Por. Antenor Maraví Izarra
La reciente difusión de los denominados “Petroaudios” y los consiguientes salpicones a las esferas gubernamentales del aprismo, así como de los actuales mandamases del diario El Comercio que prohibieron la difusión de este material periodístico, aduciendo que tenía un origen ilegal, pero y aún así, el Grupo América Televisión, en el programa Cuarto Poder, venciendo los aires enrarecidos que sigue rondando sus feudos, decidió divulgar este hallazgo de indudable tráfico de influencias e inocultables indicios de corrupción perpetrados por viejos rostros y nefastos amigotes de faenones pasados del primer gobierno del Presidente García. Los estertores de esta difusión no sólo sacudieron las entrañas palaciegas, causando entre otros la caída del Gabinete Ministerial, sino también la destitución de los periodistas Fernando Ampuero y Pablo O’brein, ex jefe e integrante de la Unidad de Investigación, respectivamente, del llamado diario decano de la prensa escrita del país.
Igual suerte corrió el combativo director del diario “Perú 21”, Augusto Alvarez Rodrich, quien acompañado por el equipo de columnistas, - con quiénes libró y señaló rumbos en la defensa de los valores morales y éticos, y fundamentalmente por haber apostado por un periodismo crítico al servicio de las causas más nobles del país – fueron obligados a mudarse a otras colinas de combate y desde allí a seguir oteando la marcha de este Perú que tanto nos sigue doliendo, donde a pesar de las salmodias oficialistas, como en el viejo poema de Francisco Quevedo y Villegas, la libertad se encuentra encarcelada y las letras y voces del periodismo siguen danzando como almas en pena.
Estos hechos nos hicieron recordar los viejos tiempos de Pedro Beltrán, en los que los dueños de las empresas periodísticas y las radio emisoras de la vieja plutocracia limeña, manejaban a los hombres y mujeres de la prensa escrita y hablada, regimentados a cadenas y los peroles del oficialismo, impuestos por esa derecha cavernaria donde la libertad de expresión y opinión por lo general se manejaban encapsuladas a los caprichos unipersonales de los dueños, sujetos a las lonjas de la publicidad estatal.
Frente a estos viejos parapetos de mordaza, impuestos por el neoliberalismo, a pesar de encontrarse en crisis mundial, extrañamente cuasi delirante el presidente García ha redoblado con más fuerza su vocación de martillero ofertando al mundo, el oro y el moro del país, incluido en ellos hasta las zonas limítrofes y áreas estratégicas de la seguridad nacional, amén de las cortinas de humo que distorsionan las innumerables denuncias de corrupción que siguen vivitas y coleando a lo largo y ancho del país, así como las constantes amenazas a los dirigentes políticos y líderes del Perú profundo, por lo que es menester levantar la voz y reafirmar las organizaciones sociales de base, pues el cerco de la intolerancia antidemocrática y la fiebre mercantilista de nuestros gobernantes se agrandan cada vez más en contra de las justas exigencias del pueblo peruano y la ausencia de salvaguarda y defensa de la soberanía nacional.
En esta realidad, los medios de comunicación son los que principalmente deben de ejercer la tarea de informar con veracidad a la opinión pública del acontecer diario en el debate nacional, de los interminables procesos y variadas demandas del pueblo, el accionar de los gobernantes descentralizados y los funcionarios de la administración pública sobre el buen y mal manejo que hacen de los recursos asignados. Además, son los medios de comunicación los que mueven y deben despertar la conciencia de la opinión pública, orientándola hacia los valores cívicos que contribuyan a reforzar justamente el sentido de la democracia y el bien común de la sociedad. Por lo tanto, cualquier indicio de corrupción e ingobernabilidad deben ser investigados y sancionados sin miramientos, las ratas, duela a quien les duela deben ser ejemplarmente sancionadas y no cebadas en urnas llenas de privilegios y las orlas almibaradas del presidente, que por ratos suele gritar sus ansias moralizadoras.
Deberes y obligaciones del derecho a la información
En este contexto, igualmente cabe señalar que los gobernantes de turno de aquí y acullá, tienen el deber de hacer respetar y convertir en realidad esa libertad de expresión, de manera que se garantice el real ejercicio democrático, sin censuras y cortapisas ni exclusiones en el deber de informar y en la distribución de la publicidad oficial por parte del Estado. Los únicos límites permitidos al ejercicio de esta libertad de expresión y opinión son los que protegen la vida privada e integridad de las personas.
