Accomarca:
Las heridas siguen abiertas.JPG)
Antenor Maraví Izarra
A seis años y medio de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), sobre los dolorosos hechos de violencia ocurridos en el país entre los años 1980 y 2000, escasamente uno o dos de los 47 casos judicializables, entregados a la Fiscalía de la Nación, cuenta con sentencia.
La mayoría de los casos denunciados, siguen durmiendo abrazados a la inoperancia y la impunidad, en cuyas entrañas las heridas y el dolor constante de los familiares, todos los días confrontan incesantes avatares en los vericuetos de la justicia peruana, en rituales súplicas como si estuvieran escenificando el poema los heraldos negros de César vallejo.
En esta realidad doliente, llena de andamiajes y sumisiones, de amenazas constantes y ausencia de firmeza institucional, a pesar de las iras y fantasmas de los mandamases de turno, el caso Accomarca es emblemático en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad, en cuyo accionar, la Fiscal Provisional de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, Cristina Olazábal Ochoa es la abanderada, quien a pesar
de su provisionalidad en el cargo, en todo momento supo mantenerse firme casi a pie juntillas, heroicamente aferrada en la búsqueda de la verdad y la justicia.
¿Quién es Cristina Olazábal, y por qué la Fiscal de la Nación después de 5 años declara fundada la denuncia del Presidente García en su contra por el presunto delito de prevaricato?
Nació en Lima, sus padres son Leocadio Olazábal y Cristina Ochoa, procedentes de las provincias Aymaraes-Apurímac y Cuzco, respectivamente. Es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hace 14 años vive en la región Ayacucho, en ese espacio de vida activa aprendió a amar las melodías llenas de tristeza del wayno huamanguino, aprendió a admirar en silencio la solemne y siempre piadosa presencia de la madre Covadonga y sus niños huérfanos, fruto de la violencia política que asoló dramáticamente gran parte de Ayacucho.
En el Ministerio Público, inició sus servicios profesionales como Fiscal provincial Mixta de Víctor Fajardo y Cangallo, y en Febrero de 2003 es reasignada de la Fiscalía Penal como Fiscal Penal Provincial de la 2da Fiscalía de Ayacucho y encargada de la Fiscalía de Desaparición Forzada, Ejecución Extrajudicial y Exhumación de Fosas clandestinas, el mismo año en reconocimiento a su positiva labor es promovida como Fiscal Provincial de Derechos Humanos, hasta el mes de Octubre de 2006, fecha en que sorpresivamente es designada en cargo inferior como Fiscal Adjunta, supuestamente por haber formalizado la denuncia contra el Presidente Alan García el 2005 por presunto delito de genocidio por la matanza de 69 campesinos de la comunidad de Accomarca, ocurrida el año 1985, durante su primer gobierno, lo que a su vez motivó que el Presidente García presentara una acción legal en su contra por delito de prevaricato, con el argumento de que el delito de genocidio no estaba tipificado en la ley nacional.
De cuyas resultas, después de cinco años, con fecha de 5 de Enero del presente año extrañamente la Fiscalía de la Nación, en una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, mediante la cual declara fundada la denuncia interpuesta por el Presidente García en contra de esta distinguida magistrada. Empero, paradójicamente, esta Fiscal ha sido tantas veces honrada y reconocida públicamente como una funcionaria idónea y honesta, además de eficiente e imparcial, y como tal, su positivo desempeño profesional, a pesar de todo sigue honrando la imagen del propio Ministerio Público.
La ausencia de reconocimiento y falta de apoyo a su ejemplar labor, debe ser tomada como un duro golpe a la lucha por la justicia, asimismo, a contracorriente la reciente decisión de refrendar la queja presidencial tiene un olor de advertencia tanto al Ministerio Público y el Poder Judicial, que tienen el deber de actuar de acuerdo con las recomendaciones del Informe Final de la CVR, para que sigan trabajando con pies de plomo, para el beneplácito de la impunidad y la incuria imperante en estos fueros.
Absurda Intromisión y persecución
Esta valiente magistrada, además de los casos de Cayara, Putis, Los cabitos etc, fue quien investigó y formuló la denuncia contra Abimael Guzmán en el caso de Lucanamarca, la misma que terminó en una condena contra el líder senderista. Por ello resulta inconcebible que una fiscal con tanto conocimiento y valor sea ahora denunciada por su labor en el caso Accomarca, en donde ocurrieron hechos que comprometen al Presidente García en su primer gobierno.
