El país observa consternado las terribles evidencias que surgen de la exhumación practicada en una fosa común situada en la comunidad campesina de Putis (provincia de Huanta, en Ayacucho), donde se han recuperado restos de más de 60 campesinos, de un total de 123 que habrían sido ejecutados por efectivos del Ejército en 1984, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y de acuerdo con la denuncia y los elementos probatorios que obran en la investigación seguida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho. Las evidencias de este crimen masivo hieren profundamente al país y exigen una investigación que identifique responsables.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos insta formalmente a las más altas autoridades, en particular al Ministerio de Defensa, a actuar con la debida diligencia para permitir que este caso sea investigado y que los responsables de delitos tan graves y masivos sean sancionados de acuerdo a ley.
En particular, es imprescindible que el Ministerio de Defensa colabore con la investigación en curso, poniendo a disposición toda información que le sea solicitada por los representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial. En este sentido, causa preocupación y afecta profundamente a nuestra institucionalidad democrática que los requerimientos de información de la Fiscalía en el caso Putis hayan sido contestados hasta el momento por el Ministerio de Defensa con una negativa cerrada, con el argumento inaceptable de que la documentación habría sido incinerada.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos invoca al Ministro de Defensa Ántero Flores Aráoz, al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Almirante José Aste Daffós y al Presidente de la República a hacer un deslinde claro y público con los efectivos militares que violaron la Constitución y la ley al incurrir en acciones atroces, como se evidencia con los hallazgos de hoy en Putis, con las exhumaciones de víctimas de las últimas semanas en el cuartel Los Cabitos, de Ayacucho, y en casos como los de Barrios Altos y La Cantuta.
Es urgente que el Estado Peruano, al más alto nivel, se comprometa con las víctimas de Putis, garantizando justicia, seguridad a los denunciantes y testigos, y reparación colectiva e individual a cada una de las familias y comunidades afectadas, sin olvidar la necesidad de solicitar perdón por tan graves actos en agravio de campesinos peruanos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos insta formalmente a las más altas autoridades, en particular al Ministerio de Defensa, a actuar con la debida diligencia para permitir que este caso sea investigado y que los responsables de delitos tan graves y masivos sean sancionados de acuerdo a ley.
En particular, es imprescindible que el Ministerio de Defensa colabore con la investigación en curso, poniendo a disposición toda información que le sea solicitada por los representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial. En este sentido, causa preocupación y afecta profundamente a nuestra institucionalidad democrática que los requerimientos de información de la Fiscalía en el caso Putis hayan sido contestados hasta el momento por el Ministerio de Defensa con una negativa cerrada, con el argumento inaceptable de que la documentación habría sido incinerada.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos invoca al Ministro de Defensa Ántero Flores Aráoz, al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Almirante José Aste Daffós y al Presidente de la República a hacer un deslinde claro y público con los efectivos militares que violaron la Constitución y la ley al incurrir en acciones atroces, como se evidencia con los hallazgos de hoy en Putis, con las exhumaciones de víctimas de las últimas semanas en el cuartel Los Cabitos, de Ayacucho, y en casos como los de Barrios Altos y La Cantuta.
Es urgente que el Estado Peruano, al más alto nivel, se comprometa con las víctimas de Putis, garantizando justicia, seguridad a los denunciantes y testigos, y reparación colectiva e individual a cada una de las familias y comunidades afectadas, sin olvidar la necesidad de solicitar perdón por tan graves actos en agravio de campesinos peruanos.
Lima 09 junio de 2008
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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