Desactivación del FORSUR es logro de los damnificados

Lima, 27/10/2008 (CNR) -- La desactivación del Fondo para la Reconstrucción del Sur (FORSUR) es un logro de los pueblos afectados por el terremoto del 15 de agosto del 2007, pues se constituyó en un organismo que jamás ayudó a la reconstrucción de Ica y que, por el contrario, fue utilizado para actos de corrupción.Así lo sostuvo Teódulo Hernández, presidente del Comité Provincial de Lucha de Pisco (Ica), quien en declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) propuso la conformación de un organismo regional autónomo, en donde participen los gobiernos regionales y locales, así como representantes de la sociedad civil.

Criticó que ninguno de estos puntos sean considerados por el Ejecutivo, el cual parece creer que con desactivar el FORSUR se solucionará la demora en las tareas de reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo del año pasado.En tal sentido, el dirigente iqueño instó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a entregar casas completas a los damnificados en vez de módulos provisionales.Por otro lado, Hernández adelantó que, debido a los últimos escándalos en relación a empresas petroleras, exigirá al gobierno abrir una investigación profunda a Pluspetrol, empresa que -según dijo- tendría la intención de abrir una planta de extracción en la Reserva Nacional de Paracas.

El 23 de octubre, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley para desactivar y liquidar el Fondo para la Reconstrucción del Sur (FORSUR), encargado de la rehabilitación de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007.La propuesta para desactivar el FORSUR, vía la derogatoria de la Ley 29078, que lo creó, fue sustentado por el presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, Elías Rodríguez (PAP), quien explicó que el dictamen dispone encargar a los gobiernos nacional, regionales y locales, a través de sus unidades ad hoc, la ejecución de los proyectos destinados a la rehabilitación, construcción y reconstrucción de la infraestructura básica en las localidades asoladas por el sismo del año pasado.Además, establece un plazo de 30 días para que los gobiernos regionales y locales establezcan la prioridad de los planes y proyectos necesarios para la reconstrucción de la zona siniestrada, en función a la disponibilidad de recursos.