otros por el manjar principal de este banquete nefasto.

Es obvio que si un congresista está dispuesto a embolsicarse unos cuantos soles de gastos operativos ficticios, va a estar disponible para que le rompan la mano por un monto mucho mayor para, por ejemplo, votar por una ley con nombre propio, un delito del cual, con frecuencia, no quedan rastros.

Peor aún, es muy probable que el 'dinero mayor’ de la corrupción no esté en el Congreso, sino en las entidades que ejecutan el gasto y la inversión, lo cual es mucho más difícil de rastrear.

Por ello, es una lástima el fracaso de la ONA, lo que implica la necesidad de reforzar los mecanismos de control de la sociedad civil como, por ejemplo, los que otorga la ley de transparencia y acceso a la información pública.