A cinco años del robo del Manto de Paracas

Renán Palacios Uribe

Luego de un quinquenio de años un Manto de Impunidad continúa cubriendo el caso del Manto Paracas y el Uncu Wari que fueron sustraídos por manos extrañas (¿) la madrugada del 15 de Octubre del 2004 del Museo Regional de Ica “Adolfo Bermudez Jenkis” y que aún faltan recuperar.
Por la decoración de los tejidos robados, todo demuestra que su valor va mas allá del arte que es como muchas veces se cotiza a los objetos arqueológicos, los que además de ser testimonio material de la vida de nuestros antepasados constituyen una rica herencia cultural. Su valor es netamente cualitativo e inconmensurable, de ahí viene la imposibilidad de asignarle un valor comercial.
Ha transcurrido el tiempo y no hay el menor atisbo en las investigaciones sobre los autores materiales e intelectuales del hurto de este patrimonio pertenecientes a la colección precolombina del Museo Regional de Ica.
En un reciente pronunciamiento sobre el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso que pone en peligro nuestro patrimonio cultural, el Dr. Luis Guillermo Lumbreras Ex - Director Nacional del INC reconoce recién que hay funcionarios incompetentes o ineficientes; siempre existieron, solo que él no supo removerlos en su momento cuando robaron 2 valiosos Mantos Paracas y 1 Túnica o Uncu Wari del Museo Regional "Adolfo Bermudez Jenkis" y el 27 de Octubre del 2006 se cometió un nuevo atentado contra el patrimonio cultural esta vez en el Museo de Sitio de Tambo Colorado en Pisco, también a cargo del INC Ica.
Los facinerosos lograron llevarse 24 piezas arqueológicas entre cerámicas de las culturas Paracas, Nazca, Wari, Ica, Chincha e Inca, 1 piruro (pushka), 2 palos de tejer, 3 madejas de hilo de algodón y 2 kipus de algodón; una vez mas no existieron culpables pese a las claras evidencias sobre la incompetencia de las autoridades llamadas a salvaguardar dichos tesoros precolombinos.
Ante la inercia de las autoridades del INC de Ica y Lima, la PNP y del propio Congreso de la República que no conformó una Comisión Investigadora y que fueron pocos contundentes dado el gran valor de los mantos robados, todo siguió igual sin que exista un mea culpa por la tamaña negligencia hasta estos momentos.

¿Están Contados los Días del Dólar Como Divisa Mundial ?

Un excelente artículo publicado el día de hoy en el Diario La Vanguardia de España, y que pone sobre el tapete el futuro del dolar estadounidense como divisa mundial. Algo que los encargados del Ministerio de Economía de nuestro Perú deberian tomar en cuenta y no focalizar nuestras reservas en una moneda que ya ha desatado olas de incertidumbre a nivel global.

Washington. (EFECOM).- Los días del dólar como divisa de reserva mundial están contados después de la crisis financiera del 2008, afirmó el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, quien también dijo que hay un nuevo orden económico internacional.
El máximo responsable del Banco Mundial manifestó en un discurso pronunciado en la Universidad Johns Hopkins de Washington, tras la crisis las mayores economías emergentes del mundo tendrán una mayor influencia económica mundial. "La actual suposición es que la economía posterior a la crisis reflejará la creciente influencia de China, probablemente India, y de otras grandes economías emergentes. Supuestamente, Estados Unidos, el epicentro de la crisis financiera, verá reducido su poder económico e influencia", dijo Zoellick.
Pero Zoellick advirtió de que aunque China ha actuado como una fuerza estabilizadora de la economía mundial, "todavía encara grandes incertidumbres en el 2010" y que EE.UU. tiene "una cultura de capacidad de recuperación". "El futuro de Estados Unidos dependerá de si y cómo responderá a los grandes déficit, se recuperará sin una inflación que podría socavar su crédito y su moneda y revisará su sistema financiero mientras añade seguridad y solidez", explicó.
Con respecto a Europa, Zoellick destacó que las "buenas noticias" de la crisis para la Unión Europea es que a pesar de las presiones, "esta vez Europa no se dividió" y los países "han reconocido su interdependencia".
El presidente del Banco Mundial advirtió de que la UE "debe encarar aún inseguridades", como su vulnerabilidad energética, la inestabilidad de los Balcanes, la relación con Turquía y la integración de los inmigrantes. Sobre Asia, Zoellick dijo que la "ASEAN (organización de países del sureste asiático) parece haber reconocido el momento y ha tomado acciones para profundizar su integración".
Zoellick reservó una de sus advertencias más graves al papel futuro que jugará el dólar estadounidense en el sistema financiero mundial al señalar que la moneda puede dejar de ser la divisa predominante en los próximos años. "Estados Unidos se equivocaría si creyese garantizado para el dólar el papel de divisa predominante del mundo. Al mirar hacia adelante, cada vez más habrá otras opciones diferentes al dólar". "Por supuesto, el dólar estadounidense es y seguirá siendo una de las principales divisas. Pero su futuro dependerá mucho de las elecciones de EE.UU.", añadió en referencia a las medidas que se tomarán sobre la deuda, la inflación y la renovación del sistema financiero.
Las alternativas apuntadas por Zoellick son el euro ("hay muchas razones para creer que la aceptabilidad del euro podría aumentar") y la moneda china. "China se está moviendo hacia una gradual internacionalización de su moneda. Está haciendo más fácil que sus socios comerciales utilicen el renminbi (o yuan)", dijo Zoellick.
Zoellick se refirió también al sistema global de comercio y manifestó de forma categórica que no está a la altura de las demandas de la economía global. "El sistema Bretton Woods fue creado por 44 países en un momento en que el poder estaba concentrado en un pequeño número de estados", explicó Zoellick, quien añadió que "ese mundo hace tiempo que ha pasado. Las nuevas realidades de economía política exigen un sistema diferente". "Como se acordó en Pittsburgh la semana pasada, el G-20 debería convertirse en el principal foro para la cooperación económica internacional entre los países industrializados y los poderes emergentes. Pero no puede ser un comité independiente. Ni puede ignorar las voces de los más de 160 países que están fuera", agregó Zoellick.
Uno de los efectos de la grave crisis financiera ha sido el fortalecimiento de la importancia de los países en desarrollo y Zoellick consideró que su creciente participación en la economía mundial era un desarrollo positivo. "Un modelo de crecimiento más equilibrado y global se beneficiaría de múltiples polos de crecimiento. Con inversiones en infraestructura, individuos y empresas privadas, los países en Latinoamérica, Asia y Oriente Medio podrían contribuir a la normalización de la economía mundial", explicó.

Fuente: La Vanguardia - España

Militares y civiles en Ayacucho: ¿Un nuevo consenso?

