Pedro Francke(*)
La mayor dificultad en la lucha contra la pobreza es la dispersión poblacional y la distancia andina": Alan García, 28/07/08.
He ahí la nueva teoría de nuestro Presidente: ya no son los perros del hortelano, ahora son las distancias las que mantienen la pobreza en el Perú. No se debe haber dado cuenta de que, no muy lejos de Palacio de Gobierno, en los callejones y casas ruinosas del Rímac y en los asentamientos humanos de San Juan de Lurigancho persiste la pobreza. Podríamos recordarle que en las ciudades del Perú, más de 25% son pobres según las cifras oficiales. Esos obreros que siguen ganando los mismos salarios que una década atrás y esas madres de familia que en un barrio marginal ven los precios subir sin una respuesta del gobierno se quedaron fuera del discurso presidencial. Dejar los salarios y la inflación, dos cuestiones claves si queremos realmente hablar de la economía popular, fuera del mensaje, han sido una grave omisión. ¿Está el presidente desconectado de las preocupaciones populares, o es que simplemente carece de alternativas ante esta situación? Tal vez ambos.
Es verdad que la pobreza es mayor en las zonas rurales, y es verdad que existe una serie de dificultades en hacer llegar a las comunidades campesinas y nativas buenos servicios de educación y salud, vías de transporte y desarrollo económico. Pero lo que mantiene elevada la pobreza rural es la penosa inacción del Estado: apenas 15% de los cien mil kilómetros de caminos rurales tienen apoyo estatal para su rehabilitación y mantenimiento. Ni qué hablar de las deficiencias de la salud y la educación rurales.
Frente a esta realidad, García se ha justificado diciendo que construir más caminos demandaría "un esfuerzo tributario que la inmensa mayoría no estaría dispuesto a hacer". Pero quienes deberían sostener con impuestos la necesaria acción publica para incluir a los pueblos rurales, por cuestión de justicia, debieran ser las empresas mineras y petroleras que hoy obtienen ganancias extraordinarias, así como quienes han ganado millones en la bolsa de valores y que no pagan ningún impuesto por eso. A Alan García, claro, no se le ocurre tal posibilidad.
El Presidente olvida que cerca a las carreteras y a las ciudades también podemos encontrar muchos campesinos pobres, porque su productividad es baja y porque el gobierno sigue prefiriendo la importación de alimentos que apoyar la producción nacional. En el absurdo, Alan García habla de promover la asociatividad agraria, al mismo tiempo que ha promulgado diversos decretos legislativos afectando a las comunidades campesinas, facilitando que sus tierras les sean arrebatadas por grandes empresas. Y, por cierto, no ha dicho palabra sobre los yachachiqs y la capacitación de campesino a campesino con tecnologías adaptadas y baratas, que son las experiencias que desde abajo han venido logrando sacar a los campesinos de la pobreza.
La mayor dificultad en la lucha contra la pobreza es que tenemos un gobierno y un Estado al que, mas allá de los discursos, la desigualdad y la exclusión le importan muy poco. El argumento de la dispersión y la distancia no es más que un mal pretexto. Como un estudiante que justifica su mala nota diciendo que la prueba estuvo muy difícil, y no reconociendo su falta de dedicación y esfuerzo.
Es verdad que la pobreza es mayor en las zonas rurales, y es verdad que existe una serie de dificultades en hacer llegar a las comunidades campesinas y nativas buenos servicios de educación y salud, vías de transporte y desarrollo económico. Pero lo que mantiene elevada la pobreza rural es la penosa inacción del Estado: apenas 15% de los cien mil kilómetros de caminos rurales tienen apoyo estatal para su rehabilitación y mantenimiento. Ni qué hablar de las deficiencias de la salud y la educación rurales.
Frente a esta realidad, García se ha justificado diciendo que construir más caminos demandaría "un esfuerzo tributario que la inmensa mayoría no estaría dispuesto a hacer". Pero quienes deberían sostener con impuestos la necesaria acción publica para incluir a los pueblos rurales, por cuestión de justicia, debieran ser las empresas mineras y petroleras que hoy obtienen ganancias extraordinarias, así como quienes han ganado millones en la bolsa de valores y que no pagan ningún impuesto por eso. A Alan García, claro, no se le ocurre tal posibilidad.
El Presidente olvida que cerca a las carreteras y a las ciudades también podemos encontrar muchos campesinos pobres, porque su productividad es baja y porque el gobierno sigue prefiriendo la importación de alimentos que apoyar la producción nacional. En el absurdo, Alan García habla de promover la asociatividad agraria, al mismo tiempo que ha promulgado diversos decretos legislativos afectando a las comunidades campesinas, facilitando que sus tierras les sean arrebatadas por grandes empresas. Y, por cierto, no ha dicho palabra sobre los yachachiqs y la capacitación de campesino a campesino con tecnologías adaptadas y baratas, que son las experiencias que desde abajo han venido logrando sacar a los campesinos de la pobreza.
La mayor dificultad en la lucha contra la pobreza es que tenemos un gobierno y un Estado al que, mas allá de los discursos, la desigualdad y la exclusión le importan muy poco. El argumento de la dispersión y la distancia no es más que un mal pretexto. Como un estudiante que justifica su mala nota diciendo que la prueba estuvo muy difícil, y no reconociendo su falta de dedicación y esfuerzo.
(*)Economista
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