El proyecto García-Simon pretende silenciar a las voces discordantes.
Raúl Wiener
Hasta hace unos días la definición de los conceptos de soberanía y no intervención se refería a relaciones entre Estados. Con el proyecto García-Simon se asume que los peruanos y sus organizaciones pueden ser acusados de violar esos principios si el Estado interpreta nuestros fines y actividades, por ejemplo, como parte de un complot de alguna potencia extranjera, del tipo Bolivia, Ecuador o Venezuela, que como se sabe se han propuesto dominar el mundo.
Faltaba que Aldo M dijera su palabra para que quedase confirmado qué clase de “excelente proyecto” ha enviado el gobierno al Congreso para defenderse de extremistas de ONG y otros entes que arrían campesinos con dinero chavista en las regiones.
Ahora ¿quién va a discutir que se trata de una iniciativa fachistona que nace del miedo a la protesta social que crece en las provincias, teniendo como uno de sus actores principales a las organizaciones campesinas? El gobierno que vende al país alegando que todavía queda por explotar el 90% del potencial minero y que habla de los bosques, el subsuelo, los mares y la infraestructura pública, como si fueran suyos y los estuviera rematando por próximo viaje, no puede explicarse las resistencias a la ocupación y los reclamos de la gente contra las explotaciones ya existentes, que no sea con el fantasma del chavismo. O sea que los campesinos no piensan, no saben lo que les conviene, y van a dejar de pitear si se cierra Conacami (como pide Rafael Rey), la ONG del padre Arana, las radios provincianas y, quién sabe, LA PRIMERA, diario al que también lo acusan de chavismo por no creer que Alan García es el mejor presidente de la historia peruana después de haber sido el peor hace veinte años.
El “excelente proyecto” es propio de un cerebro limitadísimo (hay que preocuparse por Simon que anda diciendo que ama las ONG y que si hay que corregir su proyecto, lo va a corregir), ya que ni siquiera ha sido capaz de homogenizar el tratamiento de los casos a los que se refiere: el Código Civil disuelve asociaciones vía Fiscalía, y la Ley de Sociedades a iniciativa del Ejecutivo ante la Corte Suprema; ni de retirar el anacrónico concepto de las “buenas costumbres” que sigue en la versión modificada. Pero lo esencial era meter “lo extranjero”, como sinónimo de “lo malo” (¿APEC?, ¿ALC-UE?, ¿TLC?) y pasar a juzgarnos a los peruanos, no por lo que hacemos en el país, con nuestras ideas y nuestros derechos, sino como supuestas correas de transmisión de nuestro propio eje del mal sudamericano.
No es que el proyecto surge de lo que han descubierto en las “Casas del ALBA”, como tontamente informa “Correo”, sino al revés: porque no han podido probar nada, saltan la garrocha y deciden que el delito está en la palabra ALBA, como el delito de Roque Gonzáles es el término bolivariano, lo que nos muestra por qué el mejor investigador de la Policía fue el general Hernani, actual ministro del Interior ¿Cómo será el resto?
Las ofensas de Aldo M contra Lévano ya son otro tema, que comprueba que ese tipo no sabe nada de la lucha por la democracia y las libertades en el Perú, de quiénes pasaron por las cárceles y las deportaciones y se enfrentaron a sangrientas dictaduras. Nada más.
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