OMAR MENESES
Un tema que marcará el derrotero político de la lucha de clases en nuestro país tiene en el INFORME FINAL de la Comisión de la Verdad y Reconciliación un instrumento para encontrar la génesis, el desarrollo y el devenir histórico de la confrontación social ocurrida durante las dos últimas décadas del siglo pasado en nuestro país.
Para entender éste proceso de laboriosa síntesis expresado en este INFORME FINAL es necesario mirar el panorama internacional; ahí encontraremos situaciones similares acontecidas en otras latitudes y que obligaron a determinados organismos internacionales a constituir comisiones que buscasen la explicación de la violencia política producida por el conflicto social, tal como ha ocurrido en nuestro país.
GENESIS DE LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION
Para entender éste proceso de laboriosa síntesis expresado en este INFORME FINAL es necesario mirar el panorama internacional; ahí encontraremos situaciones similares acontecidas en otras latitudes y que obligaron a determinados organismos internacionales a constituir comisiones que buscasen la explicación de la violencia política producida por el conflicto social, tal como ha ocurrido en nuestro país.
GENESIS DE LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION
La C.V.R. en el Perú surgió en el marco de un amplísimo desarrollo del Derecho Internacional Público y de la Conciencia Universal sobre el valor de los Derechos Humanos.
Durante los años 1994 y 1995 se crearon los Tribunales Penales Internacionales de las Naciones Unidad para la antigua Yugoeslavia y Ruanda donde la violencia política y el enfrentamiento armado arrasaban poblaciones enteras.
En 1998 se aprobó el ESTATUTO DE ROMA de la CORTE PENAL INTERNACIONAL como evidencia de la creciente voluntad de los países de poner en vigor mecanismos de jurisdicción universal para perseguir a los responsables de crímenes de lesa humanidad, independientemente del lugar donde los hubieran cometido.
Así, en medio de este auge por crear jurisprudencia es que se crean Comisiones de la Verdad en Chile, Argentina y Guatemala, por citar algunos ejemplos. Fue el ex Presidente Valentín Paniagua Corazao quien el Junio de 2001 crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación – C.V.R. – con la finalidad de esclarecer los hechos ocurridos durante los años 1980 y 2000.
Cuando en Enero de 1983 ocurrió la MATANZA DE UCHURACCAY donde los Comuneros Iquichanos de las Alturas de Huanta ajusticiaron a ocho (08) periodistas que estaban investigando una masacre previa, el Congreso de la República nombró una “Comisión Investigadora” que tuvo al escritor Mario Vargas Llosa como su principal integrante. Esta “Comisión Investigadora” formada por el Poder Ejecutivo tuvo un prolongado proceso judicial posterior a los hechos, pero no respondió a las expectativas de la ciudadanía por esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades y desentrañar la naturaleza del conflicto que se desarrollaba en los Andes Peruanos.
La Matanza de Treinta (30) presos acusados por delitos de terrorismo en el Penal de Lurigancho el 04 de Octubre de 1985 también corrió igual suerte por la disposición gubernamental de no entregar cadáveres ni esclarecer los sucesos.
Los días 18 y 19 de Junio de 1986 se produjo el Motín de tres (03) Establecimientos Penales de Lima y Callao con captura de rehenes y armas de fuego; el sangriento debelamiento, con las secuelas de ejecución extrajudicial de presos rendidos y desarmados, sin más argumentos que liquidarlos físicamente, es un episodio que todavía clama por establecer las responsabilidades que el caso amerita.
Justamente esos fueron los argumentos que sustentaron la necesidad y viabilidad de constituir la Comisión de la Verdad y Reconciliación – C.V.R.
Durante los años 1994 y 1995 se crearon los Tribunales Penales Internacionales de las Naciones Unidad para la antigua Yugoeslavia y Ruanda donde la violencia política y el enfrentamiento armado arrasaban poblaciones enteras.
En 1998 se aprobó el ESTATUTO DE ROMA de la CORTE PENAL INTERNACIONAL como evidencia de la creciente voluntad de los países de poner en vigor mecanismos de jurisdicción universal para perseguir a los responsables de crímenes de lesa humanidad, independientemente del lugar donde los hubieran cometido.
Así, en medio de este auge por crear jurisprudencia es que se crean Comisiones de la Verdad en Chile, Argentina y Guatemala, por citar algunos ejemplos. Fue el ex Presidente Valentín Paniagua Corazao quien el Junio de 2001 crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación – C.V.R. – con la finalidad de esclarecer los hechos ocurridos durante los años 1980 y 2000.
Cuando en Enero de 1983 ocurrió la MATANZA DE UCHURACCAY donde los Comuneros Iquichanos de las Alturas de Huanta ajusticiaron a ocho (08) periodistas que estaban investigando una masacre previa, el Congreso de la República nombró una “Comisión Investigadora” que tuvo al escritor Mario Vargas Llosa como su principal integrante. Esta “Comisión Investigadora” formada por el Poder Ejecutivo tuvo un prolongado proceso judicial posterior a los hechos, pero no respondió a las expectativas de la ciudadanía por esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades y desentrañar la naturaleza del conflicto que se desarrollaba en los Andes Peruanos.
