Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite medida cautelar a favor de Aprodeh tras ataques por caso MRTA

Por: Ideeleradio

Ideeleradio.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la medida cautelar a favor de Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y otros representantes de este Organismo No Gubernamental (ONG), luego de que se iniciara una injusta campaña en su contra, por haber opinado ante el Parlamento Europeo (PE) que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) era un grupo terrorista que ya no estaba operativo, informó Miguel Jugo, director ejecutivo de Aprodeh.

“El 21 de mayo la Comisión Interamericana a través de su secretario (ejecutivo) Santiago Cantón ha remitido una carta al gobierno peruano en la que se le pide dar todas las garantías y medidas cautelares a favor de Francisco Soberón, Miguel Jugo y todos los miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos, en la medida que desde el 24 y 25 de abril hay una serie de ataques públicos de parte de diversos personajes políticos, una serie de amenazas vía telefónica y se han registrado personas que han ido a nuestro local de manera intimidatoria”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Indicó que sólo están a la espera de que el Ministerio de Justicia los convoque para dialogar con respecto a cuáles serán las medidas que tomará el gobierno para garantizar la seguridad de los integrantes de esta institución.

“La carta le dice al gobierno que tome todos las medidas en acuerdo con Aprodeh. (…) Estamos esperando que el Consejo de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia nos cite para entablar un diálogo y poder establecer cuales serían los mecanismos de seguridad que el Estado peruano va a incorporar en el marco de esta solicitud de medidas cautelares, el cual es un proceso. (…) El Estado debe comprometerse a garantizar la seguridad de nuestra institución frente a este tipo de ataques y situación”, añadió.

Resolución de CIDH es vinculante y rechaza eventual sanción de APCI

En ese sentido, Jugo Viera aclaró que el pedido de la CIDH es vinculante y debe cumplirse a cabalidad, resaltando además que en dicha misiva se cuestiona las diferentes represalias administrativas dictadas contra los organismos de derechos humanos por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

“La carta señala que no debe existir ninguna medida administrativa, ni legal, que impida el trabajo de los organismos de derechos humanos. (…) Esto no puede ser aceptado en un marco de un país democrático, en el que las organizaciones deben tener la libertad de actuar de acuerdo a su mandato”, mencionó.Precisó que una vez establecidas las garantías para el normal funcionamiento de esta ONG, luego de un tiempo pertinente se evaluará si es conveniente continuar con ellas o suspenderlas. Añadió que un ejemplo de ello fue el caso del Padre Marco Arana, director del Grupo de Formación Integral para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), a quien sí se le brindó las medidas cautelares pertinentes tras un pedido similar planteado a ese organismo supranacional.

Oportunidad para reincorporar instituciones al Conadeh

Finalmente, comentó que esta oportunidad también debería servir para que el Ministerio de Justicia cumpla con su compromiso de reincorporar a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y al Concilio Evangélico del Perú (CONEP) a las sesiones del Consejo Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y servir así de enlace entre el gobierno y la sociedad civil.“Ya pasó un mes del famoso decreto que retiraba a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a la CONEP y al CEP. Han transcurrido tres semanas del compromiso de reincorporarlos al Consejo Nacional de Derechos Humanos y estamos a la espera porque esto no se ha cumplido. Es un tema que está pendiente y debería incorporarse en el marco de estas medidas cautelares”, declaró.

Francisco Soberón solicitó a inicios de este mes a la CIDH medidas cautelares, luego de que denunciara que el gobierno de Alan García había puesto en marcha una campaña contra los activistas y defensores de los derechos humanos.

El presidente acusó públicamente a Aprodeh de "traición a la patria" por haber enviado una carta a los eurodiputados poco antes de la votación del 24 de abril, en la que recomendaba no sobredimensionar al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), grupo criminal al que se reconocía como terrorista, pero virtualmente inoperativo.