MI SOLIDARIDAD PLENA CON RAÚL WIENER, PERIODISTA EJEMPLAR, ESPEJO DE PLUMA PRIVILEGIADA POR SU TRATO IRREVERSIBLE CON LA VERDAD

WINSTON ORRILLO
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO, 1969

EX DIRECTOR DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA FACULTA DE LETRAS DE SAN MARCOS

orrillowinston@gmail.com

Gobierno quiere acallar a Wiener y LA PRIMERA

Un oficial de la policía entregó en la mañana de ayer una cédula de notificación al periodista de LA PRIMERA Raúl Wiener, para que se presente a declarar el próximo jueves en relación con una investigación por “delito contra la tranquilidad Pública-Terrorismo”.

Por primera vez, que se tenga memoria, el periodista que denuncia la existencia de un plan de persecución contra dirigentes y activistas opositores, resulta comprendido dentro de la misma investigación fiscal, citado a la policía con riesgo para su libertad y prohibido de revelar estos hechos “bajo apercibimiento de incurrir en infracción penal”.

Es lo que está ocurriendo con Wiener, jefe de la Unidad de Investigación de este diario y quien destapó en noviembre de 2008 los documentos secretos de la Diviti (División de Investigación del Terrorismo Internacional, dependiente de la Dircote) cuando comenzaban las reuniones de la Cumbre Apec.

Todo indica que la investigación y el citatorio son una represalia contra el periodista, por haber denunciado que la policía estaba pidiendo a la Tercera Fiscalía Supraprovincial que ordene la detención de 13 ciudadanos dirigentes de la izquierda y de organizaciones sociales; pues la misma autoridad fiscal le pide a la Dinincri (investigación criminal) que extienda sus indagaciones a Wiener.

El mayor de la Policía Max Orlando Anhuamán Centeno, que dirige este caso, interrogará por ello al periodista el próximo miércoles 14 de enero sobre un supuesto “delito contra la tranquilidad pública-terrorismo. Como una advertencia adicional, la notificación señala además que, como la investigación “está referida al esclarecimiento de hechos que constituirían delito contra la tranquilidad pública-terrorismo y otros, relacionado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, que podrían comprometer la seguridad del Estado y las relaciones internacionales … tiene carácter de reservada…” por lo que exige que nuestro periodista “guarde la debida confidencialidad y reserva, bajo apercibimiento de incurrir en infracción penal”.O sea persecución y mordaza.

Sin especificar uno sólo de los “hechos” investigados, ni fundamentar la acusación, ni probar los vínculos con las FARC, se produce una citación arbitraria que podría derivar en una detención policial y el enjuiciamiento de Wiener. Y como cereza del pastel, una “reserva” de plomo para silenciar el abuso. Todo esto para frenar el trabajo de investigación del diario que tanto incomoda al gobierno.El desafío que el caso plantea a la prensa peruana es inmenso.

Al margen de las diferencias que sin duda existen entre distintos medios, tenemos el deber de cerrar filas en una cuestión básica: no se puede tolerar que un gobierno, un fiscal, o un policía, traten de maniatar el papel fiscalizador de la prensa, abriendo indagatorias destinadas a amedrentar a los medios y periodistas, y colocando barreras a la denuncia de estos actos de clara hostilización. No está en juego solamente el caso del periodista Wiener, ni siquiera el de este diario que hace oposición independiente, sino que está en juego la libertad de la prensa para opinar e informar.

Un genocidio televisado a diario

Juan Luis Valenzuela
Llamemos a las cosas por su nombre. No me cabe en la cabeza que al drama de la Franja de Gaza se le denomine guerra. Lo que allí está sucediendo es lisa y llanamente un genocidio y como tal, plagado de asesinatos. Y lo más grave es que se trata de un genocidio radiado, televisado y leído día a día.

Sólo hay asesinatos y víctimas abatidas por el fuego de un gobierno inhumano y terriblemente cruel y despiadado. En una guerra suele haber una proporción más o menos ajustada; en un conflicto bélico se respeta la Convención de Ginebra, no se disparan cohetes a ambulancias llenas de niños heridos; no se lanzan misiles contra escuelas; tampoco se abaten salas de velatorio ni se destruyen instalaciones de la ONU; no se impide que haya medicinas ni se inutiliza la única central eléctrica existente. En un enfrentamiento armado, no se desabastece de agua y comida a la población ni se matan familias enteras buscando un combatiente entre sus miembros.