Se puede discrepar sobre los conceptos de genocidio, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que son considerados crímenes en el derecho penal internacional, y que la fiscal Olazábal usó como fundamento en su denuncia, pero lo que no se puede hacer es someterla a un juzgamiento precisamente por investigar y buscar sanción a las personas que cometieron dichos crímenes. Estamos entonces ante un flagrante caso de intromisión y persecución a la labor de búsqueda de la verdad y justicia en protección de los derechos humanos.
Accomarca: Una verdad que nos interpela a todos
El 14 de Agosto de 1985, a escasas dos semanas de haber asumido el mando de su primer gobierno el actual Presidente de la República, en horas de la mañana, incursionaron las patrullas Lince 6 y Lince 7 a cargo de los oficiales Juan Elías Rivera Rondón y Telmo Hurtado Hurtado, a la comunidad campesina de Accomarca, ubicada en la provincia Vilcashuamán, con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Operativo “Huancayocc” aprobado por las máximas autoridades del Comando Político Militar de Ayacucho. Este operativo militar tenía como objetivo “capturar y/o destruir a los supuestos subversivos y/o cómplices existentes en la quebrada de Accomarca. Para la consecución de la misión participaron cuatro patrullas, dos ingresarían a la comunidad y las otras dos (Patrullas Lobo y Tigre) cerrarían las posibles rutas de escape.
Al promediar las 8.30 de la mañana, los militares que incursionaron el lugar, reunieron a más de 60 personas en la zona de Lloccllapampa, en el lugar denominado Hatunpampa. A los varones los encerraron en la casa del campesino Cipriano Gamboa, no sin antes golpearlos; mientras a las mujeres y niños los encerraron en la casa del comunero César Gamboa, previamente las mujeres fueron conducidas a unos arbustos donde fueron ultrajadas sexualmente. Luego los militares en voz alta los acusaron de terroristas a los campesinos que se hallaban encerrados, procediendo a dispararlos. Los gritos fueron desgarradores tanto de hombres, mujeres y niños. En medio del estruendo de las balas procedieron a incendiar las casas y luego lanzar granadas de guerra.
Siendo aproximadamente las cuatro de la tarde, los efectivos militares procedieron a retirarse. Los pobladores que habían logrado escapar de la matanza y que se encontraban escondidos por los matorrales, se acercaron al lugar de los hechos, siendo testigos de excepción de las espeluznantes escenas, que finalmente se hicieron públicas un mes después.
Esta es la verdad monda y lironda de este genocidio que este año cumple 25 años, al que, tanto militares, los gobernantes y los congresistas de entonces no le dieron la debida importancia, igual que ahora. ¿Es posible mantenerse indiferentes ante tanta vesanía?. Cuanta razón tuvo Sebastián Salazar Bondy en su poema “Todo esto es mi país”: Mi país es un lecho de espinas, de caricias de fieras,/de muchedumbres quejumbrosas e incesantes sombras de dolor, que los gobernantes no quieren ver/mi país es un corazón clavado a martillazos/donde la luz es secuestrada todos los días,/por densos nubarrones que atormentan el alma./Mi país son los mendigos, los mercaderes y a veces las autoridades/ que en nombre de la democracia suelen bailar en el cernidor de la impunidad.
Qué hacer ante esta herida que sigue abierta?
Como alguna vez, señalara visionariamente Susana Villarán, cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde; a cada quien el juicio claro y transparente y el castigo ejemplar. Ningún asesinato tiene justificación. No existen varas diferentes para medir a unos y a otros; es eso precisamente, lo que le otorga radicalidad a la justicia y superioridad ética a los que queremos vivir en un estado de derecho, en el que cada vida sea protegida y cuidada. Una nación tan afectada por la violencia como la nuestra, no podrá reconciliarse sino es en base a la verdad y justicia.
Esa búsqueda es, para que nunca más vuelva a repetirse en el país, casos como Cayara, Putis, Pucayacu, Los Cabitos, Lucanamarca etc.,para sacar lecciones; pero también para hablar en voz alta ante la mirada indiferente o las iras de quienes quisieran que no hablemos, en todo caso, la sombra de ese pasado y de quienes hoy buscan trastocar las normas legales, nos exigen demandar por un presente diferente en la búsqueda de un futuro de plena justicia, donde siempre será menester contar con la presencia de magistrados como Cristina Olazábal y Avelino Guillén, y otros tantos que laboran al interior del país, pese a los escarnios de los que fueron y siguen siendo víctimas.