Tycho Janampa

En Ayacucho se realizaron diversas actividades por el Día Internacional de la Paz. El 21 de setiembre, día central, se organizó la Marcha por la Paz, en horas de la mañana, donde sólo asistieron instituciones del Estado, delegaciones de seis colegios y representantes del Movimiento por los Derechos Humanos de Ayacucho. Faltó la presencia de las organizaciones sociales de base de Ayacucho.
La Marcha por la Paz contó con la presencia del presidente regional, Ernesto Molina Chávez; el alcalde de Huamanga, Germán Martinelli; el Gobernador de Ayacucho, Eduardo Morales Gálvez; el jefe de la región militar del VRAE, general EP Ricardo Moncada Novoa y la visita de Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
El hecho que generó polémica fue el anuncio por parte de los representantes del Comisionado Para Paz y el Desarrollo de Ayacucho y la Plataforma de Cultura de Paz de la Mesa de Concertación de Ayacucho que entre los considerados para recibir el premio Constructores de la Paz, ese día por la tarde, figuraban las Fuerzas Armadas. El movimiento por los Derechos Humanos de Ayacucho consideró que no esto no era posible porque las FF.AA. todavía no han demostrado señales de una verdadera reconciliación, además de no colaborar con la entrega de los nombres de los militares acantonados en la base militar de Putis, cuyos miembros ocasionaron una de las mayores atrocidades cometidas en esa comunidad en la década de los años 80.
El rol del Estado y la sociedad civil en el proceso de paz
Salomón Lerner mencionó que al lado de la memoria existe también una cierta persistencia del olvido y de la negación. “Esto se encuentra cada vez más entre ciertas autoridades del Estado, y de manera más desembozada, en cierta prensa que no tiene reparos en mentir plenamente para desacreditar el esfuerzo de memoria y justicia que se está haciendo en el país”, mencionó.
Iber Maraví, presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho señaló que las causas políticas económicas y sociales que el país vivió antes del proceso de violencia interna, es una realidad que no ha cambiado sustancialmente, “eso nos hace ver en perspectiva cómo está el tema de la construcción de la paz. Luchar por la paz es luchar contra la injusticia, la pobreza y la marginación. No puede haber reconciliación nacional si todos los que han cometido violación de derechos humanos no pagan por todos los crímenes que han hecho”, señaló.
Clelia Gálvez de Verbist, actual directora de Finca Perú manifestó que en Ayacucho tenemos una situación de fragilidad de la paz en nuestra región. “El conflicto social nace en Ayacucho cuando las condiciones de pobreza eran extremas, el riesgo que tenemos hoy es que las condiciones materiales no han cambiado mucho para Ayacucho, y eso podría generar nuevamente violencia, por eso es necesario que el gobierno central, local y regional, actúen con mucha inteligencia, en primer lugar escuchando las demandas sociales, antes que el problema se agudice”, manifiesta.
El analista regional José Coronel Aguirre, señala que el Estado primero debe reconocer la barbarie que ocurrió. Asimismo, señala que es importante cumplir con las recomendaciones de la CVR que plantea una agenda democrática de construcción del Estado peruano, “eso significa la reforma del sector educación y salud, reforma de la justicia y de las FF.AA”.
Marcos Cueto, Director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en su visita por Ayacucho, mencionó que la paz es un proceso aún pendiente en Ayacucho y en el Perú, y que el Informe Final de la CVR no ha sido completamente implementado. Por otro lado señaló que no se ha lanzado con la suficiente fuerza un proceso de reconciliación a nivel local, regional y nacional. “Para que la paz realmente exista tiene que haber una actitud de parte del gobierno y de los diferentes actores sociales para enfrentar los problemas sociales que crean dificultades a la paz, como es la desigualdad en oportunidades sociales”.
Sobre el problema del VRAE
Salomón Lerner mencionó que la paz después de un perído de violencia implica no solamente el cese de las acciones armadas y, en el mejor de los casos, el desbande de las organizaciones no estatales que podían haber estado involucradas en tales acciones. “Sin embargo, poca o ninguna atención se prestaba al destino de quienes habían sido víctimas de la violencia o al de sus familiares”, añadió.
Nolberto Lamilla Aguilar, Director Regional de la Asociación Paz y Esperanza indicó que en lugares como el VRAE es difícil alcanzar la paz por la presencia constante de los narcotraficantes.
El Movimiento Ciudadano por los Derechos Humanos de Ayacucho emitió un pronunciamiento en el que sostiene que la presencia del Estado en el VRAE con contingente militar, con escasa y deficiente inversión social y servicios públicos, no contribuyen afirmar la presencia y la institucionalidad democrática del Estado en la zona.
Andrés Solari Andrade, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Ayacucho, manifestó que el tema del VRAE es altamente preocupante, “más aún cuando un iluminado del gobierno dijo que hay que declarar a la zona como espacio de combate, hay que zanjar las diferencias y que el VRAE no deje de estar en la agenda nacional”.
José Coronel Aguirre menciona que el VRAE es un tema central que debe ser planteado en la agenda regional. Precisa que hay discursos militaristas que hablan de zona de combate, desconociendo una población tan densa como el VRAE, y que el gobierno nacional equivocadamente sobredimensiona el rol de Sendero que rechaza la jefatura de Abimael Guzmán. “Entonces aquí más que nunca se tiene que coordinar con las organizaciones de base como la FEPAVRAE, los CADs, la AMUVRAE, y hacer propuestas alternativas de desarrollo integral para el VRAE, que permitan aislar política y socialmente a estas columnas, y que las fuerzas armadas vuelvan a tener el apoyo pleno del campesinado y de los CADs ”, señaló Coronel.
Premio a los constructores de la Paz
El Foro “Balance del proceso de Paz en Ayacucho”, se realizó el lunes 21 de setiembre en horas de la tarde. Al finalizar la actividad, el Comisionado Para la Paz y el Desarrollo premió con el título de Constructores de la Paz “a personalidades que han contribuido a la pacificación de esta zona del país”. Este año, los premios recayeron en Salomón Lerner, ex presidente de la CVR y el General Contreras, titular de las Fuerzas Armadas. En representación de las Fuerzas Armadas, el Jefe de la Región Militar del VRAE, Ricardo Moncada Novoa, recibió la estatuilla por la paz, de manos del Presidente del Frente de Defensa de Ayacucho, Iber Maraví.
Andrés Solari Andrade precisó que la premiación a las FF. AA. podría no gustarle a la gente si esto no se explica, “esto no significa una rendición de la civilidad ayacuchana. Tenemos que reconocer que las Fuerzas Armadas es institución tutelar de la patria y que tiene héroes que han pagado con su vida en el conflicto armado, y hay deudos también, y tenemos que alcanzar como fin supremo la hermandad entre peruanos, pero no podemos olvidar el caso Putis, por tantas atrocidades cometidas. Esto va hacer reflexionar a las FFAA. Esto no es transigir, tendrán que entender que en algún momento tienen que colaborar”, añadió.
Carlos Condori, Comisionado Adjunto para la Paz pidió que la posición del Movimiento por los de Derechos Humanos de Ayacucho no sea de oposición a las FF.AA., “porque de otra manera estaríamos confirmando aquello que señalan señores como Giampietri, que efectivamente los organismos de DDHH están contra las FF.AA.”.
Marcial Capelleti, Comisionado para la Paz y el Desarrollo, mencionó que se preguntó a la civilidad sobre la necesidad de dar el premio por la paz a las FF.AA. “y la gente decía sí al premio, y ustedes saben cuáles son las ONGs que inmediatamente dijeron que cómo era posible entregar el premio Constructores de la Paz a nuestras FF.AA., cómo no reconocer a nuestros soldados que han muerto en el VRAE”. Capelleti afirmó que el peso de la ley debe caer a los militares que han cometido violación de los DD.HH., y que el Ministerio de Defensa “algún día” dará los nombres de los militares involucrados en el caso Putis.
Por su parte Salomón Lerner, al ser requerido por la prensa ayacuchana manifestó su deseo “de que las FF.AA. finalmente encuentren lo que la justicia está solicitando”. Precisó que no tiene nada en contra del General Contreras, titular de las Fuerzas Armadas ni de ningún militar en concreto que no haya estado implicado en crímenes de lesa humanidad. Sobre la premiación a las FF.AA. precisó “Supongo que la gente se pueda escandalizar, se trata de un peruano, el general Contreras ni las FF.AA. son enemigos de los peruanos, lo que hay es un conjunto de personas que han cometido delitos y hay que juzgarlos”. Pero enfatizó que el Estado se ha mostrado de forma despectiva e intolerante frente a la ola de descontento social, “no es constructivo para nuestro proceso de paz el descalificar a quienes critican en lugar de construir caminos de diálogo”.
Por su parte el general Ricardo Moncada Novoa, Comandante General de la Región Militar del VRAE instó a la población a trabajar por la paz y la legalidad en todos los aspectos.
La paz y las reparaciones
Durante la Marcha por el Día Internacional de la Paz, el presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina Chávez anunció públicamente en la plaza mayor de Huamanga que a más tardar en octubre del presente año se iniciará la ejecución del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de Afectados por la Violencia en la región Ayacucho. El proyecto contempla la elaboración del Registro Único de Víctimas de la violencia política en Ayacucho en convenio con el Concejo de Reparaciones.
“Con toda seguridad ya tenemos el proyecto, estamos buscando el financiamiento respectivo y esperamos iniciar en octubre del presente año a más tardar, con la que vamos a registrar a todas las víctimas en todas las provincias más afectadas por la violencia política de Ayacucho”, precisó.
El perfil técnico de dicho proyecto se formuló en junio del año pasado y recién en mayo del presente año fue aprobado por la Subgerencia de Programación e Inversiones del Gobierno Regional, y para su implementación se requiere un presupuesto de cerca de un millón de nuevos soles con la que se capacitará, tanto a registradores y líderes de organizaciones de afectados, para hacer un desplazamiento, tipo barrido censal, a nivel de las provincias de La Mar, Huamanga, Cangallo, Sucre, Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara.
Clelia Gálvez de Verbist mencionó que es importante precisar el trabajo sobre las reparaciones porque solamente se habla de reparaciones económicas individuales y colectivas, pero no se está hablando de la reparación psicológica y social. “La CVR tuvo recomendaciones importantes que todavía falta implementar, y sobre todo en salud mental”. Afirmó que es importante enseñar a la gente a volver a confiar en el otro a través de la paz, que es un proceso bien lento de aprender, pero que requiere del aporte de todos y cada uno de nosotros. José Coronel Aguirre mencionó que en el proceso de paz, el tema principal son las reparaciones para lograr un nivel de conciliación que impulse proyectos auténticos de desarrollo.
Dato:
Salomón Lerner, ex presidente de la Comisiòn de la Verdad y Reconciliación (CVR) en comunicación con Noticias SER negó la información emitida por el diario ayacuchano La Calle que le atribuye en una nota periodística, haber señalado no olvidar los tiempos de violencia, sino de tener una visión a futuro, a fin de obtener el desarrollo sustentable de la localidad. “Basta ya de mucho dolor y llanto. Que el respeto de los derechos humanos sea la bandera en esta región”, se indica.
Lerner desmiente que haya dicho que se tiene que olvidar los tiempos de violencia. Señala: “Más bien, recordé el sufrimiento de Ayacucho y la llamé “capital del Dolor” en el Perú, porque me alegré de que se vaya transformando en la Capital de la Paz y evoqué a los que eran niños pequeños cuando presenté el 29 de Octubre de 2003 el Informe Final”.

