Antenor Maraví Izarra
Que difícil es mirar el Perú con optimismo, cuando las denuncias son desoídas, cuando los gobernantes prefieren entregar nuestros recursos naturales a la voracidad de las transnacionales, antes que satisfacer las demandas internas del pueblo, como es el caso del gas de Camisea, que hoy nos salen con el cuento de que su abastecimiento ha sido suscrito, sólo para honrar compromisos con el exterior. ¿Y la soberanía y nuestros inalienables derechos a defender la intangibilidad de nuestros recursos naturales, en que escondrijo de este neoliberalismo voraz, lo han sepultado?
Cuesta mirar con optimismo y confiar en nuestros gobernantes, cuando en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios en nuestra selva, y grandes extensiones de terrenos en las comunidades andinas, que amparados en ese absurdo sainete del “perro del hortelano” vienen rematando a diestra y siniestra, incluidos el alma y las milenarias costumbres de nuestros pueblos.
Es difícil e incomprensible que este gobierno, no contento con la absurda muerte de policías y nativos en Bagua, hoy revienten cohetecillos en el Congreso exigiendo la aprobación de un proyecto de ley que permita usar armas a discreción contra cualquier civil en supuestos actos de intencionalidad hostil contra el gobierno. Esta porfía, ¿es acaso una clara muestra de que este gobierno tiene realmente una vocación necrofílica?.
Al inicio del cuarto año de su mandato, el presidente García en su discurso de Fiestas Patrias, señaló a viva voz que las reformas de salud, la administración pública, la seguridad, la Justicia, la reducción de la pobreza y la descentralización estaban en marcha, pero en ese espejismo verbal, no dijo una sola palabra sobre el holocausto de Putis, tampoco señaló las razones del incumplimiento de las reparaciones individuales y colectivas de quienes fueron victimas de esa demencial violencia vivida en el país en los años 80 y 90.
A seis años de presentado el histórico Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), no debemos olvidar que todos tenemos la obligación de cerrar esas brechas de dolor, y construir un nuevo pacto social y político, que debe traducirse en reformas institucionales, la obligación de resarcir a las víctimas y sus familias, y la sanción a los responsables de violencia a los derechos humanos. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido este gobierno sistemáticamente se niega a cumplir estas recomendaciones. Es más, de manera velada y torpe, sus representantes al interior del país, ponen barreras y obstáculos fascistas como es el caso del gobernador de Ayacucho, Eduardo Morales, quien se negó a entregar el pabellón nacional programado para su izamiento en la Plaza de Armas de Huamanga, como parte del duelo en homenaje a las víctimas de Putis.
Para quiénes ignoran el caso de Putis, en esta comarca alto andina de Ayacucho, tal como describe Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, “el 13 de diciembre de 1984, más de cien pobladores de las comunidades de Viscatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi, Mashuacancha y otros anexos cercanos a Putis fueron asesinados por miembros del Ejército.
Esta matanza encierra, al mismo tiempo y como un símbolo oscuro, la violencia extrema y la exclusión extrema que hemos vivido por décadas. Los pobladores de Putis no solo fueron víctimas de las balas. Vivieron el círculo infernal de engaño y desprecio a la vida montado por agentes del Estado del que formalmente eran parte”.
Esta es la realidad cruda y dramática que los ojos ni la conciencia del Presidente Garcia, quieren ver ni saber. Esta realidad, es una de las partes dolientes de nuestro país, donde las siluetas de los martilleros danzan a rabiar y los truhanes cantan felices abrazados al cernidor de esa falsa democracia que nos quieren imponer.
Cuesta mirar con optimismo y confiar en nuestros gobernantes, cuando en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios en nuestra selva, y grandes extensiones de terrenos en las comunidades andinas, que amparados en ese absurdo sainete del “perro del hortelano” vienen rematando a diestra y siniestra, incluidos el alma y las milenarias costumbres de nuestros pueblos.
Es difícil e incomprensible que este gobierno, no contento con la absurda muerte de policías y nativos en Bagua, hoy revienten cohetecillos en el Congreso exigiendo la aprobación de un proyecto de ley que permita usar armas a discreción contra cualquier civil en supuestos actos de intencionalidad hostil contra el gobierno. Esta porfía, ¿es acaso una clara muestra de que este gobierno tiene realmente una vocación necrofílica?.
Al inicio del cuarto año de su mandato, el presidente García en su discurso de Fiestas Patrias, señaló a viva voz que las reformas de salud, la administración pública, la seguridad, la Justicia, la reducción de la pobreza y la descentralización estaban en marcha, pero en ese espejismo verbal, no dijo una sola palabra sobre el holocausto de Putis, tampoco señaló las razones del incumplimiento de las reparaciones individuales y colectivas de quienes fueron victimas de esa demencial violencia vivida en el país en los años 80 y 90.
A seis años de presentado el histórico Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), no debemos olvidar que todos tenemos la obligación de cerrar esas brechas de dolor, y construir un nuevo pacto social y político, que debe traducirse en reformas institucionales, la obligación de resarcir a las víctimas y sus familias, y la sanción a los responsables de violencia a los derechos humanos. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido este gobierno sistemáticamente se niega a cumplir estas recomendaciones. Es más, de manera velada y torpe, sus representantes al interior del país, ponen barreras y obstáculos fascistas como es el caso del gobernador de Ayacucho, Eduardo Morales, quien se negó a entregar el pabellón nacional programado para su izamiento en la Plaza de Armas de Huamanga, como parte del duelo en homenaje a las víctimas de Putis.
Para quiénes ignoran el caso de Putis, en esta comarca alto andina de Ayacucho, tal como describe Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, “el 13 de diciembre de 1984, más de cien pobladores de las comunidades de Viscatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi, Mashuacancha y otros anexos cercanos a Putis fueron asesinados por miembros del Ejército.
Esta matanza encierra, al mismo tiempo y como un símbolo oscuro, la violencia extrema y la exclusión extrema que hemos vivido por décadas. Los pobladores de Putis no solo fueron víctimas de las balas. Vivieron el círculo infernal de engaño y desprecio a la vida montado por agentes del Estado del que formalmente eran parte”.
Esta es la realidad cruda y dramática que los ojos ni la conciencia del Presidente Garcia, quieren ver ni saber. Esta realidad, es una de las partes dolientes de nuestro país, donde las siluetas de los martilleros danzan a rabiar y los truhanes cantan felices abrazados al cernidor de esa falsa democracia que nos quieren imponer.
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