Los periodistas acostumbrados a compartir los sahumerios palaciegos tienen que poner las barbas en remojo y sumarse a aquellos que no tienen rabos de paja, y como tal gozan de solvencia moral y construyen admirablemente día a día ese país soñado por nuestros padres, sin distingos ni abdicaciones, en este orden ningún medio debe convertirse en caja de resonancia del poder ni abdicar de su sentido fiscalizador y crítico, y tampoco olvidar que la prensa tiene el deber de entender y atender las demandas plurales de la sociedad civil.
Y recordar que todo derecho genera un deber de responsabilidad en el ejercicio de ese derecho, esa responsabilidad recae, no sólo en el Director de la publicación, sino en todos los periodistas que intervienen en ella. Como alguna vez señalara el premio nobel español Camilo José Cela, “siempre debemos recordar que el periodismo y ese derecho del pueblo a la expresión y la opinión, no es el eje de nada sino el eco de todo”, en la búsqueda de la verdad, la libertad y la defensa de la dignidad del ser humano, en la construcción de un país más equitativo y solidario, en paz y democracia, tal como fueron proclamadas como derechos inalienables hace 60 años en la Declaración Universal de los DDHH, en la histórica Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 e incorporada en años sucesivos a la legislación interna de los países signatarios, entre ellos el Perú.
Frescas aún están en la memoria nacional, los nauseabundos años de la década del 90 manejados por la red fujimontesinista, donde entre otros, los medios de comunicación, especialmente la Televisión, fueron sometidos por el peso de las rumas de dólares que recibieron a manos llenas los empresarios. En aquellos años no sólo las líneas editoriales, sino también las informaciones cotidianas se convirtieron en cernidores de halagos, silencios cómplices y alienantes informaciones, al servicio de la dictadura.
En esta feria de mercaderes y gonfaloneros, los poderes del Estado no sólo doblegaron sus atribuciones sino que se convirtieron en entes decorativos y serviles a la mafia imperante, en cuyo ínterin tal como se evidencia en los “Vladivideos”, la denominada libertad de opinión de los periodistas fue literalmente sometida a la fuerza avasalladora y monocorde de la corrupción y la impunidad impuesta por el oficialismo de aquellos años asfixiantes. Los periodistas que se atrevieron a hablar en lenguaje diferente, fueron víctimas de despidos arbitrarios, abusos patronales, incumplimiento de pagos de beneficios sociales, sin embargo, no faltaron quienes desde las revistas y columnas de opinión y de investigación de los periódicos independientes, siempre lucharon en contra de esta época oscurantista, nunca doblegaron la cerviz frente a los constantes y flagrantes atropellos a los derechos humanos, entre ellos la libertad de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento, por cualquier medio (de comunicación social).
En esta feria de mercaderes y gonfaloneros, los poderes del Estado no sólo doblegaron sus atribuciones sino que se convirtieron en entes decorativos y serviles a la mafia imperante, en cuyo ínterin tal como se evidencia en los “Vladivideos”, la denominada libertad de opinión de los periodistas fue literalmente sometida a la fuerza avasalladora y monocorde de la corrupción y la impunidad impuesta por el oficialismo de aquellos años asfixiantes. Los periodistas que se atrevieron a hablar en lenguaje diferente, fueron víctimas de despidos arbitrarios, abusos patronales, incumplimiento de pagos de beneficios sociales, sin embargo, no faltaron quienes desde las revistas y columnas de opinión y de investigación de los periódicos independientes, siempre lucharon en contra de esta época oscurantista, nunca doblegaron la cerviz frente a los constantes y flagrantes atropellos a los derechos humanos, entre ellos la libertad de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento, por cualquier medio (de comunicación social).
Los petroaudios de la corrupció aprista
La reciente difusión de los denominados “Petroaudios” y los consiguientes salpicones a las esferas gubernamentales del aprismo, así como de los actuales mandamases del diario El Comercio que prohibieron la difusión de este material periodístico, aduciendo que tenía un origen ilegal, pero y aún así, el Grupo América Televisión, en el programa Cuarto Poder, venciendo los aires enrarecidos que sigue rondando sus feudos, decidió divulgar este hallazgo de indudable tráfico de influencias e inocultables indicios de corrupción perpetrados por viejos rostros y nefastos amigotes de faenones pasados del primer gobierno del Presidente García. Los estertores de esta difusión no sólo sacudieron las entrañas palaciegas, causando entre otros la caída del Gabinete Ministerial, sino también la destitución de los periodistas Fernando Ampuero y Pablo O’brein, ex jefe e integrante de la Unidad de Investigación, respectivamente, del llamado diario decano de la prensa escrita del país.