Fuente:Ser-Ayacucho

BRASIL vs HONDURAS o el fin de los golpistas

Rodrigo Núñez

La situación parecía empantanada a favor de los golpistas hasta que Zelaya entró clandestinamente a Honduras y se instaló en la embajada de Brasil. El gobierno de Micheletti ni se la olió y delante de sus narices se le volteó la tortilla, porque ahora cohabitan en el mismo centro de Tegucigalpa dos presidentes, el golpista y el democrático, el dictador y el mandatario moral y legítimo. Complicada situación para los gorilas. Aislados en el mundo, la tenaza internacional comienza a asfixiar a los militares y sus títeres en su propio territorio.

Rara suerte la de estos fascistas de republiqueta. Tienen a Obama y a Fidel Castro en contra, a la UE, la ONU y a la OEA, y a toda América Latina atenta y unida tras el liderazgo de Lula, para hacer cumplir la Carta Interamericana. Solo el estado sionista de Israel apoya al régimen de facto, para vergüenza de mis amigos judíos. Es conocido que operadores del Mossad asesoran a Micheletti y son los que diseñan las políticas represivas y el cerco informativo para neutralizar a la oposición democrática. Ayer revisaba “La Tribuna” y “La Prensa online” de Honduras, y los comentarios habían sido desactivados, mientras decenas de periodistas independientes eran encausados judicialmente.

Sería torpe de parte de los golpistas entrar a sangre y fuego a la embajada de Brasil para capturar a Zelaya, aunque ya le cortaron la luz y el agua. El orden internacional estaría amenazado y Brasil tendría la justificación ética para comandar una intervención armada en Honduras. Por el momento la única alternativa de Micheletti es atemorizar a su población, ampliar el toque de queda e incomunicar a Zelaya en la embajada. Pero el tiempo corre a favor del presidente legítimo, a medida que la situación política y económica se deteriora.Por lo pronto la embajada norteamericana ya tiene la orden de ayudar a los diplomáticos brasileños, y algunos de los participantes de las ilegítimas elecciones del 29 de noviembre, como el derechista partido Nacional, se comienzan a desmarcar del régimen. Por otra parte los golpistas han sufrido una derrota moral, al no detectar la entrada de Zelaya. En el arte de la guerra (diplomatica) el engaño es determinante, decía Sun Tzu hace tres mil años. Es evidente que la CIA desinformó a los militares hondureños dirigidos por Romeo Vásquez, y los dejó en el ridículo. Entretanto las sanciones económicas a Honduras ya comenzaron a surtir efecto.

La economía se hunde y el FMI se inhibiría en los próximos días de lanzarle una boya de auxilio a través de un crédito puente.Sin embargo llama la atención la pertinacia y la inflexibilidad de los golpistas. ¿Qué fuerzas poderosas están detrás de Micheletti? Nada menos que la parasitaria oligarquía hondureña, apertrechada detrás de las inversiones extranjeras en el agro y los servicios. Esas fuerzas, escudadas en unas fuerzas armadas corruptas y apoyadas por el pentágono, han dirigido los destinos de Honduras desde hace un siglo y han creado un sistema institucional a su medida.

No otra cosa es la constitución de 1982, llena de candados y artículos pétreos, para evitar el surgimiento de nuevas voces políticas.Esa oligarquía conservadora y fascista es la culpable de que Honduras sea una democracia de mentira, con bajísimos niveles educativos y un férreo control de los medios. A la luz de su constitución de 1982 y durante el mandato de Suazo, se exterminó a toda una generación de dirigentes populares, en uno de los episodios más terribles y oscuros de la historia latinoamericana. En los latifundios de Honduras se entrenó a los “contras” nicaragüenses durante la era de Reagan, para derrocar a los sandinistas. Esa es la nefasta estirpe de los dictadores de hoy.Sin embargo los tiempos cambian. La hora final de los golpistas se avecina en estos tiempos de Obama, Hugo Chavez y de Lula. ¿Quién dijo que la guerra fría había vuelto? Solo el “neocon” desubicado de Alan...

ÍBER MARAVÍ ENTREGA “ESTATUILLA POR LA PAZ” A JEFE MILITAR DEL VRAE

Durante el término del balance final del proceso de paz, realizado ayer en las instalaciones del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (CC-UNSCH), a la asistieron autoridades y funcionarios de diversas instituciones y organizaciones sociales, el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), Íber Maraví Olarte, entregó en un gesto de reconocimiento la “Estatuilla por la Paz” al General Ricardo Moncada, jefe del Comando Especial del Valle de los Ríos Apurimac y Ene (VRAE), pese a que siempre discrepó con la política de trabajo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Al ser abordado sobre su gesto diplomático,manifestó:“Había anticipado que mi participación fue sólo como panelista y en el tema de los reconocimientos era como espectador para dar mi punto de vista. Por cuestión de cortesía, para no hacer un desaire público acepté entregar el premio, muy a pesar de que tengo mis discrepancias con el actuar del Ejército”, puntualizó el reconocido dirigente social, ex candidato ayacuchano en la últimas elecciones a una curul parlamentaria por el movimiento político “Avanza País”-Partido de Integración Social, también ex Secretario General de las ‘‘Bases Clasistas’’ del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación de la Provincia de Huamanga (SUTEPH), cantautor de trovas, profesor y abogado.
Señaló "que lo cortés no quita lo valiente y que con esta entrega sólo demostró un gesto diplomático, pese a las serias discrepancias que mantiene con el accionar del Ejército acantonado en la zona del Vrae", toda vez con gran sutileza, prácticamente fue obligado por los organizadores,ante el numeroso público asistente, a cumplir con este acto.“No me quedaba hacer otra cosa, tampoco negarme públicamente. No creo que esta actitud vaya empañar todo el trabajo que ha realizado el FREDEPA durante muchos años de reivindicación de un pueblo heroico como es Ayacucho”, agregó, el Presidente del Frente de Defensa del Publo Ayacuchano.
Por su parte, Marcial Capelletti, Comisionado por la Paz y Desarrollo de Ayacucho, Huancavelica y La Convención (Cusco), organizador de la marcha por la paz invitó a Maraví Olarte a realizar dicho gesto, por ser un representante de la sociedad civil, pese a sus conocidas discrepancias con el trabajo del Ejército.

