Antenor Maraví Izarra
Quiénes vimos en el Programa Cuarto Poder, el inesperado anuncio de unos audios que revelaban las corruptelas de algunos funcionarios de confianza y viejos amigotes del actual gobierno aprista, de pronto casi estupefactos sentimos que habían regresado los tiempos de la dictadura fujimorista, donde casi todos los días pasaban los nauseabundos “vladivideos” que desentrañaban los saqueos a las arcas fiscales; pero no, esta vez se trataba de personajes vinculados al gobierno aprista, uno de ellos miembro del directorio de Perúpetro y el otro el compañero entrañable del primer gobierno alanista, recordado por sus uñas largas y el cinismo avieso que siempre los ha caracterizado. Esta especie de pandemia social, lamentablemente es parte de nuestra realidad nacional, que convive con la complicidad de nuestro resignado y complaciente silencio nacional.
No en vano, peruanos ilustres de la talla de Manuel Gonzáles Prada, Jorge Basadre y Raúl Porras Barrenechea, entre otros, cada uno advirtió a su manera y en su momento, sobre los condenables casos de corrupción e inmoralidad de muchos gobernantes, autoridades y funcionarios de confianza política, que convirtieron el aparato administrativo del Estado en un andamiaje de sus fechorías partidarias y personales, siempre hubo deshonestidad, corrupción, malversación y peculado, cuya realidad no debemos olvidar
Las inoperancias y las perlas del FORSUR
Lo preocupante de esta realidad es que un considerable número de peruanos sufrimos de amnesia, rápidamente nos olvidamos de hechos condenables que ocurrieron en el país llegando a extremos de elegir mandatarios tapándonos la nariz, y lo censurable de esta realidad es que casi siempre hemos sido absorbidos por esa especie de marasmo cívico, sin exigir la sanción oportuna y ejemplar a las innumerables fechorías, cometidas a lo largo de nuestra historia nacional.
En Ica, en estos últimos años, muchos hallazgos denunciados por la Contraloría General, la Procuraduría y las propias auditorías internas de las instituciones públicas, de nada han servido, pues como por arte de magia han sido oleados y sacramentados los documentos y las evidencias sustentatorias de investigaciones exhaustivas en los que se detectaron variadas irregularidades en diversas instituciones públicas; pero alevemente fueron limpiados, impidiendo su acción moralizadora.
En estos hechos ha habido una especie de patente de corzo y una convivencia que linda con la indefensión de los organismos encargados de prevenir, juzgar y sancionar las faltas en que incurren frecuentemente los funcionarios y trabajadores de la administración pública. Hay una mano negra que impide esta acción moralizadora que cada vez más crece en las garras de la impunidad.
En el caso específico del FORSUR, próximo a ser desactivado, hay tanto por aclarar, pues, amén de su ineficiente gestión, esta entidad palaciega ha sido manejada a control remoto en contubernio amical, dando como resultado un lamentable desconocimiento y carencia de orientación en el uso adecuado de las normas que se han expedido supuestamente para ayudar a salir de la situación de emergencia y abandono, en la que la gran mayoría de los damnificados se encuentran, con el agravante de que los funcionarios designados para este fin no informaron ni orientaron adecuadamente sobre los mecanismos administrativos ante las ventanillas burocráticas del Banco de Materiales, Cofopri, Indeci, los municipios, inclusive la ferreterías, donde los usura y los sobreprecios hicieron su agosto debido a la carencia de un control regulador.
No hay transparencia ni honestidad en las informaciones. Por ejemplo, pese a las reiteradas exigencias de rendición de cuentas de 1,124 millones de Nuevos Soles, anunciados recientemente por los voceros del oficialismo, asignados para atender la emergencia causada por el terremoto del 15 de Agosto del 2007. Empero, nadie sabe hasta ahora, en qué se han invertido estos fondos destinados supuestamente para la reconstrucción de las zonas devastadas, hay una desinformación que linda con la impunidad y la incuria de quiénes administran estos fondos, en tanto cientos de miles de damnificados siguen confrontando una situación dramática indescriptible, donde todo falta.
