El Instituto Bartolomé de Las Casas, IBC, y el Centro de Estudios y Publicaciones, CEP, se unen a los Pronunciamientos del Instituto de los Hermanos de La Salle y al de la Conferencia Peruana de Religiosos, CONFER, en solidaridad con el Hermano Paul McAuley.
Junto con los religiosos de La Salle, uno de cuyos comunicados es del Superior General de la Congregación en Roma, hacemos pública nuestra extrañeza y rechazamos la Resolución Ministerial mediante la cual el Ministerio del Interior ha resuelto cancelar la residencia de Paul McAuley quien cumple “labores pastorales y misioneras en la Región de Loreto lIevando adelante una encomiable y denodada labor en defensa de los derechos de los pobladores y de la conservación del medio ambiente en la selva peruana”.
Como dice la Conferencia de Religiosos del Perú, Confer, “EI Hermano Paul, (religioso de La Salle) ha prestado servicios invalorables en el campo de la educación en sectores de la sociedad donde el Estado está ausente. Nos parece doloroso que su compromiso con las minorías y con nuestra lglesia que promueve la protección de la creación, hayan sido consideradas pruebas de que su presencia en nuestra patria resulte incómoda y perturbadora para el gobierno”.
Coincidimos además con las reflexiones de Monseñor Alberto Campos, obispo de San José del Amazonas cuando dice: “ Me preocupa que se consideren delitos que alteran el orden público el trabajo que algunos misioneros realizan a pedido de comunidades e instituciones para informarles sobre sus derechos nacionales e internacionales…y, por otro lado, no se consideran delitos la contaminación de los ríos, la deforestación de los bosques, la ilegalidad y corrupción para ofrecer algunas concesiones para el enriquecimiento injusto de algunas personas o empresas en perjuicio de los habitantes de la Amazonía, la negligencia de algunos profesionales que reciben un sueldo para trabajar en la Selva y no se presentan a sus puestos de trabajo en detrimento de la educación y salud de los que deberían ser beneficiados”.
Estamos convencidos de que el desarrollo al que la mayoría aspira no puede tener bases sólidas si no se respetan los derechos de todos los que viven en el Perú, empezando por nuestros compatriotas amazónicos. Como dijeron los obispos de AL en la reunión de Aparecida "En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas, la naturaleza ha sido y continua siendo agredida. la tierra fue depredada... un ejemplo muy importante de esta situación es la amazonía (Aparecida n. 84)
Como ciudadanos y cristianos manifestamos nuestra solidaridad con el Hermano Paul Mc Auley y hacemos votos para que las gestiones judiciales y administrativas orientadas a revertir esta infundada Resolución Ministerial, tengan éxito. Así como él, hay otros cristianos, incluso sacerdotes y obispos, que, al comprometerse con las poblaciones nativas en la defensa de su entorno han recibido acusaciones y amenazas. En un régimen democrático, como el nuestro, debe existir libertad de expresión y de organización. De ellas ha hecho uso, legítimamente, Paul McAuley.
Junto con los religiosos de La Salle, uno de cuyos comunicados es del Superior General de la Congregación en Roma, hacemos pública nuestra extrañeza y rechazamos la Resolución Ministerial mediante la cual el Ministerio del Interior ha resuelto cancelar la residencia de Paul McAuley quien cumple “labores pastorales y misioneras en la Región de Loreto lIevando adelante una encomiable y denodada labor en defensa de los derechos de los pobladores y de la conservación del medio ambiente en la selva peruana”.
Como dice la Conferencia de Religiosos del Perú, Confer, “EI Hermano Paul, (religioso de La Salle) ha prestado servicios invalorables en el campo de la educación en sectores de la sociedad donde el Estado está ausente. Nos parece doloroso que su compromiso con las minorías y con nuestra lglesia que promueve la protección de la creación, hayan sido consideradas pruebas de que su presencia en nuestra patria resulte incómoda y perturbadora para el gobierno”.
Coincidimos además con las reflexiones de Monseñor Alberto Campos, obispo de San José del Amazonas cuando dice: “ Me preocupa que se consideren delitos que alteran el orden público el trabajo que algunos misioneros realizan a pedido de comunidades e instituciones para informarles sobre sus derechos nacionales e internacionales…y, por otro lado, no se consideran delitos la contaminación de los ríos, la deforestación de los bosques, la ilegalidad y corrupción para ofrecer algunas concesiones para el enriquecimiento injusto de algunas personas o empresas en perjuicio de los habitantes de la Amazonía, la negligencia de algunos profesionales que reciben un sueldo para trabajar en la Selva y no se presentan a sus puestos de trabajo en detrimento de la educación y salud de los que deberían ser beneficiados”.
Estamos convencidos de que el desarrollo al que la mayoría aspira no puede tener bases sólidas si no se respetan los derechos de todos los que viven en el Perú, empezando por nuestros compatriotas amazónicos. Como dijeron los obispos de AL en la reunión de Aparecida "En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas, la naturaleza ha sido y continua siendo agredida. la tierra fue depredada... un ejemplo muy importante de esta situación es la amazonía (Aparecida n. 84)
Como ciudadanos y cristianos manifestamos nuestra solidaridad con el Hermano Paul Mc Auley y hacemos votos para que las gestiones judiciales y administrativas orientadas a revertir esta infundada Resolución Ministerial, tengan éxito. Así como él, hay otros cristianos, incluso sacerdotes y obispos, que, al comprometerse con las poblaciones nativas en la defensa de su entorno han recibido acusaciones y amenazas. En un régimen democrático, como el nuestro, debe existir libertad de expresión y de organización. De ellas ha hecho uso, legítimamente, Paul McAuley.
Instituto Bartolomé de Las Casas
Centro de Estudios y Publicaciones
Lima, 6 de julio 2010
Centro de Estudios y Publicaciones
Lima, 6 de julio 2010
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