Igual suerte corrió el combativo director del diario “Perú 21”, Augusto Alvarez Rodrich, quien acompañado por el equipo de columnistas, - con quiénes libró y señaló rumbos en la defensa de los valores morales y éticos, y fundamentalmente por haber apostado por un periodismo crítico al servicio de las causas más nobles del país – fueron obligados a mudarse a otras colinas de combate y desde allí a seguir oteando la marcha de este Perú que tanto nos sigue doliendo, donde a pesar de las salmodias oficialistas, como en el viejo poema de Francisco Quevedo y Villegas, la libertad se encuentra encarcelada y las letras y voces del periodismo siguen danzando como almas en pena.
Estos hechos nos hicieron recordar los viejos tiempos de Pedro Beltrán, en los que los dueños de las empresas periodísticas y las radio emisoras de la vieja plutocracia limeña, manejaban a los hombres y mujeres de la prensa escrita y hablada, regimentados a cadenas y los peroles del oficialismo, impuestos por esa derecha cavernaria donde la libertad de expresión y opinión por lo general se manejaban encapsuladas a los caprichos unipersonales de los dueños, sujetos a las lonjas de la publicidad estatal.
Frente a estos viejos parapetos de mordaza, impuestos por el neoliberalismo, a pesar de encontrarse en crisis mundial, extrañamente cuasi delirante el presidente García ha redoblado con más fuerza su vocación de martillero ofertando al mundo, el oro y el moro del país, incluido en ellos hasta las zonas limítrofes y áreas estratégicas de la seguridad nacional, amén de las cortinas de humo que distorsionan las innumerables denuncias de corrupción que siguen vivitas y coleando a lo largo y ancho del país, así como las constantes amenazas a los dirigentes políticos y líderes del Perú profundo, por lo que es menester levantar la voz y reafirmar las organizaciones sociales de base, pues el cerco de la intolerancia antidemocrática y la fiebre mercantilista de nuestros gobernantes se agrandan cada vez más en contra de las justas exigencias del pueblo peruano y la ausencia de salvaguarda y defensa de la soberanía nacional.
En esta realidad, los medios de comunicación son los que principalmente deben de ejercer la tarea de informar con veracidad a la opinión pública del acontecer diario en el debate nacional, de los interminables procesos y variadas demandas del pueblo, el accionar de los gobernantes descentralizados y los funcionarios de la administración pública sobre el buen y mal manejo que hacen de los recursos asignados. Además, son los medios de comunicación los que mueven y deben despertar la conciencia de la opinión pública, orientándola hacia los valores cívicos que contribuyan a reforzar justamente el sentido de la democracia y el bien común de la sociedad. Por lo tanto, cualquier indicio de corrupción e ingobernabilidad deben ser investigados y sancionados sin miramientos, las ratas, duela a quien les duela deben ser ejemplarmente sancionadas y no cebadas en urnas llenas de privilegios y las orlas almibaradas del presidente, que por ratos suele gritar sus ansias moralizadoras.
Deberes y obligaciones del derecho a la información
En este contexto, igualmente cabe señalar que los gobernantes de turno de aquí y acullá, tienen el deber de hacer respetar y convertir en realidad esa libertad de expresión, de manera que se garantice el real ejercicio democrático, sin censuras y cortapisas ni exclusiones en el deber de informar y en la distribución de la publicidad oficial por parte del Estado. Los únicos límites permitidos al ejercicio de esta libertad de expresión y opinión son los que protegen la vida privada e integridad de las personas.
Los periodistas acostumbrados a compartir los sahumerios palaciegos tienen que poner las barbas en remojo y sumarse a aquellos que no tienen rabos de paja, y como tal gozan de solvencia moral y construyen admirablemente día a día ese país soñado por nuestros padres, sin distingos ni abdicaciones, en este orden ningún medio debe convertirse en caja de resonancia del poder ni abdicar de su sentido fiscalizador y crítico, y tampoco olvidar que la prensa tiene el deber de entender y atender las demandas plurales de la sociedad civil.
Y recordar que todo derecho genera un deber de responsabilidad en el ejercicio de ese derecho, esa responsabilidad recae, no sólo en el Director de la publicación, sino en todos los periodistas que intervienen en ella. Como alguna vez señalara el premio nobel español Camilo José Cela, “siempre debemos recordar que el periodismo y ese derecho del pueblo a la expresión y la opinión, no es el eje de nada sino el eco de todo”, en la búsqueda de la verdad, la libertad y la defensa de la dignidad del ser humano, en la construcción de un país más equitativo y solidario, en paz y democracia, tal como fueron proclamadas como derechos inalienables hace 60 años en la Declaración Universal de los DDHH, en la histórica Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 e incorporada en años sucesivos a la legislación interna de los países signatarios, entre ellos el Perú.
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