La mayoría de los casos denunciados, siguen durmiendo abrazados a la inoperancia y la impunidad, en cuyas entrañas las heridas y el dolor constante de los familiares, todos los días confrontan incesantes avatares en los vericuetos de la justicia peruana, en rituales súplicas como si estuvieran escenificando el poema los heraldos negros de César vallejo.
En esta realidad doliente, llena de andamiajes y sumisiones, de amenazas constantes y ausencia de firmeza institucional, a pesar de las iras y fantasmas de los mandamases de turno, el caso Accomarca es emblemático en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad, en cuyo accionar, la Fiscal Provisional de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, Cristina Olazábal Ochoa es la abanderada, quien a pesar
de su provisionalidad en el cargo, en todo momento supo mantenerse firme casi a pie juntillas, heroicamente aferrada en la búsqueda de la verdad y la justicia.
¿Quién es Cristina Olazábal, y por qué la Fiscal de la Nación después de 5 años declara fundada la denuncia del Presidente García en su contra por el presunto delito de prevaricato?
Nació en Lima, sus padres son Leocadio Olazábal y Cristina Ochoa, procedentes de las provincias Aymaraes-Apurímac y Cuzco, respectivamente. Es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hace 14 años vive en la región Ayacucho, en ese espacio de vida activa aprendió a amar las melodías llenas de tristeza del wayno huamanguino, aprendió a admirar en silencio la solemne y siempre piadosa presencia de la madre Covadonga y sus niños huérfanos, fruto de la violencia política que asoló dramáticamente gran parte de Ayacucho.
En el Ministerio Público, inició sus servicios profesionales como Fiscal provincial Mixta de Víctor Fajardo y Cangallo, y en Febrero de 2003 es reasignada de la Fiscalía Penal como Fiscal Penal Provincial de la 2da Fiscalía de Ayacucho y encargada de la Fiscalía de Desaparición Forzada, Ejecución Extrajudicial y Exhumación de Fosas clandestinas, el mismo año en reconocimiento a su positiva labor es promovida como Fiscal Provincial de Derechos Humanos, hasta el mes de Octubre de 2006, fecha en que sorpresivamente es designada en cargo inferior como Fiscal Adjunta, supuestamente por haber formalizado la denuncia contra el Presidente Alan García el 2005 por presunto delito de genocidio por la matanza de 69 campesinos de la comunidad de Accomarca, ocurrida el año 1985, durante su primer gobierno, lo que a su vez motivó que el Presidente García presentara una acción legal en su contra por delito de prevaricato, con el argumento de que el delito de genocidio no estaba tipificado en la ley nacional.
De cuyas resultas, después de cinco años, con fecha de 5 de Enero del presente año extrañamente la Fiscalía de la Nación, en una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, mediante la cual declara fundada la denuncia interpuesta por el Presidente García en contra de esta distinguida magistrada. Empero, paradójicamente, esta Fiscal ha sido tantas veces honrada y reconocida públicamente como una funcionaria idónea y honesta, además de eficiente e imparcial, y como tal, su positivo desempeño profesional, a pesar de todo sigue honrando la imagen del propio Ministerio Público.
La ausencia de reconocimiento y falta de apoyo a su ejemplar labor, debe ser tomada como un duro golpe a la lucha por la justicia, asimismo, a contracorriente la reciente decisión de refrendar la queja presidencial tiene un olor de advertencia tanto al Ministerio Público y el Poder Judicial, que tienen el deber de actuar de acuerdo con las recomendaciones del Informe Final de la CVR, para que sigan trabajando con pies de plomo, para el beneplácito de la impunidad y la incuria imperante en estos fueros.
Absurda Intromisión y persecución
Esta valiente magistrada, además de los casos de Cayara, Putis, Los cabitos etc, fue quien investigó y formuló la denuncia contra Abimael Guzmán en el caso de Lucanamarca, la misma que terminó en una condena contra el líder senderista. Por ello resulta inconcebible que una fiscal con tanto conocimiento y valor sea ahora denunciada por su labor en el caso Accomarca, en donde ocurrieron hechos que comprometen al Presidente García en su primer gobierno.
