Defensoría aclara que no existen procesados por Chavín de Huántar salvo ex asesor de Fujimori, Hermoza Ríos, Huamán Azcurra y Jesús Zamudio.
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, confirmó ayer que sólo son procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos tras la operación Chavín de Huántar, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos; el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos, y los coroneles Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga y no los 110 efectivos militares que tuvieron a su cargo el rescate de los rehenes, como aseguró el legislador aprista Edgar Núñez para sustentar su polémico proyecto de ley.
El artículo 1 de la iniciativa de Núñez señala “que se debe conceder amnistía a los comandos que participaron en el operativo Chavín de Huántar que se encuentran denunciados, procesados o condenados”, por consiguiente, los beneficiados serían Montesinos y los otros militares mencionados.
El desmentido de la Defensoría al argumento usado por el legislador aprista para exigir la amnistía se basa en la respuesta de la Tercera Sala Penal Especial al pedido de la Defensoría de que informe si 110 efectivos militares, cuyos nombres fueron consignados, son procesados por el caso de Chavín de Huántar, como dijo Núñez.
Tras rechazar cualquier forma de amnistía o mecanismo que impida la investigación de violaciones de los derechos humanos, Merino advirtió que ello sería un retroceso que podría significar la condena del sistema interamericano al Perú.
Núñez, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, en diálogo con LA PRIMERA habló esta vez de sólo 7 efectivos militares procesados en la actualidad y dijo no creer en las cifras presentadas por la defensora del Pueblo, a quien deseó no ver en la cárcel para que no tenga que soportar procesos lentos como los que sufren -dijo- militares y policías procesados.Aunque afirmó estar de acuerdo que se sancione a los autores de ejecuciones extrajudiciales en este operativo, no supo explicar entonces a qué militares pretendía beneficiar con su iniciativa.
DETALLE
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, dijo que al igual que varias personas acusadas de terrorismo injustamente fueron indultadas, por qué no hacer lo mismo con los militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Ante ello, Beatriz Merino recordó que la diferencia está en que los indultados eran comprobadamente inocentes.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, dijo que al igual que varias personas acusadas de terrorismo injustamente fueron indultadas, por qué no hacer lo mismo con los militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Ante ello, Beatriz Merino recordó que la diferencia está en que los indultados eran comprobadamente inocentes.
También quieren salvar a Fujimori
Gloria Cano ,representante de APRODEH
La representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano, dijo ayer que el oficialismo con apoyo del fujimorismo estaría buscando crear un escenario adecuado para salvar no sólo a Vladimiro Montesinos y al ex general Nicolás Hermoza, sino al propio ex dictador Alberto Fujimori.Cano señaló, asimismo, que la intención del “aprofujimorismo” es impedir que los militares implicados en casos como Cayara, Accomarca, El Frontón o el Comando Rodrigo Franco revelen hechos comprometedores durante las audiencias orales.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, estimó que los juicios contra los derechos humanos que se archiven, en caso se apruebe un proyecto de amnistía o indulto, podrían reabrirse en dos o tres años porque los mecanismos de amnistía son vulnerables y no impedirán que se determinen responsabilidades penales.
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Edmundo Peláez Bardales, dijo que la demora de los procesos judiciales contra militares y policías no es justificación para plantear amnistías o indultos indiscriminados. Pablo Talavera, presidente de la Sala Nacional contra el Terrorismo, opinó que no hay razones que justifiquen los pedidos de amnistía e indulto para policías y militares procesados por violación de derechos humanos.
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