Diversos sectores se manifiestan contra iniciativa mordaza. Congreso debe rechazarla.
Gran rechazo sigue provocando el proyecto de ley enviado el 19 de noviembre al Congreso por el presidente Alan García y el premier Yehude Simon para modificar el Código Civil y la Ley General de Sociedades, agregando las causales de atentar contra “la soberanía nacional, la seguridad del Estado, el orden público o el principio internacional de no intromisión en asuntos internos”.
El director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo pretende limitar la libre actuación de las organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones y fundaciones que no son adeptas al gobierno de turno. “Es una vulneración del derecho de expresión, de organización de ciudadanos que con causales vagas pretende cerrar el gobierno”, señaló.
El sacerdote Marco Arana, representante del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, indicó que la iniciativa de García y Simon es “muy peligrosa” y manifestó confianza en que el Congreso evite que el proyecto sea promulgado. “No sorprende el estilo antidemocrático tan propio de García, pero sí que Simon se haya prestado a eso”, dijo. A su vez, Javier Janhcke, representante de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, refirió que el proyecto coacta la libertad de expresión. “No debemos olvidar que no sólo son las ONG ambientalistas (las amenazadas), sino que también están las asociaciones de derechos humanos”, manifestó.
Es parte de campañaEl ex ministro Juan Sheput sostuvo que “no es una medida aislada, es parte de la campaña represiva, de persecución, chuponeo y otras actividades vedadas para la vida democrática. Ya antes García intentó eliminar a las ONG quitándoles financiamiento. El fondo (del asunto) es impedir que las organizaciones de la sociedad civil y políticos de oposición sigan destapando actos de corrupción del gobierno”.
Añadió que ya empezaron los cierres de radios en provincias, sin ningún tipo de acción legal que sustente esa sanción. Lo que ahora pretende el gobierno con este proyecto de ley, es darle un carácter legal a lo que venía haciendo de manera ilegal”.
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