Carlos Angulo Rivas
La costumbre de los políticos peruanos es desviar la discusión de los problemas de fondo con la intención de confundir y distorsionar la realidad. A esta manera de enfoque se destina también el esfuerzo de los periodistas y los llamados analistas políticos haciendo eco de los razonamientos encubridores del gobierno. En esta dirección, al parecer única en el país, la presentación de cuatro ministros encabezados por el primer ministro Yehude Simon en el Congreso ha sido una burla a la nación, un acto formal de querer justificar la muerte de los catorce efectivos militares en la candente región del VRAE, situada entre las cuencas selváticas de los ríos Apurimac y Ene, el principal y más grande lugar de la producción de cocaína en el Perú. Ojo que no hablamos aquí de sólo las plantaciones para obtener la tradicional hoja coca ni de la producción de la Pasta Básica de Cocaína (PBC), ambos productos necesarios para la fabricación de la cocaína refinada, sino de la fabricación y exportación de enormes cantidades de ese producto.
Ninguno de los ministros nos dijo que el país se ha convertido en el segundo exportador de cocaína refinada en el mundo, después del narco-estado colombiano del presidente Álvaro Uribe. Ninguno de los ministros nos dijo que el país produce 260 toneladas de cocaína refinada cada año según el sociólogo Jaime Antezana (290 ton. según el New York Times) cuyo valor estimado en el mercado de consumo se aproxima a los veinte mil millones de dólares, cifra equivalente en valor a la totalidad de la exportación minera peruana anual, es decir casi el 50% del total de nuestras exportaciones tradicionales y no tradicionales. Sin haber sido tocada esta realidad concreta por los ministros, el debate en el Congreso, centrado en las idioteces acostumbradas, tenía que irse por las ramas.
Resucitar a Sendero Luminoso como un peligro inminente de subversión en el país fue a todas luces el modo de evitar preguntas fundamentales. Fue el modo de justificar la emboscada de los trece soldados bisoños a cargo de un capitán del ejército, quienes, con seguridad, murieron creyendo defender a la patria del comunismo internacional. Pero nada debe llamarnos la atención, así son siempre las presentaciones de los ministros en el Congreso, una formalidad de justificar crímenes y latrocinios; allí tenemos que pasados varios meses, el presidente de la república, descubierto con las manos en la masa en los pretendidos desfalcos multisectoriales, junto al empresario Fortunato Canáan y Jorge Del Castillo con la mitad de los ministros apristas involucrados, están libres de polvo y paja después de la pruebas de los Petro-audios y las investigaciones subsiguientes.
En este caso del VRAE, el síndrome de Sendero Luminoso viene siendo muy bien utilizado a fin de proteger a la industria de la cocaína, una multimillonaria exportación no tradicional que ojala fuera legal y no criminal e ilícita. Vizcatan, la llamada zona liberada de Sendero Luminoso, apenas tiene una población de cuarenta familias y el sobre dimensionamiento de los remanentes del llamado “ejército guerrillero popular” corresponde a los intereses del gobierno aprista de Alan García aliado al fujimorismo con el fin de proteger la tan rentable industria de la cocaína y militarizar el país. No de otra manera se explica la inexplicable libre producción de esta exportación no tradicional y la salida del producto por una diáspora de rutas celosamente vigiladas por sicarios y mercenarios armados hasta los dientes, pertenecientes a los carteles de la droga. Miles de millones de dólares ilegalmente obtenidos sólo pueden ser protegidos y defendidos a punta de terrorismo, muertes, emboscadas, bombas y balazos. Colombia y México son los ejemplos. Y así como existe el terrorismo de Estado, el terrorismo en este caso del VRAE no es sinónimo de Sendero Luminoso o el MRTA como intencionalmente lo presentan los ministros, los jefes de la Fuerza Armada y los diarios defensores acérrimos de la corrupción y la putrefacción del Estado, aquellos que vivan a Alberto Fujimori por la acumulación de sus delitos y a Alan García por los suyos propios y la continuación de esas políticas reñidas con la moral, la ética y la honestidad que deberían tener los gobernantes.
Los ministros en el Congreso han admitido el fracaso del plan VRAE donde en apenas dieciocho meses han sido eliminados 29 soldados, 6 policías, 2 marinos y 3 civiles, pero eludieron tocar el monto en dólares de las exportaciones de cocaína como el principal problema del conflicto armado. Y en lo que podríamos llamar la farsa más grande la historia los ministros se dedicaron a hablar del fracaso de la estrategia en términos de desarrollo alternativo, obras de infraestructura, escuelas y saneamiento, necesarias en todo el país y no solamente en el VRAE. Toda la versión ministerial de dio como si se tratara de un problema de desarrollo económico social y no de erradicación del narcoterrorismo y sobre todo de la desarticulación de la fabricación de cocaína y el tráfico ilícito de drogas. El encubrimiento de la realidad concreta, enfrentamiento del ejército con los sicarios de la droga, fue peor aún cuando la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, haciéndose la caída del palto solicitó apoyo al Congreso “para establecer un registro único de los insumos químicos a fin de detectar si estos son empleados por el narcotráfico.” La tomadura de pelo no puede ser mayor porque la policía sabe perfectamente y ella también que un solo insumo, por ejemplo, el kerosene pasa libremente en cantidades superiores a los tres mil galones diarios hacia una zona prácticamente despoblada, volumen imposible de ser utilizados como combustible casero o en la industria lícita inexistente en la región. Más bien habría de preguntarse ¿adónde se va tanto kerosene con el desfile diario de camiones tanques? ¿Y dónde se encuentra la policía que los deja circular y dónde los fiscales, DEVIDA, las autoridades, la SUNAT? Esa duda tan idiota “a fin de detectar si los insumos químicos en el VRAE van hacia el narcotráfico” sería causal suficiente de censura a la cándida ministra del Interior, sobre todo porque la fabricación de la cocaína, hasta llegar el Perú a ser el segundo productor en el mundo, es una cuestión de enérgicas pesquisas policiales sin hacerse de la “vista gorda”.