Esto es un crimen colectivo amparado por intereses económicos y geoestratégicos. No exculpo a Hamas. Creo que, como pocos, son unos insensatos, anclados en guerras internas de poder, que se escudan -dicho en el sentido más real de la palabra- en su pueblo y que merecen también ser reprobados por ello. Pero sí creo que la desproporcionalidad es absoluta. Aplicando la fría matemática, desde 2001 al verano de 2008, han muerto 3,800 palestinos (850 niños) por 23 israelitas y en estas dos semanas de matanza, han abatido a 700 palestinos por 8 judíos.

Ayer, día de Bajada de Reyes, fuimos muchos los que nos acordamos de esos nenes palestinos rematados en ambulancias, heridos entre los escombros y con escasez de agua, luz y comida. Anoche, mientras en España nuestros hijos se tiraban al suelo recogiendo caramelos y peluches, otros hijos de padres con la tez más morena se tiraban al suelo para no morir.

Ayer, mientras que los niños españoles reían al paso de los camellos, otros enjugaban sus lágrimas asustados al paso de los tanques.Hay que parar esto como sea. Hace falta una reacción contundente de los países civilizados, aunque eso signifique “ir demasiado lejos”. Y mientras tanto que otros se limiten a pedir a Israel sólo “prudencia”.

*Juan Luis Valenzuela es coordinador de El Plural Andalucía

Pueblo iqueño exige:

Restauración del Santuario de Luren

Antenor Maraví Izarra

En este país cualquier cosa puede suceder. Incluso, las autoridades y los funcionarios designados para la conservación y defensa de las infraestructuras históricas, las áreas geográficas y los santuarios considerados como patrimonios monumentales, son borrados del mapa precisamente por la falta de compromiso de las personas a quienes se les designó para preservar y defender estos bienes patrimoniales, tal el caso censurable que a los pocos días de producido el devastador terremoto del 15 de agosto del 2007 que asoló la región Ica, se expidió la Resolución Directoral Nacional Nº 1747 suscrita por la directora del Instituto Nacional de Cultura, retirando la condición de patrimonio cultural de la nación al templo del Señor de Luren de Ica.
Y lo patético de este caso es que días antes de firmar este documento, la directora de esta institución tutelar de la cultura nacional Cecilia Bákula, muy campante declaró ante la opinión pública que no se justificaba la demolición del templo, sin embargo extrañamente, sin contar con los sustentos técnicos y respetar la reconocida tradición católica del pueblo iqueño y su apego espiritual a este santuario, - como si esta iglesia fuera parte de una aldea de simios – suscribió este documento de marras, que a todas luces no solamente contraviene a las normas legales vigentes, sino que atenta al acendrado fervor religioso de una iglesia constituida y forjada desde tiempos inmemoriales bajo la advocación del Señor de Luren, que con el transcurrir de los años convertido en santuario emblemático, es la cantera de fe de quienes comparten esa teología de la liberación, donde mayoritariamente los excluidos, y aquellos que hoy como ayer reclamaron tiempos mejores para Ica, siempre han estado en las primeras filas contritos de fe y solidaridad cristiana, iglesia al que ciertamente los pudientes, los adinerados y los políticos de turno solamente se han acercado a sus tradicionales festividades rituales, para capturar la mirada de sus electores.
Y lo enervante es que en este tráfago de idas y venidas y silencios cómplices, a espaldas del pueblo, festinaron el diseño de una nueva maqueta, sin respetar en lo mínimo las tradicionales líneas arquitectónicas del santuario, donde el pueblo de generación en generación ha sembrado y multiplicado enésimas oraciones de reafirmación y fe a ese Jesucristo universal que magistralmente ensalza el poeta y renombrado escritor pisqueño José Hidalgo denominándolo “El Gran Curaca”, cuya última estrofa insertamos en estas líneas…y el poema completo va en la tapa de esta edición: “¡Iqueño Señor, / Señor del Alfarero, Campesino Señor,/ Señor Obrero, Señor Antiguo/ y de Luren también Señor!”. Ese templo, hoy, sin los tradicionales tañidos de convocatoria de su viejo campanario, en las horas del ángelus, se encuentra en literal abandono desde hace un año y medio.
Empero, sin importarles en lo mínimo estos inolvidables oleos espirituales del pueblo iqueño tantas veces retratadas y sembradas entre sahumerios, lágrimas y sudores, de interminables cuadrillas de devotos; de pronto, gente extraña a ese latido armonioso, mandó diseñar una nueva maqueta a imagen y semejanza de la iglesia de San Isidro (Lima), perteneciente al Movimiento Avanzada Católica, del que se dice que la aludida directora forma parte de la cofradía; pero lo que rebalsó el vaso fue la presentación de esta maqueta entre bombos y platillos apadrinado por el congresista iqueño, entonces presidente del Congreso de la República, Luis Gonzáles Posada rodeado por algunas autoridades locales, que poco o nada conocen ni quieren valorar el sentir religioso del pueblo iqueño.
Y lo anecdótico de este absurdo es , quienes pensaron hacer ganancia de pescadores a río revuelto, no se imaginaron que el pueblo no aceptaría otra iglesia que no sea la vieja estructura arquitectónica del que forman parte innumerables generaciones de familias, que a lo largo del siglo pasado, pese a los variados estragos de la naturaleza siempre se aferró a este templo, reforzadas hoy por las recientes declaraciones del arquitecto Humberto Palacios Miró Quesada (reconocido especialista internacional en la conservación de monumentos patrimoniales), quien categóricamente señaló ante el beneplácito de la feligresía, que casi el 85 % del templo se encuentra intacta, (recuperable) con algunas rajaduras pasibles a ser reforzadas con nuevas columnas y acondicionamientos de seguridad en la parte superior y la cúpula, por lo tanto, no es cierto la necesidad de su demolición. Es mas, en los estudios realizados por los peritos de la UNI, los daños sufridos solamente requieren una restauración, en ningún punto del informe dicen que las bases de la construcción están dañadas, ni está por colapsar. Lo que ahora hace falta es saber en que se han gastado los mil millones de nuevos soles destinados al Forsur, supuestamente para la reconstrucción de Ica, igualmente es menester informar donde se encuentran depositados los euros ofrecidos por el Vaticano, en todo esto hay limbo.

