El Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lamenta la promulgación de la directiva aprobada por la Eurocámara el día de ayer, 18 de junio, que establece nuevos y drásticos procedimientos para forzar el retorno o la expulsión del territorio de la Unión Europea de más de 8 millones de inmigrantes indocumentados.
La norma aprobada permite la detención de inmigrantes indocumentados por simple orden administrativa, por periodos de 6 a 18 meses, sin intervención judicial, y una sanción de no retorno al territorio de la Unión Europea por 5 años. Mayor gravedad reviste la autorización de expulsar a menores de edad no acompañados, quienes podrían ser incluso enviados a países distintos del país de origen y entregados a tutores que no sean familiares directos con sólo la existencia de “servicios de recepción adecuados”.
Es de lamentar que con esta directiva se nieguen garantías judiciales básicas, con categoría de derechos humanos, a los inmigrantes indocumentados en el proceso de repatriación, así como la criminalización en la práctica de lo que constituye una infracción administrativa, como es el encontrarse en situación irregular en un país extranjero; y que no se aseguren las debidas garantías de retorno al país de origen en condiciones de seguridad y dignidad. Vulnera las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona y amenaza con el desarraigo a familias enteras ya establecidas.
La directiva pende como una amenaza inminente para millones de emigrantes en el territorio de la Unión Europea, entre los cuales hay numerosos ciudadanos peruanos, que sólo han cometido el delito de buscar trabajo y un porvenir, repitiendo hoy lo que millones de europeos hicieron durante varios siglos en América Latina. Se trata de personas que, si bien en situación administrativa irregular, aportan a los países de acogida su trabajo honrado y esforzado en condiciones con frecuencia difíciles, pagan impuestos y fortalecen la pirámide demográfica, afianzando el estado de bienestar y contribuyendo a mantener la competitividad del aparato productivo.
Ad portas de la IV Ronda de Negociaciones en el marco del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con la Comunidad Andina, instamos a las autoridades peruanas a gestionar antes sus pares de la Unión Europea la revocación de esta directiva en pro de las relaciones amistosas entre nuestros pueblos y el respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas y de toda la comunidad de migrantes en la Unión Europea, del mismo modo que invocamos hacer lo propio en defensa de nuestros compatriotas migrantes en los Estados Unidos y otros países.
La norma aprobada permite la detención de inmigrantes indocumentados por simple orden administrativa, por periodos de 6 a 18 meses, sin intervención judicial, y una sanción de no retorno al territorio de la Unión Europea por 5 años. Mayor gravedad reviste la autorización de expulsar a menores de edad no acompañados, quienes podrían ser incluso enviados a países distintos del país de origen y entregados a tutores que no sean familiares directos con sólo la existencia de “servicios de recepción adecuados”.
Es de lamentar que con esta directiva se nieguen garantías judiciales básicas, con categoría de derechos humanos, a los inmigrantes indocumentados en el proceso de repatriación, así como la criminalización en la práctica de lo que constituye una infracción administrativa, como es el encontrarse en situación irregular en un país extranjero; y que no se aseguren las debidas garantías de retorno al país de origen en condiciones de seguridad y dignidad. Vulnera las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona y amenaza con el desarraigo a familias enteras ya establecidas.
La directiva pende como una amenaza inminente para millones de emigrantes en el territorio de la Unión Europea, entre los cuales hay numerosos ciudadanos peruanos, que sólo han cometido el delito de buscar trabajo y un porvenir, repitiendo hoy lo que millones de europeos hicieron durante varios siglos en América Latina. Se trata de personas que, si bien en situación administrativa irregular, aportan a los países de acogida su trabajo honrado y esforzado en condiciones con frecuencia difíciles, pagan impuestos y fortalecen la pirámide demográfica, afianzando el estado de bienestar y contribuyendo a mantener la competitividad del aparato productivo.
Ad portas de la IV Ronda de Negociaciones en el marco del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con la Comunidad Andina, instamos a las autoridades peruanas a gestionar antes sus pares de la Unión Europea la revocación de esta directiva en pro de las relaciones amistosas entre nuestros pueblos y el respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas y de toda la comunidad de migrantes en la Unión Europea, del mismo modo que invocamos hacer lo propio en defensa de nuestros compatriotas migrantes en los Estados Unidos y otros países.
Lima, 20 de Junio del 2008
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