Omar Rosel(*)
El pasado 31 de octubre se desarrolló el Foro “Estado y Sociedad Civil frente a las Reparaciones. Los retos y avances del Registro Único de Victimas (RUV)” en el auditórium de la municipalidad provincial de Huanta. Asistieron la congresista Elizabeth León; Marisela Quispe, Coordinadora del Módulo de Atención del RUV en Huanta; Araní Concha, representante de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del seguimiento a las reparaciones (CMAN), además de representantes de organizaciones de afectados de Huanta y cuatro representantes de agrupaciones políticas de esta provincia.
Sobre los avances en el RUV en Huanta, Marisela Quispe, indicó que desde el módulo de atención de esta provincia al mes de octubre se tienen 1475 inscritos en el RUV individual (964 víctimas y 511 familiares), cifra que para fin de año se tiene prevista incrementar a 9945 víctimas, de las cuales 2577 se ubican en los registros preexistentes. Con respecto al Libro 02, la meta al culminar el 2008, es registrar 310 comunidades o centros poblados, de los cuales 116 ya se encuentran inscritos. En cuanto a las dificultades para continuar con el trabajo del RUV, manifestó que los escasos recursos presupuestales con los que se dispone, han hecho que se reajusten las actividades, razón por la cual aún los registros son limitados. Esta misma posición fue expuesta por Paulino Huamán, representante de organizaciones de afectados por la violencia política de Huanta, hecho que además repercutiría en un lento avance del proceso de reparaciones individuales.
Araní Concha, representante de la CMAN, informó que como parte de las reparaciones colectivas, en el año 2007, se han viabilizado 134 proyectos en la misma cantidad de comunidades afectadas, de las cuales ya se concluyeron 80 y 47 fueron entregados a los sectores correspondientes. Por otro lado, precisó que el distrito de Huanta tiene 24 comunidades priorizadas en las reparaciones colectivas y para el 2008 tiene 5 proyectos.
Asimismo, informó que están tratando de coordinar con el alcalde de Ayahuanco para poder levantar la ficha que pueda acreditar a las comunidades de mayor nivel de afectación de esta zona, para ser integradas a las reparaciones colectivas del año 2009. Lo mismo se estaría haciendo con los distritos de Llochegua y Sivia.
Falta voluntad
La congresista Elizabeth León Minaya, reconoció el esfuerzo de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de las instancias creadas para el proceso de registro de víctimas, pero alertó que nos estamos quedando solos en este proceso, “porque los ayacuchanos somos los únicos que estamos viviendo este proceso, lo cual no está sucediendo en otros lugares del país”.
Por otro lado, preciso que en el Congreso de la República hay una alianza entre las bancadas del partido de gobierno con el fujimorismo y Unidad Nacional, que hacen mayoría y a quienes no les interesa mucho el tema de las reparaciones, por ello dijo que los movimientos y partidos políticos locales están en la necesidad de concientizar a sus dirigentes nacionales sobre estos temas para que haya una coherencia entre lo que se trabaja en las regiones con lo que se dice y aborda en los niveles de poder.
Ante este escenario, León Minaya propuso restituir los espacios de diálogo en la sociedad ayacuchana, porque existe la necesidad que una comisión de nuestra región viaje a Lima y se entreviste con diversas autoridades del Ejecutivo y del Congreso para hacerles entender que hay temas que se están percibiendo mal como el de las reparaciones y también el caso de Vizcatán, donde no se está diferenciando entre la población asentada en esta zona y los grupos que atentan contra la democracia, cuando se desarrollan los operativos militares.
Partidos políticos
Desde los partidos políticos, Doris Barbosa, del movimiento Fuerza 2011, manifestó que es necesario exigir las reparaciones al Estado y que éstas deberán beneficiar a todos los afectados por la violencia política. En la opinión de Alfredo Anaya, representante del Partido Aprista, las reparaciones a los afectados deben involucrar a todo el Estado que son el gobierno nacional, los gobiernos locales y regionales, asimismo precisó que en esta tarea no sólo bastan buenas intenciones sino propuestas viables. Por otro lado, indicó que para las reparaciones se requieren recursos inmensos, pero que también se debe entender que en cinco años de gobierno no se puede solucionar este problema.
Para el dirigente aprista, se deben dar ordenanzas a favor de las víctimas donde se exonere o se otorgue tratos diferentes en el tema tributario (por ejemplo, exoneración o reducción de autovaluo) y en el panorama nacional se debe emitir una ley donde las víctimas de la violencia tengan un descuento en los prestamos de vivienda, preferencia en el fomento para la microempresas, entre otros beneficios.
Simeón Zaga, representante de Hatun Tarpuy, dijo que la clase política debe asumir sus responsabilidades sobre los hechos de lesa humanidad cometidos en tiempos de violencia. Sobre las reparaciones expresó que desde los gobiernos locales se están buscando implementar políticas, pero que para ello se necesita de una verdadera descentralización política y financiera, para que se pueda atender de manera óptima a las comunidades en sus demandas.