Un pueblo sin memoria histórica, es un pueblo sin identidad

En materia de defensa y salvaguarda del patrimonio cultural de la región Ica, sin duda alguna, hay mucho pan por rebanar y exigir informaciones a los responsables. Hay un antes y después del dramático terremoto que devastó Ica, en el que urge mirar ese después, colocándolo no solo en el fiel de la balanza sino en el real contrapeso de los hechos, y como tal, se debe actualizar tanto el acerbo y el mapa monumental histórico de la región, así como demandar a las autoridades asumir la real defensa de este importante legado, pues, es igualmente preocupante lo ocurrido con la antigua iglesia Santa María de Socorro, que también fue despojada de su condición de monumento histórico por el INC y nadie dijo ni pío sobre su demolición, efectuada so pretexto de la ampliación del área hospitalaria adyacente, sin embargo hasta la fecha pese al tiempo transcurrido la situación de este nosocomio sigue en lamentable abandono igual que los demás hospitales de Ica a punto de colapsar por la honda crisis que vienen confrontando.
Preocupación semejante cabe advertir en torno al censurable hecho ocurrido con la iglesia colonial “La compañía de Pisco” que, sin ningún control ni protección fueron derrumbadas sus paredes y borradas del mapa los vestigios de su bella arquitectura interna y externa, en las que el accionar de las palas mecánicas no respetaron ni siquiera los archivos almacenados en sus sótanos que según los historiadores, otrora conducían hasta la playa.
Son innumerables los monumentos históricos que por desidia y la asfixiante incuria de las autoridades en general, fueron borrados alevemente en casi toda la región Ica, entre ellas cabe referir las destrucción total de la casona que sirvió en Pisco como el Primer Cuartel General de la Expedición Libertadora, igual suerte corrieron las casas donde nacieron Abraham Valdelomar y Matías Manzanilla en Ica. Similar atentado de lesa cultura estaría por suceder con la Catedral de Ica así como la casona colonial donde funcionó el Colegio San José y posteriormente declarada hace 20 años por Ley 25041 como la “Casa de ciencia y cultura Abraham Valdelomar” pero nadie hace nada por concretar en realidad esta singular intención promovida en el primer gobierno del actual presidente García.
Ante estos hechos de pusilanimidad y el silencio cómplice de quienes no hacen ni hicieron nada por preservar y defender la memoria histórica regional exigimos a las autoridades y los funcionarios pertinentes hacer cumplir las normas. Igualmente cabe aclarar que la conservación de un inmueble considerado como patrimonio cultural, no se contrapone al progreso urbanístico y proceso de reconstrucción de las viviendas afectadas. Es una obligación moral honrar a la memoria de los hijos preclaros de un pueblo. ¿Qué pasaría si se destruye parte o todo nuestro patrimonio cultural? Se perdería no sólo nuestra identidad, sino también estaríamos borrando los indicios y los soportes de nuestra memoria histórica.
Es pues, hora de enaltecer y defender nuestras raíces históricas, hay que construir el presente, es tiempo de defender solidariamente un futuro de dignidad con la reafirmación de nuestras tradiciones y costumbres legadas por nuestra milenaria cultura.
Pueblo que no defiende su memoria es un pueblo sin alma ni identidad. “Toda tarea cultural da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre si mismo. Es ella la que hace de nosotros seres humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones al servicio de los pueblos”.

