Antenor Maravi Izarra
En su reciente visita a Ica, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Nidia Vilchez Yucra, fiel a la tradición y los cantos de sirenas de sus antecesores, declaró muy oronda y suelta de huesos, que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, terminarán el 31 de diciembre del 2010, poco le faltó en sus ofrecimientos señalar que vendría en su alfombra y su varita mágica a la inauguración de las obras.
Lo cierto es que, a pesar de que han transcurrido casi dos años de aquel devastador terremoto que asoló la región Ica, la gran mayoría de damnificados, especialmente de las zonas rurales y urbano marginales siguen aferrados inútilmente al cumplimiento de las promesas gubernamentales que, todas las mañanas terminan en un amargo despertar entre los deprimentes linderos de cubículos de esteras, hules y cartones, donde hasta la fecha la mayoría de damnificados, ancianos, niños y adultos muchos de ellos en estado delicado de salud, con sus rostros de desesperación abrazados a indescriptibles peripecias, sobreviven como una denuncia doliente frente a la demagogia y el literal abandono del gobierno del presidente Alan García, que paradójicamente, con tanta aquiescencia y empacho neoliberalista se da el lujo de exonerar las tributaciones a las empresas transnacionales y sigue ofertando a diestra y siniestra los recursos naturales como es el caso de la amazonía; sin embargo los pobres del país, los olvidados y excluidos de siempre, siguen estirando las manos.
En esta realidad lo visible e insoslayable es la constatación no sólo de la crisis organizativa de los gobernantes en sus diferentes instancias, la desconfianza y la pérdida de credibilidad, debido a la ausencia de transparencia, sino que, no existen planes ni metas concertadas, cada quien mueve los naipes a su mejor antojo, no existe una ruta a seguir, y como parte de las improvisaciones se lanzan declaraciones vario pintas como el que da pie a estos comentarios, pero nadie hace nada por cortar las raíces de ese viejo y purulento rostro de la corrupción parapetada en la frondosa burocracia de las diferentes instancias administrativas.
No debemos olvidar que las garras de esta fétida realidad, empezó a funcionar a escasos minutos de producido el terremoto, en los que sin ningún ápice de solidaridad humana con los miles de damnificados de la provincia de Pisco, encabezados por Julio Espinoza, funcionario del Sistema Integral de Salud (SIS), urdieron la sobrevaloración en la adquisición de raciones de alimentos destinados para los damnificados. De un total de 14 millones nuevos soles que solicitaron a la caja fiscal, en menos de lo que canta un gallo se embolsicaron de dos millones y 228 mil nuevos soles, con el agravante de que las supuestas 219,000 raciones que fueron transportados en barco entre los días 18 de agosto y 11 de setiembre del 2007, no existen documentos ni evidencias que precisan tanto la cantidad, recepción y la consiguiente distribución.
Este hecho es una perla más de los tantos faenones como el caso de los petroaudios, donde la impunidad es un viejo cogollo sostenido por los propios gobernantes. Hay una notoria ausencia de voluntad moralizadora que no sólo produce náuseas sino bronca y cólera.
Detrás de esta marejada corrupta que no solo atenta contra los derechos de los damnificados, tal como hacen mención Ludwin Huber y Leonardo Navarrete, en la presentación del Informe del diagnóstico realizado por Proetica: “El Estado de Emergencia Ica 2007”, la corrupción como una acción negativa ha perjudicado a los damnificados en forma directa, destapados por diversos medios de comunicación, como cuando los directivos de BANMAT malversaron los créditos destinados a personas necesitadas para beneficiarse ellos mismos, o cuando los alcaldes distritales entregaron indebidamente los “Bonos 6000” a sus allegados y familiares, o cuando se priorizaron proyectos de reconstrucción bajo intereses particulares en flagrante contraposición de las obras más urgentes, entre otros tantos, que sería muy largo enumerarlos.
Por lo general un buen gobernante privilegia la ética y la transparencia para fortalecer la democracia, donde priman el diálogo y la concertación dentro del imperio de la ley. Sólo los tiranos o los corruptos aborrecen de la ética y la transparencia, y acuden a una serie de vericuetos para soslayarlos, y es que no les conviene, es un obstáculo para lograr sus oscuros objetivos. Un gobernante honesto hace cumplir la transparencia, informa sobre el uso de los recursos públicos y los donativos internacionales, respeta el derecho de acceso a la información, promueve la participación del pueblo y facilita la identificación de los funcionarios que cumplen tareas de responsabilidad.