ESTUATILLA PARA EX PRESIDENTE DE LA CVR

Asimismo, cabe indicar que en el mimsmo acto, Clelia Gálvez de Verbist, actual directora de la ONG Finca Perú, entregó otra “Estatuilla por la Paz” a Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), quien agradeció el gesto a los organizadores de dicho evento.
(Elías Taboada Gómez / AVG) Diario La Voz de Huamanga

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DELITOS CONTRA EL HONOR

El límite de los derechos

Walter Gutiérrez*

El proyecto de despenalización de los delitos contra el honor (injuria, calumnia y difamación), que se discute en el Congreso, vuelve a abrir un viejo debate en el derecho sobre el conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. El proyecto plantea que se amplíen aun más las libertades de información y expresión al punto que desaparezcan los llamados delitos de prensa y, en caso de excesos, estos serían sancionados únicamente con una reparación patrimonial en la vía civil.
Como se sabe, la libertad de expresión y la libertad de información en nuestro sistema son derechos reforzados, por tanto, objeto de una especial protección. De ahí que, en principio, estos derechos no pueden ser limitados por ningún medio quedando proscrita la denominada censura previa. Esto debido a que en la doctrina se considera que estos derechos no solo tienen un ámbito subjetivo que permite el desarrollo de la persona, sino que concurrentemente poseen un ámbito institucional, constituyéndose en base del sistema democrático. En línea con estas ideas la jurisprudencia extranjera ha señalado, refiriéndose a estos derechos, que sin ellos “quedarían vacíos de todo contenido otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática”.
Por ello en nuestro sistema constitucional se establece que los excesos, que se cometan en el ejercicio de estos derechos, se sancionan mediante las denominadas “responsabilidades ulteriores” en lo civil o en lo penal. En otras palabras está radicalmente prohibido impedir la circulación de los medios; y, de cometerse abusos, estos deberán repararse con posterioridad. Así, nuestro derecho admite tolerar el costo social que el ejercicio de estos derechos puede implicar.
Ahora bien, las preguntas que surgen son: ¿conviene ampliar aun más estas libertades eliminando los delitos contra el honor? ¿Una extensión de estos derechos puede debilitar el derecho a la privacidad?
Sobre el primer punto diré que estoy de acuerdo, pero parcialmente; esto es, en eliminar los delitos contra el honor cuando se ejerza la libertad de expresión respecto de asuntos públicos, hombres públicos, actuaciones públicas; en una palabra, cuando se encuentre involucrado el interés público. Esto en razón de que, tal como lo sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestas a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.
No sucede lo mismo con el hombre común y con los temas que no son de interés público. Sobre este punto hay que tener presente que en el mundo moderno, basado en la información y en la proliferación de medios que permiten su difusión, la privacidad es el último bastión, el último reducto de libertad del hombre. En consecuencia debe tenerse cuidado en desproteger este importantísimo derecho. Por muy valiosas que sean las libertades, nuestra Constitución no reconoce el ejercicio ilimitado de estas. Por tanto, la libertad de expresión y la libertad de información también tienen límites; estos límites están dados por el respeto a los derechos y a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, tal como lo postula la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(*) Decano del Colegio de Abogados de Lima

LO QUE SE SIEMBRA SE COSECHA

Renán Palacios Uribe

Los medios de comunicación de circulación nacional han calificado de escandaloso, el Proyecto de Ley enviado al Congreso de la República por el Ejecutivo, para quitarle al Instituto Nacional de Cultura la facultad de señalar los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación.
Lo cierto es que de prosperar éste, se estaría poniendo en peligro nuestro patrimonio cultural en lo que concierne al manejo y a su preservación, al no haberse tomado en cuenta las argumentaciones legales habidas y por haber.
Y es que en primer término en su artº 1, establece que los monumentos o bienes culturales, solamente podrían ser declarados como tales por el Congreso, que como sabemos no tendría capacidad técnica ni administrativa para tal atribución.
Al respecto, nos imaginamos los desaciertos que cometerían "los padres de la patria", pero; reza el dicho: “Lo que siembras, cosechas”.
Pienso; que el temor a la desmonumentalización masiva que tiene la Dra. Cecilia Bákula – Directora del INC, ya se ha venido dando precisamente por parte de quienes dirigen este ente y se jactan de idóneos tutores del patrimonio y con capacidad técnica.
Con Resolución Directoral Nacional Nº 1747/INC del 10 de Enero 2008, desmonumentalizaron el Templo del Señor de Luren en Ica contraria a derecho, entre otros templos que ya fueron derruidos con resoluciones similares.
Entonces, ¿Que esperaríamos de gente inexperta y faltos de capacidad para cumplir tal función?
En una entrevista concedida por la Dra. Bákula al diario La República el domingo 20 de los corrientes, manifiesta que la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación 28296 es mala.
¿Qué hacer entonces?
En su pronunciamiento sobre el tema, el Dr. Luis Guillermo Lumbreras Ex - Director Nacional de INC reconoce recién que hay funcionarios incompetentes o ineficientes; siempre existieron, solo que él no supo removerlos en su momento en el INC - Ica, cuando el 15 OCT. 2004 robaron 2 valiosos Mantos Paracas y 1 Túnica o Uncu Wari del Museo Regional "Adolfo Bermudez Jenkis".
Tomando las palabras del colega Abelardo Oquendo en su comentario BOCAS BIEN CERRADAS publicado en el Diario La República el 20 de Setiembre 2009; el silencio existente por parte de los allegados a la cultura en todas sus manifestaciones, se deba quizá al escaso aprecio que se tiene sobre el INC.
Hablando de propuestas, en mi opinión, bien le vendría a la Nación Peruana la creación del anunciado Ministerio de Cultura del que dependa el tan burocrático y pálido INC y que no esté integrado por apristas, sino por insignes profesionales identificados verdaderamente con la cultura y el amor al Patrimonio Arqueológico.
Termino recordando que el tema de crear un Ministerio de Cultura fue tratado en Diciembre del 2008 en el Primer Congreso Nacional de Políticas Culturales del Perú,en donde el representante de la Cooperación Internacional de España (AECID), anunció un importante apoyo que estaría destinado a la reestructuración y restauración del Museo de Paracas y para la creación de un Ministerio de Cultura.