Finalmente, los representes de movimientos y partidos políticos demandaron nuevamente la construcción e implementación de una universidad en la ciudad de Huanta como parte de las reparaciones colectivas en esta provincia por ser una zona de alta afectación a causa de la violencia política.
Sobre los avances en el RUV en Huanta, Marisela Quispe, indicó que desde el módulo de atención de esta provincia al mes de octubre se tienen 1475 inscritos en el RUV individual (964 víctimas y 511 familiares), cifra que para fin de año se tiene prevista incrementar a 9945 víctimas, de las cuales 2577 se ubican en los registros preexistentes. Con respecto al Libro 02, la meta al culminar el 2008, es registrar 310 comunidades o centros poblados, de los cuales 116 ya se encuentran inscritos. En cuanto a las dificultades para continuar con el trabajo del RUV, manifestó que los escasos recursos presupuestales con los que se dispone, han hecho que se reajusten las actividades, razón por la cual aún los registros son limitados. Esta misma posición fue expuesta por Paulino Huamán, representante de organizaciones de afectados por la violencia política de Huanta, hecho que además repercutiría en un lento avance del proceso de reparaciones individuales.
Araní Concha, representante de la CMAN, informó que como parte de las reparaciones colectivas, en el año 2007, se han viabilizado 134 proyectos en la misma cantidad de comunidades afectadas, de las cuales ya se concluyeron 80 y 47 fueron entregados a los sectores correspondientes. Por otro lado, precisó que el distrito de Huanta tiene 24 comunidades priorizadas en las reparaciones colectivas y para el 2008 tiene 5 proyectos.
Asimismo, informó que están tratando de coordinar con el alcalde de Ayahuanco para poder levantar la ficha que pueda acreditar a las comunidades de mayor nivel de afectación de esta zona, para ser integradas a las reparaciones colectivas del año 2009. Lo mismo se estaría haciendo con los distritos de Llochegua y Sivia.
Falta voluntad
La congresista Elizabeth León Minaya, reconoció el esfuerzo de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de las instancias creadas para el proceso de registro de víctimas, pero alertó que nos estamos quedando solos en este proceso, “porque los ayacuchanos somos los únicos que estamos viviendo este proceso, lo cual no está sucediendo en otros lugares del país”.
Por otro lado, preciso que en el Congreso de la República hay una alianza entre las bancadas del partido de gobierno con el fujimorismo y Unidad Nacional, que hacen mayoría y a quienes no les interesa mucho el tema de las reparaciones, por ello dijo que los movimientos y partidos políticos locales están en la necesidad de concientizar a sus dirigentes nacionales sobre estos temas para que haya una coherencia entre lo que se trabaja en las regiones con lo que se dice y aborda en los niveles de poder.
Ante este escenario, León Minaya propuso restituir los espacios de diálogo en la sociedad ayacuchana, porque existe la necesidad que una comisión de nuestra región viaje a Lima y se entreviste con diversas autoridades del Ejecutivo y del Congreso para hacerles entender que hay temas que se están percibiendo mal como el de las reparaciones y también el caso de Vizcatán, donde no se está diferenciando entre la población asentada en esta zona y los grupos que atentan contra la democracia, cuando se desarrollan los operativos militares.
Partidos políticos
Desde los partidos políticos, Doris Barbosa, del movimiento Fuerza 2011, manifestó que es necesario exigir las reparaciones al Estado y que éstas deberán beneficiar a todos los afectados por la violencia política. En la opinión de Alfredo Anaya, representante del Partido Aprista, las reparaciones a los afectados deben involucrar a todo el Estado que son el gobierno nacional, los gobiernos locales y regionales, asimismo precisó que en esta tarea no sólo bastan buenas intenciones sino propuestas viables. Por otro lado, indicó que para las reparaciones se requieren recursos inmensos, pero que también se debe entender que en cinco años de gobierno no se puede solucionar este problema.
Para el dirigente aprista, se deben dar ordenanzas a favor de las víctimas donde se exonere o se otorgue tratos diferentes en el tema tributario (por ejemplo, exoneración o reducción de autovaluo) y en el panorama nacional se debe emitir una ley donde las víctimas de la violencia tengan un descuento en los prestamos de vivienda, preferencia en el fomento para la microempresas, entre otros beneficios.
Simeón Zaga, representante de Hatun Tarpuy, dijo que la clase política debe asumir sus responsabilidades sobre los hechos de lesa humanidad cometidos en tiempos de violencia. Sobre las reparaciones expresó que desde los gobiernos locales se están buscando implementar políticas, pero que para ello se necesita de una verdadera descentralización política y financiera, para que se pueda atender de manera óptima a las comunidades en sus demandas.
Finalmente, los representes de movimientos y partidos políticos demandaron nuevamente la construcción e implementación de una universidad en la ciudad de Huanta como parte de las reparaciones colectivas en esta provincia por ser una zona de alta afectación a causa de la violencia política.
(*)Asociación SER – Oficina Regional Ayacucho
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