__._,_.___
Ninguno de los ministros nos dijo que el país se ha convertido en el segundo exportador de cocaína refinada en el mundo, después del narco-estado colombiano del presidente Álvaro Uribe. Ninguno de los ministros nos dijo que el país produce 260 toneladas de cocaína refinada cada año según el sociólogo Jaime Antezana (290 ton. según el New York Times) cuyo valor estimado en el mercado de consumo se aproxima a los veinte mil millones de dólares, cifra equivalente en valor a la totalidad de la exportación minera peruana anual, es decir casi el 50% del total de nuestras exportaciones tradicionales y no tradicionales. Sin haber sido tocada esta realidad concreta por los ministros, el debate en el Congreso, centrado en las idioteces acostumbradas, tenía que irse por las ramas.
Resucitar a Sendero Luminoso como un peligro inminente de subversión en el país fue a todas luces el modo de evitar preguntas fundamentales. Fue el modo de justificar la emboscada de los trece soldados bisoños a cargo de un capitán del ejército, quienes, con seguridad, murieron creyendo defender a la patria del comunismo internacional. Pero nada debe llamarnos la atención, así son siempre las presentaciones de los ministros en el Congreso, una formalidad de justificar crímenes y latrocinios; allí tenemos que pasados varios meses, el presidente de la república, descubierto con las manos en la masa en los pretendidos desfalcos multisectoriales, junto al empresario Fortunato Canáan y Jorge Del Castillo con la mitad de los ministros apristas involucrados, están libres de polvo y paja después de la pruebas de los Petro-audios y las investigaciones subsiguientes.
En este caso del VRAE, el síndrome de Sendero Luminoso viene siendo muy bien utilizado a fin de proteger a la industria de la cocaína, una multimillonaria exportación no tradicional que ojala fuera legal y no criminal e ilícita. Vizcatan, la llamada zona liberada de Sendero Luminoso, apenas tiene una población de cuarenta familias y el sobre dimensionamiento de los remanentes del llamado “ejército guerrillero popular” corresponde a los intereses del gobierno aprista de Alan García aliado al fujimorismo con el fin de proteger la tan rentable industria de la cocaína y militarizar el país. No de otra manera se explica la inexplicable libre producción de esta exportación no tradicional y la salida del producto por una diáspora de rutas celosamente vigiladas por sicarios y mercenarios armados hasta los dientes, pertenecientes a los carteles de la droga. Miles de millones de dólares ilegalmente obtenidos sólo pueden ser protegidos y defendidos a punta de terrorismo, muertes, emboscadas, bombas y balazos. Colombia y México son los ejemplos. Y así como existe el terrorismo de Estado, el terrorismo en este caso del VRAE no es sinónimo de Sendero Luminoso o el MRTA como intencionalmente lo presentan los ministros, los jefes de la Fuerza Armada y los diarios defensores acérrimos de la corrupción y la putrefacción del Estado, aquellos que vivan a Alberto Fujimori por la acumulación de sus delitos y a Alan García por los suyos propios y la continuación de esas políticas reñidas con la moral, la ética y la honestidad que deberían tener los gobernantes.
Los ministros en el Congreso han admitido el fracaso del plan VRAE donde en apenas dieciocho meses han sido eliminados 29 soldados, 6 policías, 2 marinos y 3 civiles, pero eludieron tocar el monto en dólares de las exportaciones de cocaína como el principal problema del conflicto armado. Y en lo que podríamos llamar la farsa más grande la historia los ministros se dedicaron a hablar del fracaso de la estrategia en términos de desarrollo alternativo, obras de infraestructura, escuelas y saneamiento, necesarias en todo el país y no solamente en el VRAE. Toda la versión ministerial de dio como si se tratara de un problema de desarrollo económico social y no de erradicación del narcoterrorismo y sobre todo de la desarticulación de la fabricación de cocaína y el tráfico ilícito de drogas. El encubrimiento de la realidad concreta, enfrentamiento del ejército con los sicarios de la droga, fue peor aún cuando la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, haciéndose la caída del palto solicitó apoyo al Congreso “para establecer un registro único de los insumos químicos a fin de detectar si estos son empleados por el narcotráfico.” La tomadura de pelo no puede ser mayor porque la policía sabe perfectamente y ella también que un solo insumo, por ejemplo, el kerosene pasa libremente en cantidades superiores a los tres mil galones diarios hacia una zona prácticamente despoblada, volumen imposible de ser utilizados como combustible casero o en la industria lícita inexistente en la región. Más bien habría de preguntarse ¿adónde se va tanto kerosene con el desfile diario de camiones tanques? ¿Y dónde se encuentra la policía que los deja circular y dónde los fiscales, DEVIDA, las autoridades, la SUNAT? Esa duda tan idiota “a fin de detectar si los insumos químicos en el VRAE van hacia el narcotráfico” sería causal suficiente de censura a la cándida ministra del Interior, sobre todo porque la fabricación de la cocaína, hasta llegar el Perú a ser el segundo productor en el mundo, es una cuestión de enérgicas pesquisas policiales sin hacerse de la “vista gorda”.
__._,_.___
No hay comentarios:
Publicar un comentario