Pluma y Oído

A propósito de los proyectos de amnistía para militares

Miguel Jugo

Los proyectos de amnistía e indulto para militares implicados crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la lucha antisubversiva, constituyen una seria amenaza para la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país y para la lucha contra la impunidad.Llama la atención que estas propuestas sean presentadas justo cuando varios de los casos cometidos durante el primer gobierno de Alan García (como Accomarca, Cayara y otros casos atribuidos al Comando Rodrigo Franco) se encuentran próximos a iniciar juicio oral.

Los implicados en estos casos están siendo procesados por delitos de homicidio calificado, tortura, detención ilegal, desaparición, ejecución, violación sexual, entre otras formas de violencia.Cuando se violan derechos humanos, las amnistías no proceden. Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, y también lo ha dicho el Tribunal Constitucional en diversos fallos: Las amnistías solo proceden para perfeccionar la justicia, no para escamotearla.Sobre este punto volvemos a recordar que no existe ningún miembro del comando Chavín de Huántar que esté siendo juzgado o investigado por dicho operativo. Los únicos procesados por este caso son: Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Jesús Zamudio Aliaga y Roberto Huamán Azcurra.

Así lo señala la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en respuesta a la solicitud de información planteada por la Defensoría del Pueblo.De aprobarse el proyecto sobre los indultos, que deja en manos del Presidente de la República o del Congreso dicha potestad, la autoridad del Poder Judicial se vería menoscabada en tanto es la instancia máxima para la administración de justicia en nuestro país. Del mismo modo, se estaría trasgrediendo el derecho de las víctimas a obtener verdad y la justicia.

Para quienes plantean el indulto, argumentan el retraso en los procesos judiciales a los institutos armados, sin embargo dicho retraso es producido por la defensa de las propias instancias castrences y por la política de impunidad que proviene también del mismo Estado.El Ministerio de Defensa ha sido y es el principal obstáculo en las investigaciones de violaciones a derechos humanos y es el responsable político de las acciones de los miembros de las fuerzas armadas. A pesar de ello, según una de las propuestas, ocuparía la secretaría técnica de la pretendida comisión ad hoc.Cuando se discutió la amnistía dada por Fujimori, en 1995, dijimos que la impunidad no oculta los delitos, sino los agiganta. El Perú no puede volver a caminar por los pasillos de la injusticia y el abuso que tuvimos con el hoy prisionero de la DINOES, ¿o es que el próximo indultado será él?