La Matanza de Treinta (30) presos acusados por delitos de terrorismo en el Penal de Lurigancho el 04 de Octubre de 1985 también corrió igual suerte por la disposición gubernamental de no entregar cadáveres ni esclarecer los sucesos.
Los días 18 y 19 de Junio de 1986 se produjo el Motín de tres (03) Establecimientos Penales de Lima y Callao con captura de rehenes y armas de fuego; el sangriento debelamiento, con las secuelas de ejecución extrajudicial de presos rendidos y desarmados, sin más argumentos que liquidarlos físicamente, es un episodio que todavía clama por establecer las responsabilidades que el caso amerita.
Justamente esos fueron los argumentos que sustentaron la necesidad y viabilidad de constituir la Comisión de la Verdad y Reconciliación – C.V.R.
LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION
Por Decreto Supremo se nombra a los integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación – C.V.R.- siendo los siguientes:
Dr. Salomón Lerner Flores (Presidente),Dra. Beatriz Alva Hart,Dr. Rolando Ames Cobián,Monseñor José Antúnez de Mayolo,Tnte. Gral. FAP José Arias Grazziani,Dr. Enrique Bernales Ballesteros,Dr. Carlos Iván Degregori Caso,
Padre Gastón Garatea Yori,Pastor Humberto Lay Sun,Sra. Sofía Macher Batanero,Ing° Alberto ,Morote Sánchez,Ing° Carlos Tapia García,Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi (observador)
Dr. Salomón Lerner Flores (Presidente),Dra. Beatriz Alva Hart,Dr. Rolando Ames Cobián,Monseñor José Antúnez de Mayolo,Tnte. Gral. FAP José Arias Grazziani,Dr. Enrique Bernales Ballesteros,Dr. Carlos Iván Degregori Caso,
Padre Gastón Garatea Yori,Pastor Humberto Lay Sun,Sra. Sofía Macher Batanero,Ing° Alberto ,Morote Sánchez,Ing° Carlos Tapia García,Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi (observador)
EL INFORME FINAL DE LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION
La labor de investigación realizada empezó en Junio de 2001 y culminó el 28 de Agosto de 2003 con la entrega del Informe Final. Se contrató aproximadamente a setecientas (700) personas y el costo total utilizado fue de Trece Millones de Dólares Americanos ($ 13’000,000.00)
El Informe Final consta de nueve (09) tomos donde se detallan los hechos ocurridos durante este período (1980-2000)
Consta de tres partes principales: Primera Parte.- se relata el proceso, los hechos y las víctimas de la violencia política. Segunda Parte.- se relata los factores que permitieron que se desarrolle el conflicto social. Tercera Parte.- se señala las secuelas del conflicto social y se plantean las recomendaciones para que estos sucesos no se vuelvan a repetir.
El Informe Final consta de nueve (09) tomos donde se detallan los hechos ocurridos durante este período (1980-2000)
Consta de tres partes principales: Primera Parte.- se relata el proceso, los hechos y las víctimas de la violencia política. Segunda Parte.- se relata los factores que permitieron que se desarrolle el conflicto social. Tercera Parte.- se señala las secuelas del conflicto social y se plantean las recomendaciones para que estos sucesos no se vuelvan a repetir.
LAS CONCLUSIONES FINALES DE UN GRAN TRABAJO
La CONCLUSION FINAL N° 01 señala trágicamente lo siguiente: “La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”.
La CONCLUSION FINAL N° 13 señala que “Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Esta cuota tan alta de responsabilidad del PCP-SL es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR”.
La CONCLUSION FINAL N° 35 señala que “En balance, durante la década de 1980 el discurso y las acciones del MRTA contribuyeron a crear un clima en el cual el uso de la violencia pretendía aparecer como un recurso político legítimo, favoreciendo en última instancia la actividad y la expansión del PCP-SL. En la década de 1990, especialmente a partir de su frustrada toma del Congreso y de la toma de la residencia del embajador japonés en diciembre de 1996, el MRTA favoreció la legitimación de la política contrasubversiva autoritaria y militarizada del gobierno de Alberto Fujimori”.
La CONCLUSION FINAL N° 46 señala que: “La CVR concluye que la lucha contra la subversión reforzó en miembros de la policía prácticas autoritarias y represivas preexistentes. La tortura en interrogatorios y las detenciones indebidas, que habían sido frecuentes en el trato con la delincuencia común, adquirieron un carácter masivo durante la acción contrasubversiva. Además, la CVR ha constatado que las violaciones más graves de los derechos humanos por parte de agentes de la policía fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La CVR condena particularmente la práctica extendida de la violencia sexual contra la mujer”.
La CONCLUSION FINAL N° 55 señala que: “La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario”.
