El gobierno consiente el tráfico en el VRAE

Cvijeta Tópovich
Denuncia corrupción. El ex ministro de Defensa, David Waisman, culpa al Ejecutivo de cerrar los ojos ante el comercio de toneladas de insumos químicos para la producción de la droga.

El ex ministro de Defensa, David Waisman, culpó al gobierno de actuar con descontrol y de haber bajado la guardia en el problema del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), donde fundamentalmente no ha querido aplicar un instrumento eficaz para interrumpir el circuito de la elaboración de la droga, como es la Ley de Control de Insumos Químicos Fiscalizados, que está vigente desde hace año y medio en el país. Es increíble, dijo, que todo el mundo cierre los ojos cuando ve pasar el inmenso tráfico de insumos que llega hasta la selva por vía terrestre: 5 mil galones de kerosene, así como 10 ó 20 toneladas de óxido de calcio, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico y sulfúrico, entre otras 30 sustancias que llegan semanalmente a esa zona, transportados en inmensos “tráilers”, para la producción de cocaína y pasta básica de cocaína (PBC).
“Eso se llama corrupción”, anotó el también congresista Waisman, luego de advertir que hasta el momento ninguno de estos grandes vehículos ha sido incautado ni alguno de los grandes importadores detenido por obra de la acción que asegura desarrollar el gobierno de Alan García, según expresiones de su primer ministro Yehude Simon y ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz.

De acuerdo a esta ley, deberían existir puestos de control especializado en productos químicos fiscalizados, en diferentes puntos de las carreteras de ingreso a las zonas de producción de la droga, con participación de la PNP, Devida, Sunat y Aduanas, pero eso tampoco se ha puesto en práctica. Esta legislación era muy importante para cortar el ingreso de los insumos químicos que utiliza el narcotráfico, pues sin ellos no podría elaborar ni siquiera PBC, cortándose el circuito de producción, y bajando la rentabilidad del cultivo de coca que se usa en este negocio.

Esto también lo sabe el jefe de Devida, Rómulo Pizarro, quien gana mucha plata y no hace nada tampoco. “En realidad nadie hace nada y a nadie en el gobierno le interesa nada de lo que está pasando, no sólo en el VRAE sino en otras zonas de la selva que están afectadas por el narcotráfico y el terrorismo”, señaló Waisman.

Dijo que desde que entró en vigencia esta ley que, es sumamente severa y estricta, sólo ha servido para presionar a los pequeños y medianos industriales de químicos, pero no a los que manejan las grandes cantidades que se orientan al narcotráfico.

Flores-Aráoz miente

Waisman también dijo que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, miente al afirmar que en el régimen de Alejandro Toledo se desactivó el servicio de inteligencia, pues ello sucedió inmediatamente después de la caída de Fujimori.

“Es una mentira más de gente que no conoce absolutamente nada del VRAE, ni de las Fuerzas Armadas”, expresó.Lo que se hizo en el anterior gobierno, explicó, fue reestructurar la ubicación de las bases contrasubversivas de toda la selva, pues hasta la caída del gobierno de Fujimori éstas dependencias, lejos de luchar contra el narcotráfico y terrorismo, se dedicaban a cuidarle los bolsillos al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Estaban ubicadas en sitios muy vulnerables y proporcionaban a Montesinos la información sobre los vuelos de las avionetas que sacaban la droga, pues según se supo el ex asesor cobraba a los narcotraficantes 50 mil dólares por vuelo o decolaje de estas naves.