El derecho de la Información y los vericuetos de la corrupción

Por. Antenor Maraví Izarra

Frescas aún están en la memoria nacional, los nauseabundos años de la década del 90 manejados por la red fujimontesinista, donde entre otros, los medios de comunicación, especialmente la Televisión, fueron sometidos por el peso de las rumas de dólares que recibieron a manos llenas los empresarios. En aquellos años no sólo las líneas editoriales, sino también las informaciones cotidianas se convirtieron en cernidores de halagos, silencios cómplices y alienantes informaciones, al servicio de la dictadura.
En esta feria de mercaderes y gonfaloneros, los poderes del Estado no sólo doblegaron sus atribuciones sino que se convirtieron en entes decorativos y serviles a la mafia imperante, en cuyo ínterin tal como se evidencia en los “Vladivideos”, la denominada libertad de opinión de los periodistas fue literalmente sometida a la fuerza avasalladora y monocorde de la corrupción y la impunidad impuesta por el oficialismo de aquellos años asfixiantes. Los periodistas que se atrevieron a hablar en lenguaje diferente, fueron víctimas de despidos arbitrarios, abusos patronales, incumplimiento de pagos de beneficios sociales, sin embargo, no faltaron quienes desde las revistas y columnas de opinión y de investigación de los periódicos independientes, siempre lucharon en contra de esta época oscurantista, nunca doblegaron la cerviz frente a los constantes y flagrantes atropellos a los derechos humanos, entre ellos la libertad de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento, por cualquier medio (de comunicación social).

Los petroaudios de la corrupció aprista

La reciente difusión de los denominados “Petroaudios” y los consiguientes salpicones a las esferas gubernamentales del aprismo, así como de los actuales mandamases del diario El Comercio que prohibieron la difusión de este material periodístico, aduciendo que tenía un origen ilegal, pero y aún así, el Grupo América Televisión, en el programa Cuarto Poder, venciendo los aires enrarecidos que sigue rondando sus feudos, decidió divulgar este hallazgo de indudable tráfico de influencias e inocultables indicios de corrupción perpetrados por viejos rostros y nefastos amigotes de faenones pasados del primer gobierno del Presidente García. Los estertores de esta difusión no sólo sacudieron las entrañas palaciegas, causando entre otros la caída del Gabinete Ministerial, sino también la destitución de los periodistas Fernando Ampuero y Pablo O’brein, ex jefe e integrante de la Unidad de Investigación, respectivamente, del llamado diario decano de la prensa escrita del país.
Igual suerte corrió el combativo director del diario “Perú 21”, Augusto Alvarez Rodrich, quien acompañado por el equipo de columnistas, - con quiénes libró y señaló rumbos en la defensa de los valores morales y éticos, y fundamentalmente por haber apostado por un periodismo crítico al servicio de las causas más nobles del país – fueron obligados a mudarse a otras colinas de combate y desde allí a seguir oteando la marcha de este Perú que tanto nos sigue doliendo, donde a pesar de las salmodias oficialistas, como en el viejo poema de Francisco Quevedo y Villegas, la libertad se encuentra encarcelada y las letras y voces del periodismo siguen danzando como almas en pena.
Estos hechos nos hicieron recordar los viejos tiempos de Pedro Beltrán, en los que los dueños de las empresas periodísticas y las radio emisoras de la vieja plutocracia limeña, manejaban a los hombres y mujeres de la prensa escrita y hablada, regimentados a cadenas y los peroles del oficialismo, impuestos por esa derecha cavernaria donde la libertad de expresión y opinión por lo general se manejaban encapsuladas a los caprichos unipersonales de los dueños, sujetos a las lonjas de la publicidad estatal.
Frente a estos viejos parapetos de mordaza, impuestos por el neoliberalismo, a pesar de encontrarse en crisis mundial, extrañamente cuasi delirante el presidente García ha redoblado con más fuerza su vocación de martillero ofertando al mundo, el oro y el moro del país, incluido en ellos hasta las zonas limítrofes y áreas estratégicas de la seguridad nacional, amén de las cortinas de humo que distorsionan las innumerables denuncias de corrupción que siguen vivitas y coleando a lo largo y ancho del país, así como las constantes amenazas a los dirigentes políticos y líderes del Perú profundo, por lo que es menester levantar la voz y reafirmar las organizaciones sociales de base, pues el cerco de la intolerancia antidemocrática y la fiebre mercantilista de nuestros gobernantes se agrandan cada vez más en contra de las justas exigencias del pueblo peruano y la ausencia de salvaguarda y defensa de la soberanía nacional.
En esta realidad, los medios de comunicación son los que principalmente deben de ejercer la tarea de informar con veracidad a la opinión pública del acontecer diario en el debate nacional, de los interminables procesos y variadas demandas del pueblo, el accionar de los gobernantes descentralizados y los funcionarios de la administración pública sobre el buen y mal manejo que hacen de los recursos asignados. Además, son los medios de comunicación los que mueven y deben despertar la conciencia de la opinión pública, orientándola hacia los valores cívicos que contribuyan a reforzar justamente el sentido de la democracia y el bien común de la sociedad. Por lo tanto, cualquier indicio de corrupción e ingobernabilidad deben ser investigados y sancionados sin miramientos, las ratas, duela a quien les duela deben ser ejemplarmente sancionadas y no cebadas en urnas llenas de privilegios y las orlas almibaradas del presidente, que por ratos suele gritar sus ansias moralizadoras.