La CONCLUSION FINAL N° 156 señala que: “Para la CVR el desplazamiento masivo desde las zonas de violencia constituyó un doloroso proceso de desarraigo y empobrecimiento de cientos de miles de peruanos y peruanas; ello produjo una urbanización compulsiva, así como un retroceso histórico en el patrón de ocupación del territorio andino, lo que habrá de afectar por largo tiempo las posibilidades de un desarrollo humano sostenible. La población desplazada vio afectadas sus redes sociales, que debieron adaptarse con distintos grados de éxito y con gran sufrimiento a las nuevas circunstancias, lo cual constituyó un enorme reto para la provisión de servicios en las ciudades. Asimismo, los desplazados por el conflicto fueron en muchos casos estigmatizados y discriminados en escuelas, barrios y centros de trabajo. Al retornar, tuvieron que enfrentar a veces graves problemas de tierras y ausencia de apoyo suficiente para reorganizarse y sostener a sus familias”.
La CONCLUSION FINAL N° 162 señala que: “La CVR llega a la convicción de que las secuelas del conflicto armado interno pesan como una grave hipoteca sobre nuestro futuro y afectan decisivamente nuestra construcción como comunidad nacional de ciudadanos libres e iguales en un país democrático y plural, que avance por el camino del desarrollo y la equidad. Considera, asimismo, que el primer paso para superar esas secuelas es que el país conozca en toda su magnitud las dimensiones del horror vivido entre 1980 y 2000”.
La CONCLUSION FINAL N° 13 señala que “Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Esta cuota tan alta de responsabilidad del PCP-SL es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR”.
La CONCLUSION FINAL N° 35 señala que “En balance, durante la década de 1980 el discurso y las acciones del MRTA contribuyeron a crear un clima en el cual el uso de la violencia pretendía aparecer como un recurso político legítimo, favoreciendo en última instancia la actividad y la expansión del PCP-SL. En la década de 1990, especialmente a partir de su frustrada toma del Congreso y de la toma de la residencia del embajador japonés en diciembre de 1996, el MRTA favoreció la legitimación de la política contrasubversiva autoritaria y militarizada del gobierno de Alberto Fujimori”.
La CONCLUSION FINAL N° 46 señala que: “La CVR concluye que la lucha contra la subversión reforzó en miembros de la policía prácticas autoritarias y represivas preexistentes. La tortura en interrogatorios y las detenciones indebidas, que habían sido frecuentes en el trato con la delincuencia común, adquirieron un carácter masivo durante la acción contrasubversiva. Además, la CVR ha constatado que las violaciones más graves de los derechos humanos por parte de agentes de la policía fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La CVR condena particularmente la práctica extendida de la violencia sexual contra la mujer”.
La CONCLUSION FINAL N° 55 señala que: “La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario”.
La CONCLUSION FINAL N° 156 señala que: “Para la CVR el desplazamiento masivo desde las zonas de violencia constituyó un doloroso proceso de desarraigo y empobrecimiento de cientos de miles de peruanos y peruanas; ello produjo una urbanización compulsiva, así como un retroceso histórico en el patrón de ocupación del territorio andino, lo que habrá de afectar por largo tiempo las posibilidades de un desarrollo humano sostenible. La población desplazada vio afectadas sus redes sociales, que debieron adaptarse con distintos grados de éxito y con gran sufrimiento a las nuevas circunstancias, lo cual constituyó un enorme reto para la provisión de servicios en las ciudades. Asimismo, los desplazados por el conflicto fueron en muchos casos estigmatizados y discriminados en escuelas, barrios y centros de trabajo. Al retornar, tuvieron que enfrentar a veces graves problemas de tierras y ausencia de apoyo suficiente para reorganizarse y sostener a sus familias”.
La CONCLUSION FINAL N° 162 señala que: “La CVR llega a la convicción de que las secuelas del conflicto armado interno pesan como una grave hipoteca sobre nuestro futuro y afectan decisivamente nuestra construcción como comunidad nacional de ciudadanos libres e iguales en un país democrático y plural, que avance por el camino del desarrollo y la equidad. Considera, asimismo, que el primer paso para superar esas secuelas es que el país conozca en toda su magnitud las dimensiones del horror vivido entre 1980 y 2000”.
EL INFORME FINAL DE LA C.V.R. Y LA CONDENA AL REO ALBERTO FUJIMORI
Cuando el 07 de Abril de 2009 la Sala Penal Especial integrada por los Vocales Supremos César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo sentenció a VEINTICINCO AÑOS de prisión al condenado Alberto Fujimori como Autor Mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación –C.V.R.- logró su más importante triunfo y sentó jurisprudencia nacional e internacional sobre el hecho que con estos casos emblemáticos quedó demostrado que el Estado Peruano violó, en perjuicio de las víctimas, el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a garantías judiciales y el derecho a protección judicial, consagrados en los artículos 7, 5, 4, 8 y 25, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, materias sobre las cuales la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación encaró su histórico trabajo.
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