Lo cierto es que, a pesar de que han transcurrido casi dos años de aquel devastador terremoto que asoló la región Ica, la gran mayoría de damnificados, especialmente de las zonas rurales y urbano marginales siguen aferrados inútilmente al cumplimiento de las promesas gubernamentales que, todas las mañanas terminan en un amargo despertar entre los deprimentes linderos de cubículos de esteras, hules y cartones, donde hasta la fecha la mayoría de damnificados, ancianos, niños y adultos muchos de ellos en estado delicado de salud, con sus rostros de desesperación abrazados a indescriptibles peripecias, sobreviven como una denuncia doliente frente a la demagogia y el literal abandono del gobierno del presidente Alan García, que paradójicamente, con tanta aquiescencia y empacho neoliberalista se da el lujo de exonerar las tributaciones a las empresas transnacionales y sigue ofertando a diestra y siniestra los recursos naturales como es el caso de la amazonía; sin embargo los pobres del país, los olvidados y excluidos de siempre, siguen estirando las manos.
En esta realidad lo visible e insoslayable es la constatación no sólo de la crisis organizativa de los gobernantes en sus diferentes instancias, la desconfianza y la pérdida de credibilidad, debido a la ausencia de transparencia, sino que, no existen planes ni metas concertadas, cada quien mueve los naipes a su mejor antojo, no existe una ruta a seguir, y como parte de las improvisaciones se lanzan declaraciones vario pintas como el que da pie a estos comentarios, pero nadie hace nada por cortar las raíces de ese viejo y purulento rostro de la corrupción parapetada en la frondosa burocracia de las diferentes instancias administrativas.
No debemos olvidar que las garras de esta fétida realidad, empezó a funcionar a escasos minutos de producido el terremoto, en los que sin ningún ápice de solidaridad humana con los miles de damnificados de la provincia de Pisco, encabezados por Julio Espinoza, funcionario del Sistema Integral de Salud (SIS), urdieron la sobrevaloración en la adquisición de raciones de alimentos destinados para los damnificados. De un total de 14 millones nuevos soles que solicitaron a la caja fiscal, en menos de lo que canta un gallo se embolsicaron de dos millones y 228 mil nuevos soles, con el agravante de que las supuestas 219,000 raciones que fueron transportados en barco entre los días 18 de agosto y 11 de setiembre del 2007, no existen documentos ni evidencias que precisan tanto la cantidad, recepción y la consiguiente distribución.
Este hecho es una perla más de los tantos faenones como el caso de los petroaudios, donde la impunidad es un viejo cogollo sostenido por los propios gobernantes. Hay una notoria ausencia de voluntad moralizadora que no sólo produce náuseas sino bronca y cólera.
Detrás de esta marejada corrupta que no solo atenta contra los derechos de los damnificados, tal como hacen mención Ludwin Huber y Leonardo Navarrete, en la presentación del Informe del diagnóstico realizado por Proetica: “El Estado de Emergencia Ica 2007”, la corrupción como una acción negativa ha perjudicado a los damnificados en forma directa, destapados por diversos medios de comunicación, como cuando los directivos de BANMAT malversaron los créditos destinados a personas necesitadas para beneficiarse ellos mismos, o cuando los alcaldes distritales entregaron indebidamente los “Bonos 6000” a sus allegados y familiares, o cuando se priorizaron proyectos de reconstrucción bajo intereses particulares en flagrante contraposición de las obras más urgentes, entre otros tantos, que sería muy largo enumerarlos.
Por lo general un buen gobernante privilegia la ética y la transparencia para fortalecer la democracia, donde priman el diálogo y la concertación dentro del imperio de la ley. Sólo los tiranos o los corruptos aborrecen de la ética y la transparencia, y acuden a una serie de vericuetos para soslayarlos, y es que no les conviene, es un obstáculo para lograr sus oscuros objetivos. Un gobernante honesto hace cumplir la transparencia, informa sobre el uso de los recursos públicos y los donativos internacionales, respeta el derecho de acceso a la información, promueve la participación del pueblo y facilita la identificación de los funcionarios que cumplen tareas de responsabilidad.
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