Corrupción en el Perú:TIEMPO DE EXIGIR CUENTAS

Antenor Maraví Izarra

En su discurso del 28 de Julio, el presidente García, de los 90 minutos que duró su mensaje, escasamente utilizó menos de un minuto referido a la corrupción, para anunciar la construcción de un nuevo penal en la selva para castigar a quienes incurran en este delito, sin precisar el lugar ni las características de este demagógico impromptu. Lo cierto es que, en ese cielo de elucubraciones rimbombantes al que nos tiene acostumbrados, nuestro presidente, los tentáculos y despropósitos de esta peste social que tanto daño ha causado en el país, siguen creciendo cada vez más fétidas y protegidas por esa vieja caparazón de la impunidad.
En esa especie de pandemia social en que vivimos, esa imagen de inmoralidad sin límites que agobia al país, no solo sigue latente sino que se ha fortalecido. Hay un cinismo nunca visto antes, donde los operadores de los denominados faenones, con todo desparpajo se dan el lujo de declarar ante los medios de comunicación, transmiten mensajes de doble intención, condicionan a jueces y gozan de patentes de corzo y la elocuencia del silencio cómplice y la ceguera de quiénes hoy nos gobiernan.
Este cuerpo purulento de nuestra realidad nacional, infestado de tantos truhanes y traficantes de todo pelaje, ciertamente es de vieja data, pero nunca como ahora han gozado entre angas y mangas de tantos privilegios y el visor complaciente de quien hoy se pavonea en el viejo sillón de Pizarro.
Para nadie es un secreto la existencia de organizaciones y mafias colegiadas, como el caso de Rómulo León y Don Bieto, constituidas exprofesamente para delinquir con el apoyo partidario en cargos claves, denominados de confianza, donde la corruptela con toda felonía y cinismo articulan una serie de decisiones oscuras, en detrimento de las justas exigencias y aspiraciones de los pueblos, tal el caso de Ica que, hasta la fecha no se sabe con exactitud en que se han invertido los 1234 millones de nuevos soles que dicen haber destinado para la reconstrucción de las zonas devastadas, igualmente sigue ignorándose sobre el destino y la cantidad de los donativos internacionales. Hay una cueva oscura y nauseabunda llena de ladrones y traficantes de toda laya, a las que, ni los oídos ni los ojos del presidente, - a quien hemos elegido tapándonos la nariz - se resisten a ver y escuchar el clamor del pueblo, ese pueblo donde la pobreza es inmemorial y roe todos los días, sus sueños y anhelos de dignidad humana.
Sin embargo, en este país de las palabras devaluadas y promesas incumplidas y negadas tantas veces, como Judas negó y vendió a Jesús, sirven en alta voz para lotizar nuestra selva a los mercaderes del petróleo, sirven para perseguir a quiénes demandan justicia y respeto a sus tierras comunales. Seguimos hablado a media voz en medio de una turbulencia de exigencias sociales y económicas, con conflictos segmentados de larga data, buscando impenitentes aquello que los sociólogos denominan gobernabilidad, donde el mandatario, antes que todo tiene el deber y la responsabilidad de atender las demandas de su pueblo.
¿Cómo Salir de esta cueva de Alí Babá?
En los años 70, cuando gobernaba el país el presidente Juan Velasco Alvarado, ante la fraternal visita del general Raúl Castro, hoy presidente del Gobierno revolucionario de Cuba, uno de los ministros del Perú, le solicitó su opinión cómo solucionar la corrupción imperante en aquellos años. Entre bromas y palmetazos, Castro en la creencia de que eran pocos, sugirió como medida ejemplarizadora cortar una de las manos, al que su interlocutor le respondió, que el Perú se convertiría en un país de mancos. Y es que al margen de la anécdota que es real, siempre hemos convivido con esa pus purulenta, tantas veces denunciadas hace más de un siglo por Gonzáles Prada, en estos tiempos de neoliberalismo galopante, se enseñorea cada vez más como el vergonzante ranking de que estamos a un paso de convertirnos como el mayor exportador de drogas en el mundo.
No existe una política transparente ni decisiones planificadas y coherentes de una real lucha contra la corrupción. Acaban de designar al ex Contralor General de la República Genaro Matute, como Coordinador de la Comisión de Alto Nivel contra la corrupción, pero este señor de las oportunidades, durante su gestión, absolutamente no hizo nada por erradicar ni exigir sanciones moralizadoras sobre variados hallazgos delictivos detectados en Ica, su tierra, que por indefensión y carencia de voluntad moralizadora, estas investigaciones, fueron oleadas y sacramentadas, quedando libres de polvo y paja los denunciados ante el Poder Judicial.
En el caso de los alimentos sobrevalorados del SIS, adquiridos para los damnificados del terremoto en Pisco, cuando la ex jefa de la Oficina Nacional de Anticorrupción(ONA) Carolina Lizárraga, dispuso. la detención preliminar de cinco integrantes de esta mafia, el ex contralor le declaró la guerra, aduciendo que invadía a sus fueros, a la que extrañamente, tampoco el Poder Ejecutivo le brindó apoyo alguno, obligándola finalmente a renunciar. Esa es la realidad monda y lironda, de los afanes moralizadores de nuestro actual gobernante de turno.
Hay que extirpar la banalidad del mal
Cuanta razón tuvo el poeta, Sebastián Salazar Bondy, cuando dijo: Mi país es un banquete de ubres,/ un templo de ceremoniales crueles,/ donde todos los días crucifican su dignidad. Esta clamorosa constatación, no es más que el fiel reflejo de que en el Perú las instituciones son puramente formales, que no significan garantía para nadie, salvo para aquel que lo controla. Con los poderes del Estado totalmente sometidos al Ejecutivo, sin debates, como en los viejos tiempos del fujimorismo, en absoluto no quiere escuchar ni hacer respetar las demandas del pueblo.
Cerrar el paso a la corrupción y la impunidad es imprescindible, pero no basta denunciarla. Es necesario fortalecer y exigir a las instituciones y organismos encargados de ejercer el control y la aplicación de sanciones ejemplarizadoras con mecanismos eficaces de fiscalización que permitan detectar a tiempo e impedir su desarrollo. Hay que luchar contra esta realidad asfixiante, de otro modo estaríamos aceptando resignados ver como se entroniza lo que Hannah Arendt llamaba la “banalidad del mal”.
No hay peligro más grave para la democracia que la impunidad, que devora el capital político, social y moral de un país, y abre las puertas para la presencia devastadora de esa delincuencia de cuello y corbata. Es tiempo de exigir cuentas a quiénes tienen la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar esta peste social.

COMISION DE DERECHOS HUMANOS - ICA

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

Ante el retraso en las labores de reconstrucción, debido a inexistencia de mecanismos y canales efectivos que recojan y resuelvan las sentidas demandas sociales del pueblo iqueño, distintas organizaciones y gremios convocaron a un paro el pasado martes 8 de septiembre del presente año, durante el cual se registraron actos de violencia los mismos que rechazamos y condenamos.
Días previos al paro se inició una campaña mediática de desprestigio contra la Comisión de derechos Humanos, esta vez por el Gobernador de la Ciudad, Sr. Cesar Salazar Carpio y el abogado Eddy García Mendoza, Director Regional de COFOPRI y Secretario General del Partido Aprista Peruano, quienes en diversos medios de comunicación emiten información tendenciosa y mal intencionada, responsabilizándonos de ser organizadores y financiadores del paro y de los hechos de violencia; amenazando con denunciarnos penalmente. Ante esto el Consejo Directivo de CODEHICA expresa ante la opinión pública regional y nacional lo siguiente:
1. Afirmamos el legítimo derecho constitucional del Pueblo Iqueño a ejercer su derecho a la ciudadanía, a la libertad de expresión, de movilización, protesta y exigencia ante el abandono y promesas incumplidas por parte del Gobierno central a las 75,000 familias damnificadas, siempre que ellas se realicen de manera pacífica, sin dañar la propiedad y el libre tránsito.
2. CODEHICA, no ha participado en la organización y menos con ningún tipo de financiamiento de la movilización popular del 8 de septiembre, y tampoco justifica las acciones vandálicas, que lo único que generaron fue pánico y terror, en desmedro de las justas demandas de la población damnificada por el sismo del 15 de agosto del 2007.
3. Denunciamos y rechazamos la campaña iniciada por las autoridades y funcionarios representantes del partido de gobierno en Ica, tratando de involucrar a CODEHICA en estos hechos de violencia, atentando contra nuestra imagen institucional y mostrando visos de una clara persecución en contra nuestra, situación que ya se ha dado en otras ciudades del país contra aquellas entidades que como CODEHICA, realizan labores de promoción, defensa y ejercicio de los derechos ciudadanos.
4. Exigiremos a esas malas autoridades y funcionarios que demuestren que hemos participado en la organización y financiamiento del paro del 8 de septiembre y además, que expliquen cómo es que cuentan y hacen públicos informes de “inteligencia” respecto de las actividades y reuniones supuestamente “organizando el paro” como lo han vertido por diferentes medios de comunicación.
5. Reiteramos nuestra exigencia para que las autoridades locales y nacionales asuman realmente y de manera coordinada y concertada la responsabilidad que les corresponde en el proceso de reconstrucción después del sismo del 15 de agosto, priorizando la atención social en salud y educación así como de las miles de familias de los sectores más pobres que aun viven en condiciones de alta precariedad y riesgo, por lo que justamente claman por una vivienda, empleo y una vida digna.