Esa es la realidad monda y lironda, donde la lenidad, la desinformación, y la falta de transparencia, campean por doquier.
El pueblo exige justicia y moralización
Luego del escandaloso caso de la adquisición de alimentos sobrevalorados del SIS para la atención de los damnificados del terremoto en Pisco, las denuncias continuaron sobre variadas irregularidades, entre otras, la adquisición de un lote de frazadas a una ferretería con cotizaciones sobrevaloradas, la contratación de maquinarias a la Empresa Inversiones y Edificaciones del Sur, con apenas dos meses de constitución, sin maquinarias disponibles y sin carta de garantía para la remoción de escombros. Igualmente la información del hallazgo de colchones, carpas y otros enseres enterrados en un terreno baldío, igual que los donativos internacionales de los que no se saben la cantidad y la distribución efectuada, por los que existen responsabilidades de las autoridades regionales y locales..
En esta larga lista se hablan de miles de bolsas de cemento, carpas, ropas, víveres y dinero de buena voluntad entregados a las autoridades que no llegaron a su destino, ¿el pacto social o la intención social para lo que fue creado forsur? , hoy es un paquidermo que agoniza sin pena ni eficacia, convertido en un humillante insulto a la dignidad de los cientos de miles de damnificados, que siguen estirando las manos en procura de ayuda, pero a estas alturas todo es inútil. Es el fiel reflejo de una sociedad indolente y corrupta que devora el capital político, social, cultural y moral de un pueblo que sigue abriendo las puertas a la influencia devastadora de la impunidad, madre de todos los males.
Cerrar el paso a la impunidad es y debe ser una de las tareas urgentes e importantes que debe realizarse en todo el ámbito regional, pues son innumerables los casos y hechos que requieren esta profilaxia social para garantizar y exigir en el futuro no sólo una buena administración pública, transparente y justa y fundamentalmente al real servicio de la sociedad.
Es necesario prevenir y fortalecer el cuerpo social para inmunizarla y dotarla de mecanismos eficaces de fiscalización que prometan detectarla a tiempo e impedir su desarrollo y proliferación nociva.
“No hay peligro más grave para la sociedad y la democracia que la corrupción, que devora el capital político, social, cultural y moral de un pueblo y abre las puertas a la influencia lesiva de la impunidad. Madre de todos los males”.
No en vano, peruanos ilustres de la talla de Manuel Gonzáles Prada, Jorge Basadre y Raúl Porras Barrenechea, entre otros, cada uno advirtió a su manera y en su momento, sobre los condenables casos de corrupción e inmoralidad de muchos gobernantes, autoridades y funcionarios de confianza política, que convirtieron el aparato administrativo del Estado en un andamiaje de sus fechorías partidarias y personales, siempre hubo deshonestidad, corrupción, malversación y peculado, cuya realidad no debemos olvidar
Las inoperancias y las perlas del FORSUR
Lo preocupante de esta realidad es que un considerable número de peruanos sufrimos de amnesia, rápidamente nos olvidamos de hechos condenables que ocurrieron en el país llegando a extremos de elegir mandatarios tapándonos la nariz, y lo censurable de esta realidad es que casi siempre hemos sido absorbidos por esa especie de marasmo cívico, sin exigir la sanción oportuna y ejemplar a las innumerables fechorías, cometidas a lo largo de nuestra historia nacional.
En Ica, en estos últimos años, muchos hallazgos denunciados por la Contraloría General, la Procuraduría y las propias auditorías internas de las instituciones públicas, de nada han servido, pues como por arte de magia han sido oleados y sacramentados los documentos y las evidencias sustentatorias de investigaciones exhaustivas en los que se detectaron variadas irregularidades en diversas instituciones públicas; pero alevemente fueron limpiados, impidiendo su acción moralizadora.