Se puede discrepar sobre los conceptos de genocidio, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que son considerados crímenes en el derecho penal internacional, y que la fiscal Olazábal usó como fundamento en su denuncia, pero lo que no se puede hacer es someterla a un juzgamiento precisamente por investigar y buscar sanción a las personas que cometieron dichos crímenes. Estamos entonces ante un flagrante caso de intromisión y persecución a la labor de búsqueda de la verdad y justicia en protección de los derechos humanos.
Accomarca: Una verdad que nos interpela a todos
El 14 de Agosto de 1985, a escasas dos semanas de haber asumido el mando de su primer gobierno el actual Presidente de la República, en horas de la mañana, incursionaron las patrullas Lince 6 y Lince 7 a cargo de los oficiales Juan Elías Rivera Rondón y Telmo Hurtado Hurtado, a la comunidad campesina de Accomarca, ubicada en la provincia Vilcashuamán, con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Operativo “Huancayocc” aprobado por las máximas autoridades del Comando Político Militar de Ayacucho. Este operativo militar tenía como objetivo “capturar y/o destruir a los supuestos subversivos y/o cómplices existentes en la quebrada de Accomarca. Para la consecución de la misión participaron cuatro patrullas, dos ingresarían a la comunidad y las otras dos (Patrullas Lobo y Tigre) cerrarían las posibles rutas de escape.
Al promediar las 8.30 de la mañana, los militares que incursionaron el lugar, reunieron a más de 60 personas en la zona de Lloccllapampa, en el lugar denominado Hatunpampa. A los varones los encerraron en la casa del campesino Cipriano Gamboa, no sin antes golpearlos; mientras a las mujeres y niños los encerraron en la casa del comunero César Gamboa, previamente las mujeres fueron conducidas a unos arbustos donde fueron ultrajadas sexualmente. Luego los militares en voz alta los acusaron de terroristas a los campesinos que se hallaban encerrados, procediendo a dispararlos. Los gritos fueron desgarradores tanto de hombres, mujeres y niños. En medio del estruendo de las balas procedieron a incendiar las casas y luego lanzar granadas de guerra.
Siendo aproximadamente las cuatro de la tarde, los efectivos militares procedieron a retirarse. Los pobladores que habían logrado escapar de la matanza y que se encontraban escondidos por los matorrales, se acercaron al lugar de los hechos, siendo testigos de excepción de las espeluznantes escenas, que finalmente se hicieron públicas un mes después.
Esta es la verdad monda y lironda de este genocidio que este año cumple 25 años, al que, tanto militares, los gobernantes y los congresistas de entonces no le dieron la debida importancia, igual que ahora. ¿Es posible mantenerse indiferentes ante tanta vesanía?. Cuanta razón tuvo Sebastián Salazar Bondy en su poema “Todo esto es mi país”: Mi país es un lecho de espinas, de caricias de fieras,/de muchedumbres quejumbrosas e incesantes sombras de dolor, que los gobernantes no quieren ver/mi país es un corazón clavado a martillazos/donde la luz es secuestrada todos los días,/por densos nubarrones que atormentan el alma./Mi país son los mendigos, los mercaderes y a veces las autoridades/ que en nombre de la democracia suelen bailar en el cernidor de la impunidad.
Qué hacer ante esta herida que sigue abierta?
Como alguna vez, señalara visionariamente Susana Villarán, cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde; a cada quien el juicio claro y transparente y el castigo ejemplar. Ningún asesinato tiene justificación. No existen varas diferentes para medir a unos y a otros; es eso precisamente, lo que le otorga radicalidad a la justicia y superioridad ética a los que queremos vivir en un estado de derecho, en el que cada vida sea protegida y cuidada. Una nación tan afectada por la violencia como la nuestra, no podrá reconciliarse sino es en base a la verdad y justicia.
Esa búsqueda es, para que nunca más vuelva a repetirse en el país, casos como Cayara, Putis, Pucayacu, Los Cabitos, Lucanamarca etc.,para sacar lecciones; pero también para hablar en voz alta ante la mirada indiferente o las iras de quienes quisieran que no hablemos, en todo caso, la sombra de ese pasado y de quienes hoy buscan trastocar las normas legales, nos exigen demandar por un presente diferente en la búsqueda de un futuro de plena justicia, donde siempre será menester contar con la presencia de magistrados como Cristina Olazábal y Avelino Guillén, y otros tantos que laboran al interior del país, pese a los escarnios de los que fueron y siguen siendo víctimas.
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