Deberes y obligaciones del derecho a la información

En este contexto, igualmente cabe señalar que los gobernantes de turno de aquí y acullá, tienen el deber de hacer respetar y convertir en realidad esa libertad de expresión, de manera que se garantice el real ejercicio democrático, sin censuras y cortapisas ni exclusiones en el deber de informar y en la distribución de la publicidad oficial por parte del Estado. Los únicos límites permitidos al ejercicio de esta libertad de expresión y opinión son los que protegen la vida privada e integridad de las personas.
Los periodistas acostumbrados a compartir los sahumerios palaciegos tienen que poner las barbas en remojo y sumarse a aquellos que no tienen rabos de paja, y como tal gozan de solvencia moral y construyen admirablemente día a día ese país soñado por nuestros padres, sin distingos ni abdicaciones, en este orden ningún medio debe convertirse en caja de resonancia del poder ni abdicar de su sentido fiscalizador y crítico, y tampoco olvidar que la prensa tiene el deber de entender y atender las demandas plurales de la sociedad civil.
Y recordar que todo derecho genera un deber de responsabilidad en el ejercicio de ese derecho, esa responsabilidad recae, no sólo en el Director de la publicación, sino en todos los periodistas que intervienen en ella. Como alguna vez señalara el premio nobel español Camilo José Cela, “siempre debemos recordar que el periodismo y ese derecho del pueblo a la expresión y la opinión, no es el eje de nada sino el eco de todo”, en la búsqueda de la verdad, la libertad y la defensa de la dignidad del ser humano, en la construcción de un país más equitativo y solidario, en paz y democracia, tal como fueron proclamadas como derechos inalienables hace 60 años en la Declaración Universal de los DDHH, en la histórica Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 e incorporada en años sucesivos a la legislación interna de los países signatarios, entre ellos el Perú.