Consejo Directivo de CODEHICA

Ayacucho: Enérgico rechazo a las declaraciones del presidente regional

Karen Bedriñana

Tras las polémicas declaraciones del presidente regional de Ayacucho , Ernesto Molina Chávez, en las que expresó su respaldo al vicepresidente Luis Giampietri, para declarar al VRAE como zona de combate y dejar de lado el respeto de los Derechos Humanos, diversos actores políticos y organizaciones sociales han rechazado tales afirmaciones.
La congresista Elizabet León, exigió que Molina Chávez se rectifique, afirmando que la región no es su feudo político como para validar dicha propuesta. “Estas desatinadas declaraciones merecen todo nuestro rechazo e indignación, tenemos que estar alertas ya que se está buscando recurrir a normas que declararen al VRAE como zona de combate siendo esto inadmisible en una democracia”, señaló.
Edwin Crespo, sub secretario de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle del Río Apurímac y Ene (FEPAVRAE) expresó que el presidente regional está en contra del campesino y agricultor “a tal punto, que nos quiere ver muertos. Que venga, lo estamos esperando para que nos bombardee y con ello nos desaparezca”. Asimismo, indicó que sus disculpas o la modificación de sus versiones emitidas a nivel nacional no sirven ya que su verdadera intención fue expuesta.
Iber Maraví, presidente del Frente de Defensa de Ayacucho indicó que sólo una mente criminal puede decir que “no hay que temer a los Derechos Humanos” y que ante el repudio del pueblo, “cínicamente viene aclarando lo que dijo, haciendo gala de que se puede decir cualquier barbaridad y fácilmente arreglar la declaración. Asimismo, cuestionó el actuar del presidente regional, recordándole su filiación con el fujimorismo además de ser vocero de la alianza Aprafujimorista. “Este acuerdo político entre el gobierno nacional y regional, lo rechazamos y anunciamos que como pueblo organizado implementaremos nuestras medidas de protesta, por lo tanto responsabilizamos a los gestores y ejecutores de dichas medidas criminales de las mayores desgracias que sucedan dentro del VRAE”.
Por otro lado, los integrantes del Movimiento Ciudadano por los Derechos Humanos de Ayacucho, mediante un comunicado lamentaron las desafortunadas expresiones del presidente regional, “quién, lejos de preocuparse por una eficiente gestión, promueve la confrontación y contribuye a las acciones fascistas en la región”.
Según analistas regionales, Molina Chávez no sería ningún ingenuo en la política ya que estaría buscando para el 2010 su reelección o para el 2011 una curul en el Congreso y que mejor mediante un discurso fascista que busca un frente nacional acorde a sus ideas, ya que el movimiento que lidera se encuentra debilitado, indicaron.

Fuente:Ser

¿RESPONDER A LA BARBARIE CON LA BARBARIE?

La propuesta del congresista y primer Vicepresidente de la República, Vice Almirante en retiro y especialista en Inteligencia Naval de la Marina de Guerra del Perú, nombrado como Comandante del Grupo de Operaciones Especiales del Centro, durante el primer gobierno de Alan García, que luego llegó a ocupar el cargo de Jefe del Estado Mayor General de la Marina en el Segundo Gobierno de Alberto Fujimori, don Luis Alejandro Giampietri Rojas, ha puesto al Perú al borde de ser considerado mundialmente en país intolerante, acaso salvaje o ineficiente para resolver sus problemas internos de seguridad, con apego a sus leyes y con irrestricto respeto a los derechos humanos.

El asunto es que según él –y a lo mejor, según cierto sector del partido aprista, de algunos militares o autoridades de rango inferior-, hay que “declarar al VRAE como zona de combate, y retirar a todos los civiles”, para luego bombardearlos, posiblemente desde el aire (suponiendo que así se va a exterminar a los narcoterroristas que vienen causando la muerte de policías y militares). Tal desliz verbal, impropio para un Especialista en Inteligencia de su nivel, y el segundo hombre de la política nacional, solo podría tener cabida en tiempos de desenfreno como los perpetrados en un Penal, que ha llevado a la matanza de indefensos reclusos, y ya no al comportamiento de un gobernante ubicado física y racionalmente en los tiempos de pacificación, de lucha por la paz y mucho menos de reconciliación nacional.

Así lo habrán entendido sus propios compañeros de partido, ni bien terminaba de hablar y apenas los medios replicaban su mensaje, empezando por el Premier Velásquez Quesquén, quien ni corto ni perezoso, tuvo que manifestar que no la comparte, indicando que eso podría ser hasta contraproducente, y resultaría negativo. La Fiscal de la Nación no se ha quedado callada y pidió tener calma y no responder a la barbarie con la barbarie, y el ex Presidente de la CVR Salomón Lerner advirtió que “eso sería infame e inconducente, pues significaría dar licencia para matar a cualquier persona inocente o culpable”.

Ahora, el inmediato pronunciamiento de las Autoridades Locales, las Organizaciones Sociales representativas del VRAE, como: la Federación de Productores Agropecuarios, La Federación de Clubes de Madres, los Comités de Autodefensa, AMUVRAE, la Organización AshaninKa del Río Apurímac y la población en general del VRAE, aclarando que “los últimos acontecimientos narcoterroristas se han producido en la Cuenca del Río Mantaro, específicamente en la frontera del VRAE…”, y dando a entender que 200 mil habitantes no tendría a donde ser trasladados, pone en entredicho el poco o nulo conocimiento de la realidad que tienen del Valle, los gobernantes de turno.

Por lo demás, el contundente pronunciamiento del FREDEPA que lidera Iber Maraví Olarte, y que ahora conoce el país entero, es una advertencia para personajes como Giampietri, a fin de que, lejos de estar intentando militarizar la zona, se pongan a trabajar en la lucha efectiva y eficaz contra el narcotráfico, por la reconciliación nacional, “lo que de ninguna manera significa conciliación de clases, que es lo permanente, ni mucho menos avalar el crimen del programa neoliberal…”.

Es decir, el globazo de ensayo lanzado por Giampietri, para ya barrer con los problemas del VRAE, a punta de bombas, fusiles y otros instrumentos sofisticados de guerra, no ha surtido efecto, ni podría hacerlo, por lo mismo que los impulsores del extermino, o se rectifican y atienden las necesidades del VRAE, CON la participación de sus 200 mil habitantes, hasta satisfacer “sus justas aspiraciones de vida digna”. Y en adelante, pensar antes de hablar.

