Con evidentes intenciones de levantar humaredas sensacionalistas para la prensa servil, y abrir cortinas de humo para esconder la escandalosa relación y los turbios enjuagues que estos días se vienen ventilando en el Poder Judicial en el caso de Business Track con la presencia del empresario dominicano Fortunato Canaán, uno de los implicados en los faenones encabezados por Rómulo León, revelados en los famosos petro audios. El Presidente García, inusitadamente se ha volcado a las calles con el cuento de impulsar ante el Congreso de la República la renovación por mitades y el voto facultativo, pero extrañamente en estos tres años y tres meses del gobierno aprista, siguen guardando un silencio sepulcral sobre la restitución de la Constitución de 1997, que formó parte medular de su campaña electoral, o sea nos sigue considerando despabiladamente como amnésicos.
Lo cierto es que en materia de corrupción no existe ningún plan ni política alguna de querer gobernar con transparencia y honestidad, por todos lados drena eso que alguna vez Manuel Gonzáles Prada denominó pus. En este caso del chuponeo hay una levadura sucia que amenaza salpicar a mucha gente del entorno gubernamental.
Han transcurrido, seis años del histórico Informe Final de la CVR, en el que el doctor Salomón Lerner aludió a los 20 años que duró la violencia en el país, señalándolo como un tiempo de vergüenza nacional, marcado de dolor y deshonra para el Estado y la sociedad peruana, en la que el 75 por ciento de las víctimas fatales tenían como idioma el quechua. La gran mayoría de ellos eran campesinos, habitantes de las comunidades de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, – población al que el presidente García los considera de segunda categoría – lugares en los que la violencia se abatió con la mayor intensidad, y eso nos sigue llamando a preguntarnos, con dolor y consternación, si no habrá sido esa la razón por la que los gobiernos de turno permitieron que alcanzara costos tan elevados.
Hoy, con la complicidad del silencio y la indiferencia de las esferas gubernamentales, el doctor Lerner, por haber señalado en alta voz y tocar las puertas de la sensibilidad nacional sobre esta dramática realidad, es víctima de una brutal amenaza y el carga montón de los representantes y voceros de esa derecha cavernaria que hasta ahora se resiste a aceptar esta verdad, por lo que expresamos muestra plena solidaridad a su noble trayectoria.
Igualmente cabe advertir que quiénes sufrieron el flagelo de la violencia siguen esperando se les haga justicia y reconozca el derecho de participar en un proceso de compensaciones. Durante dos años se han tenido que levantar protestas y exigencias para que el Congreso aprobara la obligación de dar compensaciones colectivas e individuales a las víctimas, mediante la ley que creó el Plan Integral de Reparaciones, pero debido a las limitaciones de recursos, amén de la ineficacia en la elaboración del Registro Nacional de Víctimas, así como la ausencia de buena voluntad de quiénes conducen el país, hasta la fecha siguen enfardeladas en el sueño de los justos. En este muro de contenciones, hasta la indispensable construcción de un Museo de la Memoria con financiamiento alemán fue inicialmente cuestionada, y sólo una enérgica intervención del escritor Mario Vargas Llosa, presidente de la Comisión, logró levantar el veto.
Las compensaciones deben darse, pues el compromiso con las víctimas y sus familiares debe dejar de ser una deuda pendiente. El Museo debe construirse, porque los pueblos que olvidan sus errores vuelven a repetirlos, y debe dar paso a la justicia, sin la cual no podrá darse la esperada reconciliación.
No debemos olvidar que hay heridas profundas que todos debemos cerrar, pues lo que se trata en adelante es abrir verdaderos caminos de entendimiento y solidaridad entre todos los peruanos, gobernar para todos en una real democracia y un verdadero Estado de derecho para todos los peruanos sin excepción ni hegemonías partidarias.¡Por un nunca más a la violencia, la impunidad y la corrupción!.
Lo cierto es que en materia de corrupción no existe ningún plan ni política alguna de querer gobernar con transparencia y honestidad, por todos lados drena eso que alguna vez Manuel Gonzáles Prada denominó pus. En este caso del chuponeo hay una levadura sucia que amenaza salpicar a mucha gente del entorno gubernamental.
Han transcurrido, seis años del histórico Informe Final de la CVR, en el que el doctor Salomón Lerner aludió a los 20 años que duró la violencia en el país, señalándolo como un tiempo de vergüenza nacional, marcado de dolor y deshonra para el Estado y la sociedad peruana, en la que el 75 por ciento de las víctimas fatales tenían como idioma el quechua. La gran mayoría de ellos eran campesinos, habitantes de las comunidades de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, – población al que el presidente García los considera de segunda categoría – lugares en los que la violencia se abatió con la mayor intensidad, y eso nos sigue llamando a preguntarnos, con dolor y consternación, si no habrá sido esa la razón por la que los gobiernos de turno permitieron que alcanzara costos tan elevados.
Hoy, con la complicidad del silencio y la indiferencia de las esferas gubernamentales, el doctor Lerner, por haber señalado en alta voz y tocar las puertas de la sensibilidad nacional sobre esta dramática realidad, es víctima de una brutal amenaza y el carga montón de los representantes y voceros de esa derecha cavernaria que hasta ahora se resiste a aceptar esta verdad, por lo que expresamos muestra plena solidaridad a su noble trayectoria.
Igualmente cabe advertir que quiénes sufrieron el flagelo de la violencia siguen esperando se les haga justicia y reconozca el derecho de participar en un proceso de compensaciones. Durante dos años se han tenido que levantar protestas y exigencias para que el Congreso aprobara la obligación de dar compensaciones colectivas e individuales a las víctimas, mediante la ley que creó el Plan Integral de Reparaciones, pero debido a las limitaciones de recursos, amén de la ineficacia en la elaboración del Registro Nacional de Víctimas, así como la ausencia de buena voluntad de quiénes conducen el país, hasta la fecha siguen enfardeladas en el sueño de los justos. En este muro de contenciones, hasta la indispensable construcción de un Museo de la Memoria con financiamiento alemán fue inicialmente cuestionada, y sólo una enérgica intervención del escritor Mario Vargas Llosa, presidente de la Comisión, logró levantar el veto.
Las compensaciones deben darse, pues el compromiso con las víctimas y sus familiares debe dejar de ser una deuda pendiente. El Museo debe construirse, porque los pueblos que olvidan sus errores vuelven a repetirlos, y debe dar paso a la justicia, sin la cual no podrá darse la esperada reconciliación.
No debemos olvidar que hay heridas profundas que todos debemos cerrar, pues lo que se trata en adelante es abrir verdaderos caminos de entendimiento y solidaridad entre todos los peruanos, gobernar para todos en una real democracia y un verdadero Estado de derecho para todos los peruanos sin excepción ni hegemonías partidarias.¡Por un nunca más a la violencia, la impunidad y la corrupción!.
No hay comentarios:
Publicar un comentario