Derechos Humanos: la larga marcha

Ramiro Escobar

Hemos llegado al 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, para variar, el panorama es desolador: la pena de muerte sigue vigente, y actuante, en al menos 24 países; en unos 81 países se tortura militantemente; y hay más de 963 millones de personas que pasan hambre todos los días, 40 millones más que en el 2007.
Las dos primeras cifras son de Amnistía Internacional (AI) y la tercera de la FAO. La lista macabra podría continuar con los 45 países donde hay presos de conciencia; los 77 estados donde se restringe la libertad de expresión (ambas cifras de AI); o las 12.3 millones de personas que la OIT considera ‘tiranizadas’, es decir en literal esclavitud.
¿Somos tan pero tan humanos que no creemos en nuestros derechos más elementales? Algo que, a estas alturas de la Historia, deberíamos redescubrir es que no es cierto que la Declaración es ‘un invento de Occidente’. Como ha recordado el diplomático español Juan Antonio Yáñez, en su elaboración participaron personas de distinta procedencia.
Entre ellos, el libanés Charles Malik, el chino Peng-chun Chang y el paquistaní Muhammad Safrulla Khan. Es difícil entonces sostener, sobre todo hoy, la marcianada de que este es un asunto de ‘caviares’ globales o de gentes que no entienden la sensibilidad oriental. Los hombres y las mujeres sufren igual, así miren a La Meca o al Vaticano. Otro asunto que, en estas seis décadas de la Declaración (firmada en el Palacio de Chaillot de París el 10 de diciembre de 1948), debería volver a sacudirse es la integralidad de estos derechos. Se ha machacado sobre eso muchísimo en estos años, pero algunos hechos de crujiente de actualidad llaman a revisar ese ángulo vital.
Un par de ejemplos en su tinta: ¿No es una forma de atacar, impunemente, los derechos económicos y sociales el provocar una crisis financiera tan feroz como la que nos amenaza? ¿Descuidar un tema tan delicado como el cambio climático no es, a su vez, una manera de atentar contra el Artículo 3, que defiende el derecho a la vida y a la seguridad?
Generalmente son los más malvados de este mundo –los Pinochet, los Idi Amin o los militares orates de Myanmar- a quienes se apunta cuando se habla de DDHH. Pero me parece que en este siglo el no tener ‘responsabilidad social’ para con el planeta es una forma, igual de peligrosa, de violar esta magnífica Carta Magna de nuestra especie.
África no debería seguir siendo el cementerio del mundo; las mujeres y los homosexuales deberían tener, por fin, los mismos derechos; Guantánamo debería cerrarse el 21 enero del 2009 (al día siguiente de la posesión presidencial de Barack Obama).Hay derecho a soñar con todo eso. Aun cuando el camino sea largo y tortuoso. Pero también hermoso.

Fiesta Mundial de los DDHH

Ronald Gamarra (*)

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos y 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Día de fiesta universal, celebrada con todas las expresiones de alegría y fraternidad que la humanidad sabe encontrar aun en medio de las peores miserias.
No todos están contentos, por cierto. En el mundo quedan muchos tiranos y tiranías, y hay demasiados y muy poderosos intereses incompatibles con una doctrina que pone por encima de todo la dignidad del ser humano. Son demasiados los que, de palabra, se identifican con los derechos humanos, porque se ha convertido en lo políticamente correcto, para poner a continuación mil pretextos que les permitan burlarlos con impunidad. En el Perú conocemos bien esta actitud farisea.
Los derechos humanos son derechos de todos los hombres y mujeres. La idea central de esta doctrina afirma que, en el momento en que una persona es violentada, todos somos agredidos. Si un hombre es flagelado, todos somos torturados; si una mujer es violada, todos somos ultrajados; si una persona es discriminada, todos somos humillados. Los derechos humanos son el mínimo irrenunciable de la dignidad humana. Quienes atentan contra ese mínimo, agreden a la humanidad entera; quienes lo defienden, permiten la civilización.

En nuestro país es muy precario el respeto a los derechos humanos. Tuvimos hasta hace una década una guerra interna atizada por los crímenes de un terrorismo antisistema y un terrorismo de Estado, que dejaron gravísimas heridas que aún siguen sangrando. El Estado y la sociedad no han sido capaces de asumir el reto de restañarlas, aplicando las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que algunos se empeñan en desacreditar sin siquiera haberlas leído.
Hay mucho por hacer y todos podemos contribuir. No hace falta ser gobernante para ello. La verdad es que, en el Perú como en cualquier otro lugar del mundo, la defensa de los DDHH tiene que ser asumida por la sociedad civil, la cual debe imponerse al Estado con la fuerza de su convicción ética. Sin la presencia activa y vigilante de la sociedad civil, los derechos humanos se convierten en dádiva que los gobernantes o cualquier poderoso se sienten con derecho a retirar cuando les conviene.
Tampoco hace falta hallarse en situaciones extremas para defender los derechos humanos. ¿Está usted dispuesto a hacer algo importante, hoy, por ellos? Puede empezar, por ejemplo, por dejar de ofender a su colega o vecino gay o lesbiana por el hecho de serlo, o podría dejar de tratar distinto a la gente según su color de piel, y podría dejar de alentar las burlas homofóbicas o racistas en el trabajo o al sintonizar un programa de TV.
¿Fácil, complicado? Sin duda, las dos cosas a la vez, pero es solo un ejemplo de lo que todos podemos hacer sin ir muy lejos. Mire usted a su alrededor. Estoy seguro de que hallará mucho por hacer y de inmediato.

(*)Director Ejecurivo de la Cordinadora Nacional de DD.HH