Los otros derechos humanos

Dejar sin empleo a un padre de familia y permitir que a diario mueran niños de hambre o frío, son también violaciones de derechos humanos.

Efraín Rúa

En América Latina la desigualdad es creciente debido a que los gobiernos y las instituciones financieras internacionales favorecieron el libre mercado y a las empresas, en vez de defender a los ciudadanos de las violaciones en sus derechos, indicó el informe anual de Amnistía Internacional. La organización también expresó su condena a las políticas ejecutadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que por promover la liberalización económica y la apertura de los mercados, “debilitaron las redes de seguridad social”, tan necesarias en momentos de crisis.

Como consecuencia de ello, 70 millones de personas viven con menos de un dólar al día, mientras que países como República Dominicana y Guatemala destinaban menos del 2% del PBI a la salud pública, el Perú no pasaba del 3%, a diferencia de Cuba que otorgaba el 6.9%. Otro indicador preocupante es que el modelo económico provocó una grave crisis alimentaria en la región, a la vez que propiciaba la ruina de los agricultores locales, afectados también por el cambio climático.

Otro tema que preocupa a la organización son los migrantes, pues la crisis económica está dando lugar a su despido -con el consiguiente descenso de las remesas- y a duras políticas migratorias en Europa o EEUU, que les exponen a la explotación y el abuso, además de potenciar el racismo y la xenofobia. En medio de este escenario, las tensiones sociales y disparidades económicas generaron las protestas de miles de personas en contra de un modelo excluyente. Entre ellos, destaca el Perú, un país con enormes desigualdades y con un gobierno entregado totalmente a los intereses del capital transnacional.

Así, el informe destaca que “el gobierno mostró una intolerancia cada vez mayor con las personas que criticaban sus políticas sociales, económicas y medio ambientales”, lo que lo llevó a declarar el estado de emergencia en las zonas convulsas.

En Chile, indica el informe, se incrementaron las manifestaciones de los pueblos indígenas por sus derechos y mejores condiciones de vida. “El constante crecimiento de las actividades madereras y de extracción de recursos y la lentitud en la resolución de reclamaciones sobre tierras seguían provocando tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas, en especial de la comunidad mapuche”. Paralelamente, señala, las protestas sociales "fueron objeto de creciente criminalización" y la policía hizo “uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes”.

En Colombia, los abusos de los derechos humanos siguieron siendo parte del conflicto armado interno, en el que grupos paramilitares y guerrilleros amenazaban y mataban a miembros de comunidades nativas, acusándolos de favorecer al enemigo. Amnistía afirmó que la población civil es la principal víctima del conflicto armado, pues 1,492 civiles murieron entre julio de 2007 y julio de 2008, y 182 personas fueron víctimas de desaparición forzada. Según AI, al menos 46 sindicalistas y 12 defensores de los derechos humanos perdieron la vida de forma violenta en violaciones atribuidas a paramilitares y fuerzas de segurida.

La organización recordó el “homicidio de decenas de jóvenes” en Soacha, cerca de Bogotá, ejecutado por militares en connivencia con grupos paramilitares o bandas delictivas. Los actos de violencia contra mujeres y niñas también continúan en aumento en la región. Nicaragua y Haití destacan en la región por ser dos países en donde más del 50% de las víctimas de abusos sexuales tenía 18 años o menos.

“El abuso sexual de niñas... se hallaba indisolublemente unido a la pobreza, la penuria y exclusión, que las ponían en peligro de convertirse en víctimas de explotación sexual como único medio de sobrevivir”. Ante el alto nivel de violencia sexual, AI dijo que era “preocupante que Nicaragua, Chile y El Salvador mantuvieran la prohibición del aborto en todos los casos, incluso cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o cuando su continuación pusiera en peligro la vida de la mujer o la niña”. En México, los graves abusos cometidos por las fuerzas de seguridad “incluían homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, torturas y detenciones arbitrarias”.

El informe destaca que a pesar que se desplegó 45 mil miembros de las fuerzas armadas en operaciones contra la delincuencia organizada, aumentó el nivel de violencia atribuido a las redes delictivas y más de seis mil personas perdieron la vida en incidentes violentos. El capítulo sobre Brasil llama la atención, pues señala que la gran masa de pobres del país de 190 millones de habitantes es la que más sufre los abusos: “Las comunidades más pobres siguieron excluidas de algunos servicios, padeciendo un alto grado de violencia a manos de bandas de delincuentes y sufriendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de la policía”. De acuerdo a Amnistía, la desigualdad en la distribución de la riqueza continuaba siendo una de las mayores en la región, a pesar del gobierno de izquierda. “La expansión agroindustrial y proyectos de desarrollo públicos y privados agudizaron la arraigada pobreza y discriminación sufrida desde hacía décadas por las comunidades rurales”, indicó. Como lo señaló la secretaria general de Amnistía, Irene Khan, el mundo y América Latina se enfrentan al grave peligro de que “la creciente pobreza y las desesperadas condiciones económicas y sociales puedan provocar inestabilidad política y violencia masiva”.