Por: Antenor Maraví Izarra (*)
Para
quiénes tenemos ligazón y amamos al pueblo ayacuchano, cuesta creer y
duele en el alma, enterarnos sobre los graves y censurables hechos que
están ocurriendo en la gestión gubernativa de sus actuales principales
autoridades, por citar entre otras perlas, tal el caso del Presidente
Regional Wilfredo Oscorima Núñez, quien habría malversado 20 millones de
soles consignado en el presupuesto específicamente para la construcción
de un Hospital, disponiéndose en su reemplazo la adquisición de
maquinarias para la atención de supuestas emergencias, en detrimento de
la atención prioritaria y defensa de la salud de la
población, en su mayoría en ostensible situación de pobreza,
encontrándose a la fecha parte de la infraestructura demolida y
abandonada, con el consiguiente hacinamiento de algunas áreas que siguen
funcionando gracias al esfuerzo de los médicos y enfermeras que cumplen
una abnegada labor casi al ras de la intemperie confrontando
innumerables dificultades.
El
otro caso, es el presunto delito de peculado de uso de un tractor con
oruga de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huamanga para uso
en el aplanamiento y habilitación del terreno de propiedad del Alcalde
Pánfilo Amilcar Huancahuari Tueros, ubicado en Rumichaca, por cuya
razón, según da cuenta el Diario La Calle de Ayacucho, la Fiscalía
jurisdiccional de Anticorrupción, solicitó su detención preventiva con
fecha 25 de Setiembre del presente año; empero, gracias a
trámites leguleyescos, habría sido trasladado y admitido en el Primer
Juzgado Penal de Ica, vía habeas corpus, supuestamente al amparo de la
Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ, cuyos alcances básicamente han
sido motivados y establecidos para los casos de Espinar y Cajamarca,
por razones de seguridad por encontrarse en conflicto. De modo tal, la
admisión del referido habeas corpus en Ica, no resiste el test de
razonabilidad, ni analogía alguna para que se haya dado por consentido,
tanto más porque los juzgados de Huamanga vienen cumpliendo sus
funciones con toda normalidad, con pleno respeto a la jurisdicción de
las cortes superiores de cada Región, amparados por la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
Frente
a estos hechos, que a todas luces son censurables, la pregunta monda y
lironda es: ¿Qué está sucediendo en Ayacucho?, un pueblo mártir, lleno
de episodios de dolor, de silencios y engaños. Tras los 20 años de
dolorosa violencia que asoló sus entrañas más recónditas, Ayacucho
debiera convertirse en un pueblo emblemático donde la justicia y el buen
gobierno de sus autoridades debe ser un modelo a seguir; pero que
decepción, sus autoridades de turno no han sabido honrarla ni
dignificarla, en cuyas latitudes la asfixiante ausencia de la moral y
ética administrativa, imperan por doquier.
Como
diría el poeta Sebastián Salazar Bondy, tan aleve e impunemente, lo han
convertido en una especie de banquete de ubres, donde todos los días,
los truhanes de siempre siguen saqueando sus más caros sueños y
esperanzas.
Cerrar
el paso a la corrupción y la impunidad es imprescindible, pero no basta
denunciarla. Es necesario fortalecer y exigir a las instituciones
tutelares y los organismos encargados de ejercer el control y la
aplicación de sanciones ejemplarizadoras con mecanismos eficaces de
fiscalización que permitan detectar a tiempo e impedir su desarrollo
pernicioso. No hay peligro más grave para la democracia que la
impunidad, que devora el capital político, social y moral de un país,
que abre las puertas para la presencia devastadora de esa delincuencia
de cuello y corbata. Es tiempo de exigir cuentas a quienes tienen la
responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar esta peste social
denominada CORRUPCION.
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