Fuente:Editorial Diario La Calle

FRENTE DE DEFENSA DEL PUEBLO

Fundado el 13 de Abril 1966

PRONUNCIAMIENTO

El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, organización de carácter regional, central popular y aglutinador de los frentes de defensa provinciales, distritales, federaciones, gremios, sindicatos y organizaciones populares de la región de Ayacucho, se dirige a Gobierno Central, Congreso de la República, a la opinión pública internacional, a todo el pueblo peruano y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, para rechazar la propuesta del Primer Vicepresidente de la República del Perú, Luis Giampietri, para declarar “zona de combate” el VRAE, lo que significaría justificar y exculpar de responsabilidad penal a los militares que actúen con la misma lógica militar contrasubversiva de los ochentas: “…es preferible matar a 100 con la seguridad de que dentro de ellos hay tres terroristas”, y entonces se arrasaron pueblos enteros, se ejecutó a civiles por simples sospechas y luego se mintió, para decir que murieron en combate, y hasta hoy seguimos descubriendo más y más fosas comunes incluso con niños y mujeres embarazadas especialmente en Ayacucho.
Asimismo, expresamos nuestro más enérgico rechazo a las declaraciones del Presidente Regional de Ayacucho, Ernesto Molina Chávez, cuyo gobierno, poco o casi nada ha hecho por atender las necesidades de la población que vive en la jurisdicción regional que comprende al VRAE, autoridad regional fujimorista, que muchas veces actúa como vocero en Ayacucho de la alianza apro -fujimorista que nuestra población rechaza, quien sin la más mínima vergüenza, este 4 de setiembre declaró a CNR: “…hay que poner mano dura, dejar de miramientos con esos terroristas y si es posible bombardear la zona; creo que hay que dejar de tener temor a los derechos humanos…” este personaje que hace poco hizo público sus mejores elogios al Gobierno Central, y que dijo que en Bagua se engañó a los nativos, es una de las pocas personas que de manera descarada, mostrando su desprecio por los derechos humanos, hoy hace la réplica, con nuevo estilo de lo que en su oportunidad el hoy Cardenal Juan Luis Cipriani dijera: “los derechos humanos son una cojudez”. Nos preguntamos ¿Quiénes temen a los derechos humanos? Sólo quienes están en contra de ellos, el pueblo no le teme a los derechos humanos, todo lo contrario, lo defiende y por eso sus hijos son perseguidos y encarcelados, sólo quien tiene una mente criminal puede decir no hay que temer a los derechos humanos. Ahora, el presidente regional de Ayacucho, ante el repudio de nuestro pueblo, vana y cínicamente viene “aclarando lo que dijo” haciendo gala de que se puede decir cualquier barbaridad y luego fácilmente “arreglar la declaración” diciendo que respecto al bombardeo no se refirió a todo el VRAE, sino al punto donde fue derribado el helicóptero. Este acuerdo político entre el Gobierno Central y Regional de Ayacucho, para declarar al VRAE zona de combate y el bombardeo de la zona, la rechazamos y anunciamos que como pueblo organizado de toda la región implementaremos nuestras medidas de protesta. Por lo tanto, responsabilizamos de antemano a los gestores y ejecutores de dichas medidas criminales de las mayores desgracias que sucedan dentro del VRAE,
Asimismo, expresamos claramente nuestro rechazo a la “subversión armada” que han convertido la zona en escenario incontrolable del narcotráfico, causando preocupantes víctimas de civiles y militares. Ayacucho y el país acaban de salir de un proceso de guerra interna con dolorosos saldos y hoy después de dicha guerra interna es urgente en la actual coyuntura lograr la reconciliación nacional, lo que de ninguna manera significa conciliación de clases que es lo permanente, ni mucho menos avalar el criminal programa neoliberal que implementa el Gobierno de Alan García Pérez contra el cual no cejaremos en nuestra consecuente lucha.
Por lo mismo, expresamos nuestra más enérgica condena a la vulneración de los derechos humanos en el VRAE, no justifica ni la más grande y exitosa operación militar cuando esta afecta los derechos humanos de una sola persona. No es pues incompatible el éxito militar con el respeto absoluto de los derechos humanos, sólo alguien de pensamiento criminal puede creer lo contrario.
Finalmente, expresamos que no tendrá ningún éxito la acción militar del Estado en el VRAE si no tiene respaldo de la población de la zona, y esto no se logrará si no se soluciona sus problemas económicos sociales, y mientras sólo se hagan planes VRAEs de experimento en experimento, elaborados burocráticamente por “expertos” y sin la participación de la sociedad organizada directamente involucrada.

Iber Maraví Olarte

Presidente del FREDEPA

VI° ANIVERSARIO DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA “COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION” – C.V.R.

OMAR MENESES

Un tema que marcará el derrotero político de la lucha de clases en nuestro país tiene en el INFORME FINAL de la Comisión de la Verdad y Reconciliación un instrumento para encontrar la génesis, el desarrollo y el devenir histórico de la confrontación social ocurrida durante las dos últimas décadas del siglo pasado en nuestro país.
Para entender éste proceso de laboriosa síntesis expresado en este INFORME FINAL es necesario mirar el panorama internacional; ahí encontraremos situaciones similares acontecidas en otras latitudes y que obligaron a determinados organismos internacionales a constituir comisiones que buscasen la explicación de la violencia política producida por el conflicto social, tal como ha ocurrido en nuestro país.
GENESIS DE LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION

La C.V.R. en el Perú surgió en el marco de un amplísimo desarrollo del Derecho Internacional Público y de la Conciencia Universal sobre el valor de los Derechos Humanos.
Durante los años 1994 y 1995 se crearon los Tribunales Penales Internacionales de las Naciones Unidad para la antigua Yugoeslavia y Ruanda donde la violencia política y el enfrentamiento armado arrasaban poblaciones enteras.
En 1998 se aprobó el ESTATUTO DE ROMA de la CORTE PENAL INTERNACIONAL como evidencia de la creciente voluntad de los países de poner en vigor mecanismos de jurisdicción universal para perseguir a los responsables de crímenes de lesa humanidad, independientemente del lugar donde los hubieran cometido.
Así, en medio de este auge por crear jurisprudencia es que se crean Comisiones de la Verdad en Chile, Argentina y Guatemala, por citar algunos ejemplos. Fue el ex Presidente Valentín Paniagua Corazao quien el Junio de 2001 crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación – C.V.R. – con la finalidad de esclarecer los hechos ocurridos durante los años 1980 y 2000.
Cuando en Enero de 1983 ocurrió la MATANZA DE UCHURACCAY donde los Comuneros Iquichanos de las Alturas de Huanta ajusticiaron a ocho (08) periodistas que estaban investigando una masacre previa, el Congreso de la República nombró una “Comisión Investigadora” que tuvo al escritor Mario Vargas Llosa como su principal integrante. Esta “Comisión Investigadora” formada por el Poder Ejecutivo tuvo un prolongado proceso judicial posterior a los hechos, pero no respondió a las expectativas de la ciudadanía por esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades y desentrañar la naturaleza del conflicto que se desarrollaba en los Andes Peruanos.
La Matanza de Treinta (30) presos acusados por delitos de terrorismo en el Penal de Lurigancho el 04 de Octubre de 1985 también corrió igual suerte por la disposición gubernamental de no entregar cadáveres ni esclarecer los sucesos.
Los días 18 y 19 de Junio de 1986 se produjo el Motín de tres (03) Establecimientos Penales de Lima y Callao con captura de rehenes y armas de fuego; el sangriento debelamiento, con las secuelas de ejecución extrajudicial de presos rendidos y desarmados, sin más argumentos que liquidarlos físicamente, es un episodio que todavía clama por establecer las responsabilidades que el caso amerita.
Justamente esos fueron los argumentos que sustentaron la necesidad y viabilidad de constituir la Comisión de la Verdad y Reconciliación – C.V.R.

LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION

Por Decreto Supremo se nombra a los integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación – C.V.R.- siendo los siguientes:
Dr. Salomón Lerner Flores (Presidente),Dra. Beatriz Alva Hart,Dr. Rolando Ames Cobián,Monseñor José Antúnez de Mayolo,Tnte. Gral. FAP José Arias Grazziani,Dr. Enrique Bernales Ballesteros,Dr. Carlos Iván Degregori Caso,
Padre Gastón Garatea Yori,Pastor Humberto Lay Sun,Sra. Sofía Macher Batanero,Ing° Alberto ,Morote Sánchez,Ing° Carlos Tapia García,Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi (observador)

EL INFORME FINAL DE LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION

La labor de investigación realizada empezó en Junio de 2001 y culminó el 28 de Agosto de 2003 con la entrega del Informe Final. Se contrató aproximadamente a setecientas (700) personas y el costo total utilizado fue de Trece Millones de Dólares Americanos ($ 13’000,000.00)
El Informe Final consta de nueve (09) tomos donde se detallan los hechos ocurridos durante este período (1980-2000)
Consta de tres partes principales: Primera Parte.- se relata el proceso, los hechos y las víctimas de la violencia política. Segunda Parte.- se relata los factores que permitieron que se desarrolle el conflicto social. Tercera Parte.- se señala las secuelas del conflicto social y se plantean las recomendaciones para que estos sucesos no se vuelvan a repetir.