En estos hechos ha habido una especie de patente de corzo y una convivencia que linda con la indefensión de los organismos encargados de prevenir, juzgar y sancionar las faltas en que incurren frecuentemente los funcionarios y trabajadores de la administración pública. Hay una mano negra que impide esta acción moralizadora que cada vez más crece en las garras de la impunidad.
En el caso específico del FORSUR, próximo a ser desactivado, hay tanto por aclarar, pues, amén de su ineficiente gestión, esta entidad palaciega ha sido manejada a control remoto en contubernio amical, dando como resultado un lamentable desconocimiento y carencia de orientación en el uso adecuado de las normas que se han expedido supuestamente para ayudar a salir de la situación de emergencia y abandono, en la que la gran mayoría de los damnificados se encuentran, con el agravante de que los funcionarios designados para este fin no informaron ni orientaron adecuadamente sobre los mecanismos administrativos ante las ventanillas burocráticas del Banco de Materiales, Cofopri, Indeci, los municipios, inclusive la ferreterías, donde los usura y los sobreprecios hicieron su agosto debido a la carencia de un control regulador.
No hay transparencia ni honestidad en las informaciones. Por ejemplo, pese a las reiteradas exigencias de rendición de cuentas de 1,124 millones de Nuevos Soles, anunciados recientemente por los voceros del oficialismo, asignados para atender la emergencia causada por el terremoto del 15 de Agosto del 2007. Empero, nadie sabe hasta ahora, en qué se han invertido estos fondos destinados supuestamente para la reconstrucción de las zonas devastadas, hay una desinformación que linda con la impunidad y la incuria de quiénes administran estos fondos, en tanto cientos de miles de damnificados siguen confrontando una situación dramática indescriptible, donde todo falta.
Esa es la realidad monda y lironda, donde la lenidad, la desinformación, y la falta de transparencia, campean por doquier.
El pueblo exige justicia y moralización
Luego del escandaloso caso de la adquisición de alimentos sobrevalorados del SIS para la atención de los damnificados del terremoto en Pisco, las denuncias continuaron sobre variadas irregularidades, entre otras, la adquisición de un lote de frazadas a una ferretería con cotizaciones sobrevaloradas, la contratación de maquinarias a la Empresa Inversiones y Edificaciones del Sur, con apenas dos meses de constitución, sin maquinarias disponibles y sin carta de garantía para la remoción de escombros. Igualmente la información del hallazgo de colchones, carpas y otros enseres enterrados en un terreno baldío, igual que los donativos internacionales de los que no se saben la cantidad y la distribución efectuada, por los que existen responsabilidades de las autoridades regionales y locales..
En esta larga lista se hablan de miles de bolsas de cemento, carpas, ropas, víveres y dinero de buena voluntad entregados a las autoridades que no llegaron a su destino, ¿el pacto social o la intención social para lo que fue creado forsur? , hoy es un paquidermo que agoniza sin pena ni eficacia, convertido en un humillante insulto a la dignidad de los cientos de miles de damnificados, que siguen estirando las manos en procura de ayuda, pero a estas alturas todo es inútil. Es el fiel reflejo de una sociedad indolente y corrupta que devora el capital político, social, cultural y moral de un pueblo que sigue abriendo las puertas a la influencia devastadora de la impunidad, madre de todos los males.
Cerrar el paso a la impunidad es y debe ser una de las tareas urgentes e importantes que debe realizarse en todo el ámbito regional, pues son innumerables los casos y hechos que requieren esta profilaxia social para garantizar y exigir en el futuro no sólo una buena administración pública, transparente y justa y fundamentalmente al real servicio de la sociedad.
Es necesario prevenir y fortalecer el cuerpo social para inmunizarla y dotarla de mecanismos eficaces de fiscalización que prometan detectarla a tiempo e impedir su desarrollo y proliferación nociva.
“No hay peligro más grave para la sociedad y la democracia que la corrupción, que devora el capital político, social, cultural y moral de un pueblo y abre las puertas a la influencia lesiva de la impunidad. Madre de todos los males”.
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