NO al perromuerto

El ex presidente de Aspec, Jaime Delgado, señala que referéndum de fonavistas es mensaje contra abusos a ciudadanos de parte del Estado.

“Que no se repita el ‘perro muerto’, que es la política del Estado de no pagar lo que le corresponde”, pidió el experto en temas de consumo Jaime Delgado, con respecto al referéndum que decidirá si los fonavistas recibirán de parte del Estado la devolución de sus aportes hasta 1993 cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori desactivó dicho programa, que se creó con los aportes de los trabajadores al Estado por más de 20 años.“El reclamo de los fonavistas es legítimo. Cuando el gobierno decidió no continuar con el programa del Fonavi se tuvo en ese momento que tomar las previsiones. Este fondo es un aporte de los trabajadores y el Estado no se lo puede quedar”, manifestó.El past presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) mencionó que la devolución de los aportes no necesariamente se tiene que realizar con dinero en efectivo. “No se trata de quebrar al país financieramente para devolver el dinero. El fondo del asunto es el mensaje que debe dar el Estado a la ciudadanía: No más perromuerto”, recalcó.Delgado Zegarra resaltó que la identificación de los aportantes, si es que lograra triunfar el Sí en el referéndum del próximo 3 de octubre, es un tema complejo que se tendrá que ver de manera técnica. Con respecto a la última propuesta del Ejecutivo de analizar la posibilidad de cambiar la pregunta del sufragio señaló que “es casi imposible que se cambie la pregunta”.Asimismo, el experto subrayó el buen ejemplo de tesón de los fonavistas que se tendrá que tomar en cuenta para el futuro. “Este caso es simbólico. Este ejemplo de los fonavistas, de su persistencia, quiere decir que la población puede impulsar consultas populares a nivel nacional”, señaló.

Historia de “mecidas”

Jaime Delgado recordó algunos casos de “perromuerto” del Estado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1993 el gobierno incrementó la tasa por obtención y renovación del pasaporte de 10 a 60 dólares. Luego éste fue declarado ilegal, pero durante 15 años se pagó -dice Delgado- casi 300 millones de dólares de más. También mencionó que durante décadas las municipalidades cobraron los arbitrios en función del valor del inmueble, cosa que era absolutamente ilegal, hasta que después de mucho tiempo el Tribunal Constitucional declaró que las tasas se cobran en función del costo real del servicio. En ambos casos nunca se devolvió el dinero que recaudó el Estado.

Fuente:La Primera