LAS CONCLUSIONES FINALES DE UN GRAN TRABAJO

La CONCLUSION FINAL N° 01 señala trágicamente lo siguiente: “La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”.
La CONCLUSION FINAL N° 13 señala que “Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Esta cuota tan alta de responsabilidad del PCP-SL es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR”.
La CONCLUSION FINAL N° 35 señala que “En balance, durante la década de 1980 el discurso y las acciones del MRTA contribuyeron a crear un clima en el cual el uso de la violencia pretendía aparecer como un recurso político legítimo, favoreciendo en última instancia la actividad y la expansión del PCP-SL. En la década de 1990, especialmente a partir de su frustrada toma del Congreso y de la toma de la residencia del embajador japonés en diciembre de 1996, el MRTA favoreció la legitimación de la política contrasubversiva autoritaria y militarizada del gobierno de Alberto Fujimori”.
La CONCLUSION FINAL N° 46 señala que: “La CVR concluye que la lucha contra la subversión reforzó en miembros de la policía prácticas autoritarias y represivas preexistentes. La tortura en interrogatorios y las detenciones indebidas, que habían sido frecuentes en el trato con la delincuencia común, adquirieron un carácter masivo durante la acción contrasubversiva. Además, la CVR ha constatado que las violaciones más graves de los derechos humanos por parte de agentes de la policía fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La CVR condena particularmente la práctica extendida de la violencia sexual contra la mujer”.
La CONCLUSION FINAL N° 55 señala que: “La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario”.
La CONCLUSION FINAL N° 156 señala que: “Para la CVR el desplazamiento masivo desde las zonas de violencia constituyó un doloroso proceso de desarraigo y empobrecimiento de cientos de miles de peruanos y peruanas; ello produjo una urbanización compulsiva, así como un retroceso histórico en el patrón de ocupación del territorio andino, lo que habrá de afectar por largo tiempo las posibilidades de un desarrollo humano sostenible. La población desplazada vio afectadas sus redes sociales, que debieron adaptarse con distintos grados de éxito y con gran sufrimiento a las nuevas circunstancias, lo cual constituyó un enorme reto para la provisión de servicios en las ciudades. Asimismo, los desplazados por el conflicto fueron en muchos casos estigmatizados y discriminados en escuelas, barrios y centros de trabajo. Al retornar, tuvieron que enfrentar a veces graves problemas de tierras y ausencia de apoyo suficiente para reorganizarse y sostener a sus familias”.
La CONCLUSION FINAL N° 162 señala que: “La CVR llega a la convicción de que las secuelas del conflicto armado interno pesan como una grave hipoteca sobre nuestro futuro y afectan decisivamente nuestra construcción como comunidad nacional de ciudadanos libres e iguales en un país democrático y plural, que avance por el camino del desarrollo y la equidad. Considera, asimismo, que el primer paso para superar esas secuelas es que el país conozca en toda su magnitud las dimensiones del horror vivido entre 1980 y 2000”.

EL INFORME FINAL DE LA C.V.R. Y LA CONDENA AL REO ALBERTO FUJIMORI

Cuando el 07 de Abril de 2009 la Sala Penal Especial integrada por los Vocales Supremos César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo sentenció a VEINTICINCO AÑOS de prisión al condenado Alberto Fujimori como Autor Mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación –C.V.R.- logró su más importante triunfo y sentó jurisprudencia nacional e internacional sobre el hecho que con estos casos emblemáticos quedó demostrado que el Estado Peruano violó, en perjuicio de las víctimas, el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a garantías judiciales y el derecho a protección judicial, consagrados en los artículos 7, 5, 4, 8 y 25, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, materias sobre las cuales la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación encaró su histórico trabajo.

¿ Es el Perú, un corazón clavado a martillazos?

Antenor Maraví Izarra

Que difícil es mirar el Perú con optimismo, cuando las denuncias son desoídas, cuando los gobernantes prefieren entregar nuestros recursos naturales a la voracidad de las transnacionales, antes que satisfacer las demandas internas del pueblo, como es el caso del gas de Camisea, que hoy nos salen con el cuento de que su abastecimiento ha sido suscrito, sólo para honrar compromisos con el exterior. ¿Y la soberanía y nuestros inalienables derechos a defender la intangibilidad de nuestros recursos naturales, en que escondrijo de este neoliberalismo voraz, lo han sepultado?
Cuesta mirar con optimismo y confiar en nuestros gobernantes, cuando en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios en nuestra selva, y grandes extensiones de terrenos en las comunidades andinas, que amparados en ese absurdo sainete del “perro del hortelano” vienen rematando a diestra y siniestra, incluidos el alma y las milenarias costumbres de nuestros pueblos.
Es difícil e incomprensible que este gobierno, no contento con la absurda muerte de policías y nativos en Bagua, hoy revienten cohetecillos en el Congreso exigiendo la aprobación de un proyecto de ley que permita usar armas a discreción contra cualquier civil en supuestos actos de intencionalidad hostil contra el gobierno. Esta porfía, ¿es acaso una clara muestra de que este gobierno tiene realmente una vocación necrofílica?.
Al inicio del cuarto año de su mandato, el presidente García en su discurso de Fiestas Patrias, señaló a viva voz que las reformas de salud, la administración pública, la seguridad, la Justicia, la reducción de la pobreza y la descentralización estaban en marcha, pero en ese espejismo verbal, no dijo una sola palabra sobre el holocausto de Putis, tampoco señaló las razones del incumplimiento de las reparaciones individuales y colectivas de quienes fueron victimas de esa demencial violencia vivida en el país en los años 80 y 90.
A seis años de presentado el histórico Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), no debemos olvidar que todos tenemos la obligación de cerrar esas brechas de dolor, y construir un nuevo pacto social y político, que debe traducirse en reformas institucionales, la obligación de resarcir a las víctimas y sus familias, y la sanción a los responsables de violencia a los derechos humanos. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido este gobierno sistemáticamente se niega a cumplir estas recomendaciones. Es más, de manera velada y torpe, sus representantes al interior del país, ponen barreras y obstáculos fascistas como es el caso del gobernador de Ayacucho, Eduardo Morales, quien se negó a entregar el pabellón nacional programado para su izamiento en la Plaza de Armas de Huamanga, como parte del duelo en homenaje a las víctimas de Putis.
Para quiénes ignoran el caso de Putis, en esta comarca alto andina de Ayacucho, tal como describe Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, “el 13 de diciembre de 1984, más de cien pobladores de las comunidades de Viscatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi, Mashuacancha y otros anexos cercanos a Putis fueron asesinados por miembros del Ejército.
Esta matanza encierra, al mismo tiempo y como un símbolo oscuro, la violencia extrema y la exclusión extrema que hemos vivido por décadas. Los pobladores de Putis no solo fueron víctimas de las balas. Vivieron el círculo infernal de engaño y desprecio a la vida montado por agentes del Estado del que formalmente eran parte”.
Esta es la realidad cruda y dramática que los ojos ni la conciencia del Presidente Garcia, quieren ver ni saber. Esta realidad, es una de las partes dolientes de nuestro país, donde las siluetas de los martilleros danzan a rabiar y los truhanes cantan felices abrazados al cernidor de esa falsa democracia que nos quieren imponer.